El Ministerio de Trabajo de la Nación dio lugar al pedido de la conducción local del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, que fuera desplazada por los dirigentes provinciales del gremio docente, declarando nulo el congreso donde los gremialistas fueron destituidos y expulsados, e indicando la restitución en sus cargos de los dirigentes seccionales.

Diego Castro, el secretario General restituido en la Seccional Río Grande del SUTEF, afirmó que “nosotros estábamos convencidos y seguros de que esto iba a salir así porque han violado el estatuto; es decir la ley interna del sindicato y la única propuesta que tuvo la Comisión Directiva Provincial es golpear a todo aquél que piensa diferente; tratar de borrar de un plumazo a aquél que no responde a los mandatos de la comisión provincial”, fustigó el gremialista.
El docente, esgrimió que “cuando nosotros decimos ‘diferente’ no significa que no hemos sido orgánicos; al contrario, hemos planteado una cuestión esencial que es lo que está sucediendo hoy y es que el compañero no esté sentado donde está sentado hoy; que al compañero no se lo esté juzgando, procesando y que no reciban sumarios administrativos los compañeros, con todo lo que eso significa”.
La diferencia entre ambos sectores, la seccional Río Grande afín a la actual conducción de la CTERA y la conducción provincial integrada por referentes de la oposición; se profundizó durante el conflicto docente del mes de mayo. Fue cuando los dirigentes riograndenses plantearon acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Provincia y los dirigentes provinciales decidieron continuar con el paro y la ocupación de la Casa de Gobierno. 
Refiriéndose a ese hecho, Castro mencionó la causa judicial que enfrentan algunos docentes por la toma del edificio y señaló que “por este motivo nosotros, en aquel entonces, decidimos plantear acatar la conciliación obligatoria. Era lógicamente una situación ‘caliente’, de enojos y por eso los compañeros respondieron de la forma como respondieron”, justificó en relación a la toma de la Casa de Gobierno.
Pero entendió que a tres meses de aquel conflicto, “el contexto es distinto y la realidad es otra y esto ha llevado a que muchos compañeros estén viendo de otra manera lo que nosotros planteábamos, que no era ni para ‘romper’ ni para entregarle el conflicto al gobierno como se estuvo diciendo desde la conducción provincial”, remarcó.
Después indicó que la idea era “intentar, no solamente negociar el salario, sino también que no haya sanciones para los compañeros, que no haya sanciones para el sindicato, y también de que no se le descuente los días caídos a los compañeros. Lo único que se negoció, y por eso no fue una conciliación obligatoria tampoco, fue concretamente el tema salarial, el resto cayó en saco roto”, resumió.
Finalmente reparó Castro que “hoy tenemos compañeros sentados en el juzgado, mañana tememos al compañero (Raúl) Arce que también se va a tener que sentar a declarar. Creo que son situaciones difíciles, complicadas y desagradables”, insistió.
Ahora, con la determinación del Ministerio de Trabajo de la Nación, los dirigentes de la seccional Río Grande que fueron destituidos de sus cargos y expulsados del sindicato volverán a ocupar sus cargos. Aunque la resolución indica que los dirigentes provinciales pueden pedir una “reconsideración” de la decisión, en un plazo no mayor a diez días.
Vale mencionar que la resolución ministerial indica, entre otros conceptos, que declara “la ineficacia jurídica del congreso Extraordinario llevado a cabo el 18 de junio de 2013”, asegurando que la decisión tomada en ese momento, expulsando a los gremialistas, “no se condice con el estatuto de la entidad” y “vulnera el derecho a la defensa”.