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La referente de la Unión de Gremios, Elisa Dietrich, dijo que se pidió poder ingresar al recinto de sesiones de la Legislatura, aunque hasta ahora eso no ha sido posible. Dijo que esperan que el proyecto que presentaron a través del bloque del MPF obtenga los votos suficientes para ser ingresado y enviado a comisión.

"Hasta ahora se desarrolla todo con total normalidad -aseguró Dietrich en Radio Nacional-. Los legisladores están sesionando y estamos gestionando que reciban a un grupo de representantes de la Unión de Gremios, que nos permitan participar de la sesión. Se han hecho varias gestiones con los responsables del operativo pero todavía no nos ha permitido ingresar. Solamente han ingresado los legisladores, sus asesores y la prensa acreditada".

"Estamos sorprendidos del operativo que han llevado adelante en esta sesión. Somos trabajadores que hemos venido a manifestarnos pacíficamente. La legisladora Urquiza se comprometió a ingresar el proyecto acercado ayer y estamos a la espera de que se puedan lograr los votos suficientes para enviarlo a comisión y en ese marco debatir lo necesario para acorar un texto que nos permita encontrar un punto de equilibrio en todo este conflicto", dijo.

Aseguró que "mientras estemos sentados en comisión discutiendo lo vamos a hacer sin medidas de fuerza porque entendemos que se va a dar el marco que pedimos desde marzo, que es una comisión en la Legislatura donde se pueda debatir, acordar un nuevo texto con el compromiso que esto luego llegue a recinto".

"La mesa técnica no es el marco porque la única facultad que tiene el Ejecutivo es a través de una vía reglamentaria. Y una ley no se modifica con un reglamento sino con otra ley", concluyó.

Foto: Valeria Vargas


El titular del Concejo Deliberante, Alejandro Nogar, tuvo un cruce con Hugo González, responsable de la empresa de colectivos Montecristo, quien confirmó que dejarán de prestar el servicio en la ciudad el 31 de agosto porque “la plaza no es rentable”.

 En el programa televisivo local ‘RG Al Día’ emitido ayer, el presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Nogar tuvo un cruce telefónico con el responsable de la empresa Montecristo, actual prestadora del servicio de colectivos en la ciudad, que ya había anunciado que dejará de brindar este servicio el 31 de agosto. Motivo por el cual el Concejo Deliberante aprobó la Emergencia Administrativa y los pliegos de licitación para que el Municipio agilice el proceso de adjudicación y una nueva empresa se haga cargo de este servicio en la ciudad.
Durante el programa, la producción logró contactarse vía telefónica con Hugo González, responsable de la mencionada firma, con quien se mantuvo un diálogo por momentos tenso, ya que le manifestaron a González los reclamos diarios de los usuarios como así también la ‘irresponsabilidad’ de la empresa al anunciar su retiro y no querer hacer uso de la prórroga hasta que los pliegos de licitación estén listos.
González, dejó en claro que “la plaza no es rentable” y que no se presentará en la nueva licitación. “La empresa tiene tomada la decisión de abandonar la prestación del servicio en Río Grande” dijo.
En tanto, el concejal Nogar confió que “se espera poder contar con una empresa que realmente se comprometa con la labor que debe realizar y que sea responsable. Lamentablemente hemos tenido empresas que no han cumplido con lo que firman en el contrato y han prestado un servicio por demás deficiente para la población”.
El Presidente del Concejo Deliberante se esperanzó con que, “con esta nueva licitación, se pueda lograr firmar un contrato con alguna empresa que cumpla con los requisitos para terminar de una vez por todas con este problema que data de años”.

“En vez de hacerlo ellos, que nos transfieran el dinero a nosotros y terminamos la obra”, disparó hoy el intendente Gustavo Melella por Radio Fueguina, tras la sugerencia de la gobernadora Bertone en la conferencia de prensa brindada ayer, de una “rescisión voluntaria” del contrato entre PROALSA y el Municipio.

La planta potabilizadora sigue parada por la demora en el giro de fondos del fideicomiso y el Municipio aportó 35 millones de fondos propios para la reactivación, a la espera de la devolución de ese dinero. Con esta sugerencia de Bertone de un traspaso que podría agilizar gestiones, Melella barajó que “por ahí otro quiere ser el Batman o el Superman que viene a resolver el problema, porque los otros son todos inútiles, y no lo digo de la gobernadora”, aclaró.

