El Dr. Alejandro de la Riva ampliará la denuncia penal contra los intendentes Federico Sciurano y Gustavo Melella, por considerarlos partícipes necesarios de la malversación de fondos públicos. Aseguró que así se desprende de las respuestas que dieron ante la comisión investigadora del juicio político, donde admitirían el pago de coparticipación con fondos de la soja, para cancelar deuda corriente. El letrado también se presentará en la causa que inició Víctor Díaz, por presunto desvío de fondos de la soja, para aportar las testimoniales como prueba.
El abogado Alejandro de la Riva, responsable de la presentación del pedido de juicio político contra la gobernadora Ríos, y de la denuncia penal por retención indebida de fondos, ampliará la denuncia contra los intendentes Federico Sciurano y Gustavo Melella en el fuero federal.
Los considera “partícipes necesarios” en el delito de malversación de fondos, por haber aceptado en pago de coparticipación adeudada, dinero del Fondo Solidario de la soja.
Indicó que a partir del juicio político, los intendentes “empezaron a hacer acuerdos, reconocimiento de deudas, cartas de intenciones”.
Recordó que en el caso de Ushuaia, se acordó el pago de 30 millones con fondos del FFFIR –Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional-, “que está prohibido”, aseguró; mientras que en Río Grande reconocieron una deuda de 45 millones y medio, también “a pagar con fondos del FFFIR. Por supuesto, esto requiere la aprobación, por eso son cartas de intención”, aclaró, en función de un compromiso que todavía no se ha cumplido.
Pero lo que sí se aplicó, de acuerdo a la declaración testimonial de los intendentes, fue el pago de coparticipación con fondos de la soja, que tienen como destino específico la obra pública y no los gastos corrientes.
La versión taquigráfica
De la Riva dijo a FM Artika que pudo acceder a la versión taquigráfica de la declaración del intendente Sciurano, descartando que se deba guardar confidencialidad, y espera en los próximos días obtener la transcripción del testimonio de Gustavo Melella.
“Se ha generado un secreto, como si fuera un sumario por drogas o por la trata de personas. Dicen que la comisión investigadora no puede decir nada, que no se puede hablar nada. Hay un principio de reserva y –los legisladores- no pueden emitir opinión, pero no es cierto que lo que se produce ahí adentro sea secreto. Pueden hablar, pueden contar y yo tuve acceso a las declaraciones de Sciurano”, aseguró.
Mencionó en particular las preguntas que formuló el legislador Eduardo Barrientos –PJ- sobre el funcionamiento de los fondos de FFFIR, con los que se pagaría parte de la deuda; y la consulta específica sobre pagos ya efectuados con otros fondos.
“El problema es que para que Fabiana Ríos pueda malversar fondos necesita de los intendentes”, dijo, al tiempo que barajó una explicación para la “cerrada defensa” de Sciurano y Melella a la continuidad de Ríos en los últimos días, vinculada con esta supuesta complicidad.
“Los intendentes, a partir de aceptar los fondos del FFFIR, empiezan a movilizar un mecanismo tramposo, contra toda normativa, para que el gobierno se endeude con el FFFIR y pague los gastos corrientes que ya tuvo. Pero hay algo más grave en la declaración de Sciurano, en la contestación a la pregunta de Barrientos, donde reconoce que también aceptó pagos del Fondo Solidario, del fondo de la soja. Esto va para Víctor Díaz”, dijo, dado que el referente de Encuentro Popular hace tiempo radicó una denuncia penal por desvío de estos fondos.
“Por supuesto voy a llevar esta información al Dr. Massimi y ampliar la denuncia penal, porque la malversación no es solamente de Fabiana Ríos. El mismo Sciurano reconoce que con el fondo solidario se pagaron trabajos de asfalto, pero después lo cambiaron por obras de saneamiento”, indicó, considerando que está “claro que se han malversado fondos y para eso debieron participar los intendentes, con el reconocimiento claro y expreso”.
Agregó que ante la observación de Barrientos sobre el destino que tiene este dinero, Sciurano le habría respondido que “le dan los recursos y los gasta”, sin más cuestionamientos sobre el origen.
Para el letrado, con esta declaración, no hay duda de que el juicio político “va a avanzar, porque la comisión investigadora ya sabe que se han cometido ilegalidades, y las termina reconociendo Sciurano en su declaración”.
