El mismo día que tomó estado público su renuncia, diez legisladores denunciaron penalmente a Vicente Sinchicay. El ahora ex presidente del IPAUSS está en condiciones de iniciar el trámite jubilatorio, pero el descanso tendrá que esperar: los parlamentarios lo acusan de presunta malversación y sustracción de fondos de la farmacia del Instituto. La presentación ya está en manos del fiscal Guillermo Massimi.


La denuncia contra Vicente Sinchicay fue radicada ayer por los legisladores Liliana Martínez Allende, Pablo Blanco y Juan Rodríguez; Jorge Lechman, Damián Löffler y Claudia Andrade; Susana Siracusa y Eduardo Barrientos; Laura Rojo; y Adrián Liendo, de los bloques UCR, MPF, PJ, PP y PPP respectivamente, con el patrocinio del Dr. Gastón Fernández Pezzano.
Los legisladores invocan el artículo 165, que obliga a los funcionarios o empleados públicos a radicar denuncia al tomar conocimiento de la presunta comisión de un delito de acción pública.
Justamente ayer había tomado estado público la renuncia de Sinchicay a la presidencia del IPAUSS, a través de un comunicado oficial que partió de Casa de Gobierno.
Aunque está en condiciones de iniciar el trámite jubilatorio, el descanso deberá esperar a lo que resuelva la justicia, que ya tiene en su poder la presentación de los legisladores, donde se lo acusa de malversar y/o sustraer fondos de la farmacia.

Los hechos

En el relato de los hechos, se menciona el cotejo de información “desarrollado por la legisladora Martínez Allende, atento a versiones sobre supuestas irregularidades en la Farmacia Ushuaia del IPAUSS”; como también la solicitud de la legisladora a la jefa de servicios de la farmacia, Bárbara Gorosito, para que se presentara en su despacho a aclarar este tema.
Gorosito habría dado a conocer a la legisladora una serie de irregularidades que detectó en la farmacia de Ushuaia, las que según sus dichos fueron documentadas y puestas en conocimiento de su superior, Víctor Oscar Benítez, director de la UFFyO (Unidad Funcional Farmacia y Óptica); quien a su vez las puso en conocimiento del ahora ex presidente Vicente Sinchicay.
En la denuncia se señala que, pese a conocer la situación, a la fecha el presidente saliente “no ha tomado medida alguna para hacer cesar las irregularidades detectadas”.
En función de esta inacción, se indica en el escrito que Martínez Allende hace saber a sus pares esta situación, y en conjunto resuelven avanzar con la denuncia.

Las irregularidades

En la denuncia se enumera una serie de irregularidades informadas por notas que datan de los meses de agosto, septiembre y octubre de este año. Allí se exponen la existencia de “gran cantidad de medicamentos vencidos que no estaban debidamente separados ni con el resguardo necesario”; una diferencia en el informe técnico entre los medicamentos registrados como existentes pero que no existen, y viceversa; las inconsistencias en el pedido de medicamentos y grandes cantidades de vencimientos por el término de dos años, por mal manejo del stock; mal facturación, dispensa y facturación sin receta, mala dispensa y facturación sin troquel.
Se detalla que el inventario de medicamentos vencidos asciende a $805.672,21; y que “se constatan productos dados de baja como devoluciones pero que se encuentran en el depósito de la farmacia”. Desde el 2010 a agosto de 2013, el sistema informático verifica devoluciones por más de un millón cien mil pesos.
También hace mención a “préstamos de medicamentos a farmacias privadas y a la farmacia del Hospital Regional de Ushuaia sin existencia de convenio alguno”.
En último término acompaña un informe de medicamentos a vencer hasta fin de año, advirtiendo que los vencidos en el mes “no han sido solicitados con el debido cuidado”.

Calificación legal

Los denunciantes estiman que se habría incurrido en los delitos tipificados en los artículos 260 y 261 del código penal, sobre malversación de caudales públicos y sustracción de caudales públicos respectivamente, con penas de un mes a tres años en el primer caso, y de dos a diez años en el segundo.
Le imputan la responsabilidad a Vicente Sinchicay en su carácter de presidente del Instituto, “como máximo responsable del ente y sin perjuicio de las responsabilidades legales de otros funcionarios y empleados del IPAUSS que pudieran surgir como consecuencia de la investigación judicial”.
Los legisladores solicitan “el secuestro urgente” de la documentación mencionada en las distintas notas, de las que acompañan copia, como también de todo expediente administrativo vinculado con la causa que se inicia.
Finalmente piden que se cite a prestar “declaración urgente” a la Sra. Bárbara Gorosito, jefe del servicio de la farmacia; y a Víctor Oscar Benítez, director de la UFFO del IPAUSS.