Consideró que “la provincia tiene demasiados problemas para resolver. Ayer había colgado un cartelito en el ingreso de la guardia del hospital donde pedían Ibuprofeno. Falta terminar el pavimento de Chacra XIII, y está en el gobierno provincial, pero no sabemos qué pasa con los fondos o si quieren que lo terminemos nosotros”, citó como ejemplos de cuestiones grandes y menores que la gestión Bertone tiene pendientes.

La gobernadora había dado a conocer gestiones que realizaba ayer en Buenos Aires el secretario de Obras Públicas Mariano Pombo, para destrabar 110 millones del fideicomiso austral, y de ese total devolver los 35 millones a la ciudad de Río Grande. “Nosotros cuando tuvimos que hacer algo, lo hicimos, y no chicaneamos. Yo no salí a cuestionar a la provincia en todo este tiempo, todo lo contrario. Siempre trato de mantener la paz, el diálogo, no ando con chicanas y podría hacerlo, pero no soy de ese estilo. Si ellos quieren entablar una discusión en este tema y otras cuestiones, que lo hagan, pero nosotros no vamos a entrar en eso”, aseguró.

Se le preguntó si fue invitado ayer a la reunión con el presidente de YPF Miguel Gutiérrez, dado que por responsabilidad social empresaria hay varias obras en marcha en la ciudad de Río Grande, pero la respuesta fue negativa. “No me invitaron, para nada, pero no hay problema”, se resignó.

Y se mostró “más preocupado por la falta de datos de cuánto ingresa a la provincia. Puede ser que realmente no lo haya o no lo quieran comunicar”, deslizó, con una deuda de coparticipación que superaría los cien millones y dudas sobre lo que corresponde por ingresos provinciales.

Descartó de plano traspasar la obra de la planta potabilizadora, que “se va a hacer y la vamos a terminar como corresponde. Esperemos que esto no sea parte de una campaña política que se viene”, advirtió, y calificó como “una locura” si pretenden dilatar la entrega de obras con fines electoralistas.

Como Municipio, no especularán con estos tiempos electorales: “Nosotros estamos pronto a entregar viviendas, el 7 de julio inauguramos el centro de salud de Margen Sur y no vamos a esperar. Todo esto se va a hacer. Que los vecinos de Río Grande se queden tranquilos, porque la obra (de la planta) se va a terminar y nuestro deseo es terminarla cuanto antes. Y si quieren que les dé la obra, que me lo digan. Que llamen y me lo digan. Es sencillo”, desafió.

“Si están tan interesados en algo, podrían colaborar, agilizando, acelerando el pago, porque el gobierno provincial es parte del fideicomiso. O que nos paguen la coparticipación y terminamos la obra


La gobernadora Rosana Bertone deslizó la intención del gobierno de hacerse cargo de la obra de la planta potabilizadora de Río Grande, que lleva adelante el Municipio en contrato con la empresa PROALSA, y sugirió una “rescisión voluntaria” a fin de agilizar la gestión de fondos del fideicomiso.

Fue en la conferencia de prensa brindada en Río Grande luego de la reunión con el presidente de YPF, consultada sobre la situación del fideicomiso austral, ante la demora en la llegada de fondos. “Nos gustaría que los procesos fueran más cortos”, dijo, e informó que ayer hubo una reunión entre el secretario de Obras Públicas Mariano Pombo “con la contraparte que designó el ministro Rogelio Frigerio y esperamos recibir 110 millones de pesos del fideicomiso de acá a fin de mes”.

Insistió en que “la gestión es difícil. Siempre tuvimos complejidades para el depósito de los fondos y en esta instancia está más lento el proceso, por la cantidad de áreas que intervienen”.

Afirmó que estos inconvenientes fueron planteados “al ministro Frigerio, a Aranguren” y se enfocó en las demoras para reactivar la obras de la planta potabilizadora por parte de PROALSA, a quien el Municipio le pagó 35 millones con fondos propios, mientras espera que el fideicomiso remita lo que debe.