Apuntó que el legislador del PSP Fabio Marinello decidió hacer una pregunta y la respuesta fue más grave de lo esperado, porque “termina en un reconocimiento claro, contundente e inequívoco de que la deuda está consolidada, que es de coparticipación, que los convenios se han caído y que estas renegociaciones tienen que ver con deudas de coparticipación que no han pagado”.
Adelantó que no podrán tapar lo que ocurre “el día que la comisión investigadora, la sala acusadora y la sala juzgadora hagan lo que tienen que hacer, y no solamente sea destituida Fabiana Ríos por la comisión de delito doloso en el ejercicio de la función pública, sino que también pase todo a la justicia penal”, y le avisó nuevamente a Víctor Díaz que “hay un claro reconocimiento de que los fondos de la soja se utilizan para gastos corrientes, en este caso concreto para cancelar deuda de coparticipación con el Municipio de Ushuaia”.
Deuda por 220 millones
El abogado, respecto de las cartas de intención, señaló que está claro que la deuda no se canceló, e incluso duda que se pueda hacer con los fondos del FFFIR, por lo cual actualmente rondaría los 220 millones entre los dos municipios.
“La deuda de coparticipación con Ushuaia es de 78 millones de pesos, más 20 millones en concepto de impuestos, que le debe la provincia al Municipio. A Ushuaia se le deben 100 millones de pesos”, subrayó, y estimó que “a Río Grande se le deben más de 120 millones, que ya se gastaron. Es dinero que ingresó a la provincia y Fabiana Ríos lo usó para gastos corrientes”.
Dijo estar sorprendido porque no fue convocado a ratificar su presentación, y más todavía porque no fue citado el Fiscal de Estado, un testigo que propuso en su denuncia. “El Fiscal de Estado ha sido muy contundente con relación al envío de coparticipación”, afirmó, y además consideró que “sería bueno que lo citen a Estabillo –titular del FFFIR- para terminar con toda esta mentira, a ver si puede darle plata a la provincia para que resuelva sus problemas de caja con dineros que ya usó de los municipios y los pague con compromisos de coparticipación”.
La reglamentación del FFFIR no permite endeudamiento para gastos corrientes, por lo cual para el letrado estas cartas de intención quedarían sólo en eso. Asimismo, preguntó “en cuánto tiempo se va a pagar ese crédito, y si lo va a pagar Fabiana Ríos o la próxima gestión, en el hipotético caso de que se lo dieran”.
“¿Piensan que lo va a pagar Fabiana Ríos, que ya le debe 220 millones de pesos a los Municipios?¿los va a pagar con la guita de la caja compensadora –de la policía-, donde debería haber 104 millones de pesos?¿o con los fondos de a soja que ya se gastó y tiene dentro de la bicicleta? Si con esta declaración de Sciurano no queda claro que se malversaron los fondos FONAVI y el Fondo Solidario no sé qué más puede necesitar la justicia”, remarcó.
Todos los caminos conducen al juicio
Si bien las causas penales no están vinculadas por ahora con el juicio político, ni la que radicó Díaz por los fondos de la soja ni la que investiga retención indebida, el abogado advirtió que terminarían confluyendo porque, “si se comprueba el delito doloso, es causal de juicio político. La gobernadora no puede decir que no sabe que esos fondos tienen otro destino, y no es necesario llegar a una sentencia condenatoria dentro de veinte años, porque basta con la sola comprobación de que esos fondos no están disponibles”, aseguró.
Observó que si esos fondos estuvieran “ya estarían haciendo las obras de saneamiento en Ushuaia. Si tienen 120 millones de pesos de la soja, ¿por qué no lo arreglan en vez de poner carteles?”, planteó.
Con esta declaración ante los legisladores, sostuvo que “ahora tuvieron que decir la verdad, y cuando dijo la verdad Sciurano, quedó pegado. En una parte del interrogatorio dice que no quiere contestar porque no sabe cuál sería la palabra exacta que tiene que decir, no sea cosa que después tenga problemas. Pero Barrientos lo puso en caja, tuvo que declarar, y por supuesto está en problemas. De más está decir que está en problemas Sciurano”, reiteró.
En consecuencia, el paso inmediato es la ampliación de la denuncia penal “porque no se puede malversar si no tenés un partícipe necesario. No se hubieran podido malversar fondos públicos si las Municipalidades de Ushuaia y Río Grande no hubieran consentido esta irregularidad que significa utilizar fondos con otro tipo de afectación para resolver sus problemas de caja”, dijo, por lo cual ampliará la denuncia “contra los dos intendentes por partícipes necesarios en el delito de malversación de caudales públicos”.
