El Dr. Raúl Aciar, abogado del foro de Ushuaia, cuestionó duramente la actitud del Fiscal de Estado de seguir avanzando contra la ONG Participación Ciudadana. La Cámara de Apelaciones había rechazado su pretensión de indemnización, por sentirse agraviado a raíz del pedido de juicio político y las críticas públicas pero ahora apela a un recurso extraordinario ante la Corte. Aciar diferenció el rol institucional del Fiscal, de la cuestión personal, y aseguró que Martínez de Sucre abusa del cargo en beneficio propio.
La causa iniciada por el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre contra la ONG Participación Ciudadana todavía no está cerrada por la decisión del funcionario de recurrir a la Corte.
Para el Dr. Raúl Aciar, abogado del foro de Ushuaia, este juicio expone una sucesión de abusos de poder que tienen al funcionario como protagonista, pero también los jueces que hicieron lugar a medidas como poner como testigos a su favor a los empleados de la Fiscalía.
“Yo ya he dicho que esto es una brutal demostración de abuso de poder –expresó a Radio Universidad-. En este juicio han ocurrido una serie de cuestiones que son realmente la demostración del abuso que se hace con los cargos públicos, cuando los cargos públicos son para servir a la gente, no para servirse de los cargos”, subrayó.
Planteó que en esta causa no se criticó nunca a Martínez de Sucre como persona sino por su desempeño del cargo, por lo cual no debería sentirse injuriado. “Acá no se trata del Fiscal de Estado como órgano, porque es un órgano de control que crea la provincia y que le toca a un ser humano. Este juicio se hace por la persona del Dr. Virgilio Martínez de Sucre. Y lo hace a título personal, no por su condición de fiscal”, dijo.
“La ONG no ha cuestionado la persona del Dr. Martínez de Sucre sino el accionar del Fiscal de Estado, que es un órgano de la provincia que lo lleva a cabo una persona física. Lo que se ha hecho en los años 2000 y 2001 es un cuestionamiento a través de un pedido de juicio político, que es una forma de control que tienen todos los ciudadanos de los actos públicos. Que un ciudadano controle, nunca puede ser objetivo de un cuestionamiento en sede civil y de un pedido de indemnización. El cargo de Fiscal de Estado no puede ser herido en su honor, sino que se puede cuestionar la función, lo que debe hacer el Fiscal. Lo que se ha planteado es que la persona física se siente agredida y dañada en su honor por la tarea que ha realizado como Fiscal. Esto es una barbaridad”, calificó.
Aseguró que de sostenerse este criterio “no se podría cuestionar a ningún funcionario público en su tarea, porque se está expuesto entonces a correr con un juicio por daños y perjuicios y a pagar una indemnización, con una condena de carácter material”.
De allí la preocupación por el avance sobre la libertad de expresión que traería aparejado este juicio, de tener un resultado favorable al demandante. “Acá han ocurrido barbaridades, por eso digo que es una brutal demostración de abuso de poder. Esto está todo escrito y puesto dentro de la causa. Por ejemplo, el Fiscal de Estado ha puesto de testigos a empleados a la Fiscalía, a sus subordinados, para que vayan a decirle al juez que está expuesto en su honor y ha sido dañado”, manifestó.
Para el letrado es inadmisible un planteo de este tipo, como también lo es para la ley, pero hubo un juez que lo permitió: “No hace falta ser abogado para entender esto. Si usted es empleado y su jefe lo pone como testigo en un caso donde dice que ha sido dañado, va a estar en una situación de bastante presión. Tiene dos caminos, o ser complaciente con su superior o decir que no sabe nada. Todos los códigos dicen que la relación de dependencia es uno de los motivos de sospecha de parcialidad de los testigos. Pero lo peor del caso es que el juez que actuó, los consideró como testigos. Esto es abusar del poder que le da la provincia cuando lo designa en el cargo de Fiscal de Estado”, reiteró.
Agregó que en agosto de 2002, cuando se sucedieron todos los hechos que desencadenaron en el juicio político, el Fiscal de Estado “utilizó los espacios televisivos de los dos canales públicos por un lapso importante de tiempo y no pagó absolutamente nada para hablar de sí”, acto que también incluyó dentro de un abuso de poder.
Consultado sobre la opinión de los colegios de abogados, si bien no hubo ningún pronunciamiento específico, dijo que “ningún abogado puede estar de acuerdo en ningún abuso de poder. La Corte Suprema de Justicia tiene dicho en varios fallos que todo aquel que accede a un cargo público tiene un rango menor cuando es valorado en su honor, por el ejercicio del cargo público. El que está en un cargo público, cuando se trata de hablar, de impugnar, de criticar, de hacer comentarios acerca de su desempeño, tiene una valoración en su honor personal menor a que si estuviera en la actividad privada. La ONG cuestionó el desempeño del fiscal y una serie de cuestiones que debía hacer y que omitió. No se cuestionó la vida personal del Fiscal, donde sí podía haber una afección a su honor. Se cuestionó a un órgano de la provincia, no a la persona física elegida para realizar la tarea”, subrayó Aciar.
Hasta ahora, la Cámara rechazó la demanda, pero el Fiscal interpuso un recurso extraordinario, de casación ante la Corte. “Eso que hace el Fiscal de Estado, no lo hace el Fiscal sino el ciudadano Martínez de Sucre que dice que está ofendido en su honor. Esto no se ha entendido”, concluyó el abogado.