“Aún restan dos años para finalizar la planta, al ritmo que vamos, y sabemos que la ciudad se queda sin agua por la noche. Estamos poniendo lo mejor y tratando de interiorizar al Ejecutivo nacional de que estas son obras sumamente importantes”, sostuvo Bertone.

Aclaró que los 110 millones que esperan este mes “corresponden a muchas obras, de la planta hay 35 millones que es lo que había adelantado Melella. La gente de Nación recorrió las obras, porque una vez que presentamos los certificados ellos recorren las obras”, sostuvo.

En un párrafo para la polémica, sugirió el traspaso a la provincia de esta obra, porque sería más ágil la gestión “si el contrato lo tuviera la provincia con la empresa”.

Consideró que podría resolverse con “una rescisión voluntaria de la empresa, que tiene el contrato con la Municipalidad, porque lamentablemente no es con la provincia”.

“Ya que la provincia era la que llevaba el fideicomiso, yo hubiera licitado todas las obras desde la provincia y después hacer acuerdos con los municipios. En su momento fueron decisiones de Fabiana Ríos y era la provincia la que tenía esa potestad”, indicó, sobre decisiones que no pudo torcer en su momento y espera modificar ahora.



Designaciones, renuncias, enroques y reubicaciones en el Gabinete Provincial, luego de seis meses desde que asumió la gestión Bertone, se produjo el alejamiento de Facundo Salas de la Secretaría de Hacienda renuncia que fue aceptado por la Gobernadora. También para principios de este mes la mandataria dispuso la reubicación de funcionarios en los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca; Industria y la secretaría de Obras Públicas. Así como en el Ministerio de Educación se produjeron 27 designaciones.


Salas, se convierte en la primera baja en el equipo de colaboradores del ministro de Economía José Labroca, la renuncia en cuestión se hizo efectiva a partir del pasado lunes de junio. 

Durante esa misma jornada, la mandataria también aceptó la renuncia de Javier Berardi a la Subsecretaría de Implementación y Planificación Estratégica, dependiente de la Secretaría de Informática y Telecomunicaciones del Ministerio de Economía, y dispuso designar en ese puesto a María Marta Eugenia Ulfe Aguirre.


En tanto, el viernes 3 Bertone había dejado sin efecto la designación de Horacio Antonio Cao como Secretario de Gabinete y Gestión Pública del Ministerio Jefatura de Gabinete, y la de Erwin Lomberg como Secretario de Gestión de Recursos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, pero para nombrar a Cao en el cargo que ocupaba Lomberg, y a Lomberg en el que desempañaba Cao en una suerte de enroque. Recordemos que Cao fue denunciado esta semana como un miembro del Batallón 601 del Ejército, considerado el “órgano de inteligencia” durante el gobierno militar (ver)

Pero ese no fue el único enroque de colaboradores que realizó la mandataria, ya que también el 3 de junio resolvió que Eduardo Barrientos dejara la Subsecretaría de Pesca (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) para ocupar la Subsecretaría de Obras Públicas (Secretaría de Obrsa Públicas) y que Aníbal Cardozo se alejara de la Subsecretaría de Desarrollo Minero del Ministerio de Industria para reemplazar a Barrientos en la Subsecretaría de Pesca.

En tanto que en lugar de Cardozo nombró a Héctor Fábrega, que se venía desempeñando como Director Provincial de Información Pesquera.

Por otra parte dispuso que el Director Provincial de Servicios Generales pase a ocupar la Dirección Provincial Técnica de la Secretaría de Obras Públicas, y que Jorge Raúl Rejas lo reemplace en la Dirección como Director Provincial de Servicios Generales.

27 designaciones en el Ministerio de Educación: El Poder Ejecutivo dispuso las incorporaciones en el ámbito de la Dirección Provincial de Educación Inicial y Primaria de 27 personas, para reemplazar a aquellos que se han jubilado desde el mes de Diciembre.


Según precisó el titular de la cartera educativa, Diego Romero, los designados cumplirán funciones como POMyS y el ingreso se produjo con la categoría 10 del escalafón de Personal Obrero, Maestranza y Servicios.

