Horacio Vedia, representante de docentes de colegios públicos de gestión privada, no descartó responsabilidades penales y civiles de Amanda Del Corro como ex Ministra de Educación y de Marcelo Lima como responsable de control de gestión ante la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas a raíz de la denuncia de varios docentes por la falta de pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Se trata del fondo que la Nación gira a todas las provincias, para que efectúen el pago a docentes tanto públicos como privados, y que desde hace años no perciben algunos sectores.
“Los docentes privados desde 2010 tienen una deuda que no fue pagada hasta el momento y dio origen a esta investigación. Los resultados se han hecho públicos”, expuso Vedia, adelantando que “los docentes contrataron un estudio jurídico para seguir con otras demandas, a partir de la resolución del Tribunal de Cuentas”.
“Es inexplicable y no hay explicación lógica de por qué esos fondos han sido retenidos. Nos sorprende por la forma en que se manejan los fondos públicos, más teniendo en cuenta que estos son fondos específicos y no pueden ser usados para otra cosa más que para el fin que han sido creados”, manifestó Vedia en Radio Universidad.
Para Vedia “evidentemente la Nación viene cumpliendo rigurosamente con el envío de los fondos. Realmente es sorprendente ver cómo un organismo que tiene la responsabilidad de control sobre la totalidad de los fondos públicos de la provincia, emite una resolución dando a conocer este desorden administrativo”.
“Conversando con algunos colegas, decía que esto se maneja como un quiosco, es sorprendente la demora en que se ha incurrido, porque hablamos de obligaciones que datan del 2010, todo el 2011, el 2012 y por supuesto del 2013 no sabemos absolutamente nada. En este momento hay 18 expedientes que fueron revisados, con falta de control, falta de firma de persona responsable, falta de una estructura y de procedimientos”, enumeró sobre la serie de irregularidades.
El referente de los docentes privados no descartó que el dinero del Fondo haya sido utilizado para otros fines. “Ahí habría un desvío de fondos. Hay dos funcionarios que se menciona como responsables de este desmanejo de los fondos públicos y llama la atención por qué el otro funcionario sigue ocupando el mismo cargo”, en referencia a Lima.
Respecto del cobro de estos expedientes, explicó que ante la apertura de una investigación por parte del Tribunal de Cuentas debieron aguardar. Sin embargo, tras conocerse el dictamen se presentaron en Tesorería buscando la cancelación de la deuda. “La persona que ocupa la función de Tesorera se comprometió a hacer el pago el día viernes de uno de los expedientes; y otra parte la próxima semana. Pero no tuvimos en el transcurso del día la certeza de saber si se hizo la transferencia. Esos son fondos que van a personas individualizadas y la transferencia debe ser realizada a cada una de las cuentas. Pero no hemos podido siquiera acceder al listado de beneficiarios”, explicó.
Y aclaró que “los que han quedado sin liquidar son los privados exclusivamente”.
“Hay una ley que obliga al Estado, pero hay funcionarios que evidentemente les da lo mismo cumplir o no cumplir”, concluyó.