A la justicia federal
Ayer, por Radio Universidad, De la Riva agregó que impulsará la apertura de una causa federal dado que la presunta malversación incluye fondos nacionales, como lo son los de la soja y los del FFFIR ya otorgados.
Insistió en que su acusación será contra Ríos, pero también contra los intendentes, que dejaron crecer la deuda y aceptaron pagos con fondos que no podían cubrir gastos corrientes.
Recordó que la diferencia con 2009, cuando por la misma razón pidió el juicio político a Ríos, es que “se debían al Municipio de Río Grande 26 millones de pesos. Esa oportunidad sirvió para que se haga un acuerdo del que participó Sciurano y el ingeniero Martín, y empezaron a ver cómo solucionaban el tema del goteo, para ponerse al día y evitar que la cuestión se agrave. Entre las fórmulas que encontraron, que yo no sabía y sé ahora, fue aceptar que a través de los fondos del FFFIR puedan ir haciendo obra pública, ya que no les mandaban el dinero de coparticipación. Desde 2009 se utilizó esta metodología, de una manera improcedente por supuesto porque es absolutamente ilegal. Cuando le preguntaron a Sciurano si sabía que esto no se podía hacer, respondió que sí, pero que no le importaba, que le dan la plata y la gasta. Barrientos, que tenía información, le preguntó si en alguna oportunidad le habían cancelado deuda de coparticipación con el Fondo Solidario, el famoso fondo de la soja. Y dijo que sí”, reiteró.
“Cuando le preguntan qué obra hicieron con ese dinero, primero dice que fue pavimento, después dice que fueron cloacas, después dice ‘no sé lo que hicimos’, de muy mal humor al punto que en un momento Sciurano se le para de manos y le dice ‘yo no te tengo que rendir cuentas a vos, le tengo que rendir cuentas al Concejo’. Barrientos lo pone en caja y le dice ‘nosotros tenemos todas las facultades que nos da la Constitución’. Cuando le vuelve a repreguntar, Sciurano dice ‘yo no quiero utilizar ninguna palabra que después me traiga problemas por el resto de la vida’. La cuestión es que le va a traer problemas por el resto de la vida, porque lo que había reconocido desde 2009, y lo que reconoció con el tema del fondo de la soja de esta gestión, es que había sido partícipe necesario del delito de malversación de caudales públicos”, dijo el abogado reproduciendo parte de la transcripción.
“El fondo de la soja no es para pagar coparticipación y, si Ríos pagó coparticipación, es porque él participó en un acuerdo de voluntades de ocultarlo a la autoridad de aplicación. Esto es un delito federal y esta denuncia que tiene que ver con el FFFIR y con el fondo de la soja la voy a hacer ante la justicia federal”, sentenció.
Sólo intenciones
También se refirió a las cartas de intención que intentan frenar las acciones judiciales, para advertir que no sólo no cancelan deuda, sino que la forma acordada es ilegal. Dio cuenta de la observación que hizo el legislador Barrientos sobre el uso de fondos nacionales para gastos corrientes. “Le explica que eso no se puede hacer, y (Sciurano) dice que no le importa, que le dan la plata y la gasta. Después Barrientos le dice si la carta orgánica municipal y la constitución municipal lo facultan a llevar adelante estas cartas de intención, porque él lo que tiene que hacer es cobrar el dinero contante y sonante. La función del intendente es cobrar, no ir refinanciando como si fuera un banquero”, diferenció.
Agregó que “a partir de este juicio político surgió a la luz la cantidad de acuerdos y convenios que se habían caído. Hay muchos acuerdos y convenios que no se cumplieron, por eso después del juicio político hacen esta carta de intención, que es un reconocimiento de deuda. Y cuando le preguntan si es deuda líquida y exigible, dice que sí”, remarcó, como confirmación de la retención indebida.