Para poder disponer de estos ingresos, el Podre Ejecutivo las exceptuó de lo dispuesto en la ley de presupuesto 2016, que en su artículo 21 establece que “como consecuencia de la difícil situación de las finanzas públicas y con el objeto de asegurar que el Estado Provincial pueda brindar los servicios esenciales a su cargo, se suspende para el ejercicio 2016 todas las incorporaciones que tengan por objeto cubrir las vacantes existentes al 31 de diciembre de 2015 y las que se produzcan durante el ejercicio 2016 por cualquier causa, pertenecientes a las Plantas Permanentes con estabilidad del Poder Ejecutivo, como así también de los organismos descentralizados y autárquicos. El Poder Ejecutivo, podrá a través del Ministerio de Economía autorizar excepciones en casos en que resulte imprescindible cubrir vacantes para el mantenimiento de servicios esenciales para la población o el Estado Provincial”.

Cada uno de estos 27 designados cuenta, a partir del día siguiente de ser notificado de su nombramiento en la planta permanente, de 90 días para cumplir con la presentación de toda la documentación exigida por la Administración Pública.

Fuente Crónicas Fueguinas.


El encuentro fue encabezado por autoridades del ministerio de Gobierno con fuerzas federales, provinciales y el fiscal federal de Ushuaia. El secretario de Seguridad señaló que el objetivo es “aceitar” el funcionamiento entre instituciones.
En el salón Azul de la Casa de Gobierno, se llevó a cabo la reunión del Consejo Provincial de complementación para la Seguridad Interior, de la cual participaron en representación del gobierno de la provincia el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Gastón Diaz, y el Secretario de Seguridad, Ezequiel Murray.
Además del jefe de la Policía Provincial, el Comisario Nélson Moreyra; tomaron parte del encuentro fuerzas federales como la Gendarmeria Nacional, con el Jefe de la Agrupación XIX, Comandante Mayor Carlos Hanza; Por Prefectura el Prefecto Principal, Andrés Giraudi; por la Policía Federal, el Jefe de la Delegación Ushuaia, Comisario Carlos Cuesta; por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Jefe de la Unidad Operacional Ushuaia, el Subinspector Luis Lucentini, y finalmente tambén se contó con la presencia del Fiscal Federal Adrian Garcia Lois.
Murray señaló sobre el encuentro “el objetivo es aceitar el funcionamiento entre instituciones con esta herramienta que hemos decidido restablecer como es el Consejo, que busca darle un marco de institucionalidad a la política de seguridad ciudadana y de lucha contra el crimen”.
Consultado respecto de la situación del narcotráfico, aseguró, “si estuvo presente el fiscal federal de acá de Ushuaia, y la idea es lograr el trabajo conjunto, mancomunado, y que las fuerzas federales nos soliciten lo que necesiten, ya llevamos a cabo diversos trabajos conjuntos y la idea de este Consejo es formalizar todo con este marco de institucionalidad para seguir trabajando juntos”, indicó el secretario de Seguridad.


Se trata de Horacio Cao, actual secretario de Recursos Humanos y ex secretario de Gabinete y Evaluación de las Políticas Públicas, quien figura en un documento desclasificado de la última dictadura militar como ex personal civil del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, famoso por su actividades relacionadas con la represión ilegal en el país.
El nombre de Cao aparece en el listado oficial de 4300 miembros del considerado órgano de inteligencia del gobierno militar que fue revelado en 2010 durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, admitió que el funcionario de 55 años figura en ese documento que publicó completo la revista Veintitrés, en febrero de 2010, aunque confirmó que no se evalúa separarlo del cargo y explicó los motivos de su aparición en la lista de ex colaboradores y agentes secretos del régimen militar. Según Gorbacz, Cao se desempeñó en el Batallón 601 solamente por el lapso de tres meses en el año 1981 y en ese tramo realizó tareas administrativas.
“Cuando tenía 19 o 20 años se desempeñó como personal civil administrativo en el Ejército. Fue en 1981. No tiene ninguna relación ni directa ni indirecta con la represión ilegal ni tampoco fue nombrado nunca en una causa judicial”, explicó Gorbacz. También precisó que Cao accedió al cargo a través de su padre, que ya era un militar retirado en los 80‘, que aparece también en el documento desclasificado de la dictadura, y que falleció el año pasado.
“A partir de ese desempeño fugaz quedó en el listado que cada tanto circula, pero no se puede juzgar a una persona solamente por haber trabajado a los 20 años como administrativo en el Ejército”, señaló Gorbacz.
Sin embargo, el Ministro reconoció que el Secretario no puede demostrar mediante documentos cuál es el período durante el que cumplió funciones en el Batallón 601 y qué tipo de tareas realizó. “Lo que podemos demostrar por ausencia es que no existe ninguna imputación judicial. Pero él no tiene ninguna certificación laboral que demuestre por escrito el tiempo de su desempeño”, admitió en dialogo con Télam.
Incluso contó que Cao renunció a los tres meses a su empleo porque “no le producía ninguna satisfacción” y porque “era un lugar donde había demasiados empleados y pocas tareas concretas para hacer, además de haber sido un momento donde se empezaban a escuchar las cosas que estaban sucediendo, y con las que él no estaba de acuerdo”, refirió.


