Señaló que la quita durante el gobierno de Manfredotti “se había recuperado” durante el gobierno de Cóccaro, volviendo a colocar los salarios al ciento por ciento de lo que se paga a nivel nacional. “De ahí adelante fue la mentira, que resulto ser de quien muchos confiamos, la gobernadora Ríos que pedía que no le crean sino que la vean actuar, diciendo que no venía a conculcar derechos de los trabajadores”, señaló.
“La verdad que en el proceso de mayo de 2013 terminamos extorsionados con la ley sí y el aumento no, por decreto. Hay una larga data de maltrato, donde fuimos denostados, tratados como animales, y voy a pedir que se corroboren las actas paritarias que acreditan esta situación”, anticipó el dirigente.
“Hemos conversado con el asesor legal sobre lo que voy a decir y estaremos por espacio de dos horas o dos horas y media”, estimó de su declaración ante la justicia.
En cuanto a su imputación, aseguró que no hay nada que demuestre los delitos de los que públicamente habla la gobernadora. “Creo que una es porque estoy agarrando la valla que permite el paso de vehículos en la Casa de Gobierno, y otra por las declaraciones de que la paciencia se había agotado. Por eso me acusan y debo ir a indagatoria. El juez sabe que eso no constituye delito”, sostuvo.
“Para imputar un delito debe haber pruebas serias, elementos serios. La gobernadora le dijo a toda la sociedad que había pruebas contundentes con filmaciones en alta definición y que acá no se estaba criminalizando la protesta sino imputando delitos de robo y hurto. Pero miente una vez más, porque ninguno de los docentes está imputado por esos delitos, sino por resistencia a la autoridad. Se caen por su propio peso las declaraciones mediáticas que ha hecho ella y otros funcionarios de dudosa reputación, como el caso de Farías”, sentenció.