Recordó que Patricia Bertolín, asesora legal y técnica, en su momento habló por los medios de convenios incumplidos y deudas exigibles y, en la testimonial de Sciurano, “cuando tuvo que blanquear la situación, la misma comisión investigadora le dijo que tenían lo que mandaron sus funcionarios: 78 millones de pesos de deuda de coparticipación más 20 millones de deuda de impuestos. Estamos hablando de una deuda de 100 millones de pesos. En Río Grande la deuda es mucho mayor, porque hay 93 millones y medio de coparticipación, más 15 millones de un juicio que se ganó y nunca pagaron, más dinero de tasas de justicia y dinero de impuestos. La provincia le debe a los municipios arriba de los 220 millones de pesos. Por eso uno no alcanza a comprender esta cerrada defensa que hacen Sciurano y Melella a un gobierno que le priva la posibilidad de hacer las obras públicas que proyectaron”, sostuvo.
Para dimensionar la importancia de la deuda, precisó que para 2014 “se prevén 72 millones para obra pública y solamente de coparticipación el gobierno debe 93 millones”, más del presupuesto anual por ese concepto.
Por otra parte, se le preguntó sobre la consulta que hizo la radical Martínez Allende sobre la validez de la carta de intención, y si es un convenio. “Sciurano dijo que estaba sujeto a lo que diga Nación”, surge de la transcripción, lejos de ser un pago efectuado que haya saldado deudas.
“El FFFIR se paga con dinero de coparticipación y la provincia no tiene ninguna posibilidad de endeudarse, lo que quiere decir que esto que firmaron no tiene ninguna validez. Por otro lado, para que tenga validez tiene que pasar por los Concejos Deliberantes y por la Legislatura de la provincia, porque es un endeudamiento”, indicó De la Riva.
Sin salida
Para el abogado los legisladores “van a tener que hacer un dictamen y el dictamen va a tener que estar fundado. Si lo que ellos dicen es contrario a la ley, la justicia los puede investigar. La situación es tan grave, si no pasa nada, que vamos a estar en presencia de un estado provincial completo, de Legislatura y Poder Judicial, todos al margen de la ley, y todos sabiendo que están al margen de la ley”, dijo en caso de que caiga el juicio político.
Admitió que está al tanto de versiones que hablan de una nueva votación 4 a 3 de la sala acusadora, y que “no va a alcanzar la mayoría para que la suspendan. Pero si hasta ahora no les mandó fondos y solamente firmó cartas de intención, el día que Fabiana Ríos zafe del juicio político, que se olviden Melella y Sciurano de recibir algo de plata, porque va a tener la cobertura política y más que nada va a tener la cobertura judicial”, advirtió.
El abogado espera la transcripción de Melella, “por eso la denuncia la voy a hacer contra Sciurano ahora, y ante la justicia federal, porque son fondos federales” y cuando cuente con toda la documentación haría la ampliación correspondiente.
Volvió a expresar que esta documentación con las versiones taquigráficas es de acceso público. “Cualquier ciudadano puede tener acceso a esto”, afirmó, y observó que “lo más lindo va a ser escuchar el audio, porque te das cuenta de los silencios, del malhumor que tenía Sciurano. Los medios lo pueden pedir y es información pública”.
El manejo de fondos podría traer otras consecuencias para Sciurano y Melella: “Los dos intendentes están a tiro del juicio político, porque han prestado consentimiento para que se tergiverse el verdadero sentido de estos fondos federales. Salvo el Fondo Solidario que no se devuelve, con los fondos del FFFIR todos los ciudadanos vamos a tener que pagar el dinero que toman, para dinero que ya se gastó en gastos corrientes”.
Una mención aparte mereció la intervención de Marinello: “Preguntó si la deuda está consolidada y Sciurano dijo que sí. O sea que, si quiso ayudar a la gobernadora, Marinello no ayudó y la dejó en una situación de knock out, porque Sciurano no podía evitar decir que le deben plata, que la deuda está consolidada, que hay convenios vencidos y por eso se recurre al FFFIR. La comisión investigadora tendría que haber citado a Estabillo, porque los intendentes dijeron que tenían las cartas de intención, y habría que citarlo a Estabillo para ver si ya tienen el dinero para el plan de obras por un lado, y por otro para ver si los fondos del FFFIR son para eso. Si las obras las quiere hacer la provincia, es un tema de la provincia. Si la provincia dice ‘son obras nuestras’, después tendrá que pagar la coparticipación”, manifestó.
En definitiva, De la Riva se va a presentar en la causa de Víctor Díaz por desvío de fondos de la soja, y por entender que “es un delito federal voy a hacer la presentación en la justicia federal contra la gobernadora y contra los intendentes”, concluyó.