La concejal Laura Colazo se mostró de acuerdo con el trabajo realizado por sus pares en torno al proyecto del ejecutivo sobre el pliego del servicio de transporte público de pasajeros, aunque votó en contra del inciso que regula el aumento de tarifa y establece que esto no debe ser refrendado por el Concejo.

Según lo aprobado, y a lo que la edil se opuso, se establece que el aumento de tarifa sea regulado y aprobado por el Ejecutivo Municipal, con dictamen del Tribunal de Cuentas pero sin que sea obligatoria la aprobación del aumento por parte del Concejo Deliberante de la ciudad. "Es importante que el aumento de la tarifa del pasaje del transporte público sea aprobado desde el Concejo, para poder tener la oportunidad de defender los intereses de los vecinos, quienes han sido lo más perjudicados sobre todo la población más vulnerable", dijo.

A su vez, la representante del Partido Verde argumentó que "no nos parece justo brindar de antemano una posibilidad de doble aumento anual sin saber si tendremos un buen servicio de transporte". Asimismo, fue determinante en relación a controlar el servicio hacia el ciudadano y que se respeten las cláusulas del pliego aprobado: "los ediles debemos controlar si el servicio brindado al vecino es respetado por la empresa que resulte adjudicataria y si cumple con todas las cláusulas del pliego en cuanto a eficiencia, estado de unidades y respeto a usuarios y choferes".

"Desde el Partido Verde no se busca hablar de proyectos aislados -como lo es un pliego de transporte público- sino que el trabajo que se trata de implementar es un plan de movilidad que sea integral y que no solo implique el transporte público de pasajeros, sino que también abarque la protección de peatones, la red de ciclovías, taxis, remises y que fomente la conectividad de todos los barrios de la ciudad con una visión integral que ayude a la inclusión social de todos los sectores en condiciones de igualdad", concluyó.


Tras la sesión especial que aprobó acortar los plazos para la licitación del servicio de colectivos, la concejal María Eugenia Duré sostuvo “realizamos diferentes modificaciones al pliego teniendo como prioridad a los vecinos de nuestra ciudad”.
Tras la aprobación de la Emergencia Administrativa y la segunda lectura del Pliego de bases y condiciones para el servicio de colectivos, la edil sostuvo, “tuvimos que trabajar en poco tiempo para realizar las diferentes modificaciones teniendo en cuenta los plazos legales que se deben cumplir para el llamado a licitación”.
A su vez cuestionó “venimos de años en donde las empresas no cumplieron con puntos esenciales para brindar de manera óptima el servicio a los usuarios” y puntualizó “como lo es la falta de unidades en los recorridos lo que genera hasta una hora de espera y en esto debemos poner control para la próxima prestataria del servicio”.
También analizó “no podemos volver a aceptar que nuestros vecinos y sobre todo los chicos sigan padeciendo estos incumplimientos y menos con las condiciones climáticas que afrontamos en nuestra ciudad”.
En cuanto a las modificaciones a los pliegos, Duré señaló que mantuvo “encuentros con centros de estudiantes y directivos de establecimientos educativos nocturnos, incorporé la extensión del horario en los recorridos que a partir del nuevo servicio será hasta la 01:00 de la madrugada en las líneas A, B y C” a lo que agregó “era un requerimiento en común ya que muchos estudiantes no podían completar el horario de finalización de la cursada”.
Además, mencionó “tomamos las solicitudes de los vecinos durante la audiencia pública y se agregaron los recorridos en la Av. Juan Domingo Perón, sentido ambas manos y la calle Garibaldi en toda su extensión en el B° Chacra IV”.
Por último, la concejal confirmó que el nuevo pliego reduce los años de concesión “se pasó de diez a cinco años para la empresa que se haga cargo del servicio en nuestra ciudad”

