El ministro de Gobierno Gastón Díaz firmó la presentación ingresada ayer al Tribunal de Cuentas, que pide el juicio de residencia contra la ex gobernadora Fabiana Ríos, por el pago de sumas millonarias a entidades sindicales “ilegales” en concepto de permisos gremiales.
Por FM La Isla, sostuvo que “se ha causado perjuicio fiscal a través del otorgamiento de personerías a entidades gremiales que no están amparadas en la ley nacional 23.551 –de asociaciones sindicales-, que ha permitido que muchos utilicen permisos gremiales que legalmente no correspondían”.
Aseguró que esto configura “perjuicio fiscal para la provincia y de la misma manera genera perjuicio fiscal la negligencia en el control de las horas de permiso gremial otorgadas”, dado que además de otorgar los créditos horarios, que tienen un tope, se excedieron y siguieron cobrando sin ir a trabajar.
Según el Ministro, se detectaron “alrededor de 4.500 que estaban abonando y no correspondían, generando un perjuicio fiscal enorme”, y la correspondiente denuncia fue elevada al Tribunal de Cuentas, para que avance “con el juicio de residencia de la ex gobernadora de la provincia”.
“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Si está fuera de la ley, está fuera de la ley”, remarcó el ministro, respecto de la conducta a adoptar respecto de estas irregularidades, que impactarán en muchos sindicatos que son parte del acampe frente a Casa de Gobierno.
El ministro aseguró además que hubo un llamado de atención de funcionarios nacionales, por el pago de estos permisos y por haber reconocido entidades en un registro provincial, cuando es facultad del Ministerio de Trabajo de Nación. “Esto fue la semana pasada, en el Consejo Federal del Trabajo, con la presencia del Ministro de Trabajo de Nación y el Director de Asociaciones Sindicales. Nos dicen que estamos fuera del marco constitucional al tener un decreto vigente que permite la formación de asociaciones sindicales”, expuso.
La ilegalidad de Ríos se basaría en el dictado del decreto 864 en 2009, que “ratifica un acta acuerdo firmada entre el anterior Poder Ejecutivo y la CTA. A partir de ahí se genera un registro que permite la creación de asociaciones sindicales provinciales. El Consejo Federal del Trabajo nos ha dicho que no corresponde y que no es legal”, dijo el Ministro.
Si bien no pudo precisar el monto que se pagó a lo largo de siete años en permisos gremiales que no correspondían, invitó a sacar un cálculo “del sueldo de cada uno de los integrantes de las asociaciones sindicales que no va a trabajar y son de una asociación no legalmente constituida. La verdad no tenemos desde el Ministerio de Gobierno una precisión del monto, pero hablamos de mucho dinero”.
El subsecretario de Asuntos Gremiales había hablado de 550 millones anuales, casi la mitad del déficit provincial, pagados sólo en un ejercicio fiscal por permisos y licencias gremiales a todas las entidades, legales y no. Resta deslindar unas de otras, y multiplicar por los años de vigencia del decreto el pago con fondos públicos a dirigentes gremiales que realizó Ríos.
