El concejal Paulino Rossi sostuvo que “era esperable” alguna acción judicial de parte de las concesionarias, luego de la aprobación de la ordenanza en Río Grande, que las obliga a publicar los precios locales y del continente. “No me sorprende porque, si hay algo que caracterizó el debate de esta ordenanza, fue la resistencia de algunos, no de todos”, dijo por FM La Isla.
“Hay concesionarios que se resisten a mostrar el diferencial impositivo. El que lo muestra es porque hace las cosas bien, y el que no lo quiere mostrar, es porque algo está mal”, advirtió, considerando que este solo hecho “ya es un indicador al momento de informar a la comunidad, para que tome las precauciones del caso con quien no expone el precio de venta y el valor del mismo vehículo en el continente, porque es probable que les quieran cobrar de más”.
“Los consumidores tenemos que empezar a comportarnos de una manera más activa”, instó, satisfecho por el interés que despertó en la comunidad riograndense el debate y sanción de esta norma.
Respecto de las críticas del abogado Eduardo De la Puente, que representa a una de las concesionarias más grandes de la zona norte, dijo que “ha sido un férreo defensor en las redes sociales de los intereses de quienes lo contratan y para eso le pagan, para defender los intereses de los concesionarios, por más que esto vaya en contra de los intereses de los consumidores”.
Valoró que “esta ordenanza ponía un punto final a la apropiación de los beneficios impositivos que tenemos por parte de los concesionarios y era esperable algún tipo de presentación”, pero aun cuando el Superior Tribunal pudiera fallar a favor de la pretensión del grupo de empresas, no estará dicha la última palabra.
“Lo positivo es que, sabiendo que iba a haber un cuestionamiento jurídico de este tipo, el viernes logramos casi lo imposible: que encontremos un punto de trabajo entre el gobierno provincial y el municipio”, observó Rossi, luego de la reunión con el secretario de Comercio Javier Calisaya, con quien se acordó “una agenda de trabajo”, que incluye específicamente este tema.
“Todos hemos concordado en que esto es beneficioso para la provincia y se va a trabajar en un proyecto de ley que le dé facultades a la Secretaría de Comercio”, adelantó.
“Por más que se trate de buscar cuestiones dilatorias del punto de vista jurídico, es muy positivo que el tema sea prioridad en la agenda y que el consumidor se haya involucrado y esté en alerta”, concluyó.