El Concejo Deliberante aprobó, en segunda lectura, los pliegos para la licitación del transporte público de pasajeros en colectivos. Permitirá al Municipio agilizar el proceso de adjudicación del servicio dado que la actual prestataria anunció su decisión de dejar de prestar servicio el próximo 31 de agosto y además resolvió no hacer uso de la opción de prórroga.
La sesión estuvo presidida por el Presidente del Cuerpo de Concejales, Alejandro Nogar y contó con la presencia de los concejales Verónica González; Paulino Rossi; Raúl von der Thusen; Laura Colazo y María Eugenia Duré.
La sesión especial sólo contaba con un punto en el Orden del Día y era precisamente “el pliego de bases y condiciones de la concesión del servicio de autotransporte público colectivo de pasajeros en la ciudad de Río Grande”.
El concejal Alejandro Nogar recordó que el “pliego de bases y condiciones para la licitación de la concesión del servicio de autotransporte público de colectivo de pasajeros llegó al Concejo Deliberante a fines del año 2015, donde mantuvimos varias reuniones de trabajo con el Cuerpo de Concejales anterior para realizarle modificaciones al pliego, lamentablemente la responsabilidad de la empresa como la que hoy tenemos en la ciudad a cargo de este servicio nos obligó a llevar adelante una sesión especial con urgencia y traer una emergencia administrativa a esta sesión, acortar plazos que realmente son necesarios para poder traer empresas a la ciudad, que estén arraigadas y que sean responsables con la ciudad”.
Recordó que tenemos un “servicio hace diez años que nunca fue bueno, lo cual es lamentable, queremos tener una empresa que se arraigue a la ciudad y poder tener un servicio que todos los riograndenses nos merecemos”, dijo, al tiempo que se esperanzó que “ojala que tengamos una nueva empresa, dado que todas las que estuvieron ninguna hizo su trabajo como corresponde, y que el Municipio pueda realizar todos los controles necesarios para que este pliego se pueda cumplir en su totalidad”.
Por su parte el concejal Raúl von der Thusen mantuvo que “este fue un trabajo que se venía realizando desde hace un tiempo, y con esto de que la empresa prestataria del servicio que hoy se encuentra brindando en la ciudad no optó por la cláusula de prorroga, es que tuvimos que adelantar este trabajo, que fue en un tiempo record,  con lo cual tratamos de sacar el mejor pliego posible”.
Además remarcó que es un “pliego realizado a conciencia, donde se le agregaron varios puntos, sobre todo luego de haber escuchado a los vecinos durante la audiencia pública”.
También puntualizó que este “Concejo Deliberante va a caer con todo el peso del control que tengamos que realizar a partir del momento que comience a funcionar la nueva empresa de manera que el servicio sea el que realmente necesitamos”.
Por otro lado el edil agradeció a sus “pares por el acompañamiento respecto de algunas de las modificaciones que se le realizaron al pliego, como por ejemplo tienen que ver con algunos recorridos que no se realizaban como el de la calle Garibaldi de Chacra IV, que fue cortado hace unos años por algunos sucesos de inseguridad, pero nosotros no podemos mantener de rehenes a cuatrocientas familias por dos o tres inadaptados, teniendo en cuenta que es una responsabilidad del estado brindar las garantías y la prevención para que el recorrido y el servicio se realice en toda la ciudad”, dijo, al tiempo que añadió que “también se agregó el barrio Perón que había sido solicitado durante la audiencia pública, donde solicitaba la circulación en ambos sentidos”.
Finalmente expuso que “se aumentó las multas en algunas cuestiones del pliego, donde antes veíamos que era más fácil pagar una multa, que brindar el servicio adecuado, a partir de este aumento, la empresa pensará si realmente le conviene sacar a los vehículos fuera de circulación, que cumplir con su función”.

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