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viernes, diciembre 14, 2012

Se espera conocer hoy la sentencia del Superior Tribunal por la interpretación de la Ley 648

Antes que se inicie la feria judicial de verano, el Superior Tribunal de Justicia tiene previsto dar a conocer la sentencia sobre la acción declarativa de certeza sobre la aplicación de la Ley 648, que establece el presupuesto mínimo que se debe volcar al funcionamiento del sistema educativo en la provincia.
La causa se inició a partir de una presentación que formuló la gobernadora Fabiana Ríos, en orden a un dictamen de la Fiscalía de Estado donde se indica que la ley mencionada está mal aplicada, porque el 25% se debe deducir del presupuesto general asignado a la Provincia y por lo tanto la coparticipación a las Municipalidades se debe efectuar una vez hecha esa deducción.
Los jueces María del Carmen Battaini, Javier Muchnick y Carlos Gonzalo Sagastume, dictarán sentencia mediante la cual dará la razón al Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, -y por ende al Gobierno Provincial- en cuanto a los alcances de la ley provincial 648; con lo que generará una menor remisión de recursos coparticipables a los municipios. 

Una vez que se conozca el fallo, la polémica sobre la ley 648 quedará en manos de la Legislatura, ya que estos deben resolver la cuestión del presupuesto 2013 y, a su vez, el pedido del intendente Gustavo Melella para que se reforme esa normativa, de manera que quede expresamente aclarado que el presupuesto a Educación será del 20% del presupuesto general, una vez deducida la coparticipación a las Municipalidades.
El debate parlamentario será clave en éste sentido, ya que deben optar por aprobar un presupuesto con o sin el recorte a las Municipalidades.
De todas maneras, según fuentes judiciales, el Superior Tribunal no avalaría el reclamo de una deuda por la mala aplicación de la Ley 648, ya que ello fue responsabilidad del Ejecutivo provincial, en la que los municipios estuvieron ajenos, por lo tanto, el mal desempeño por no observar la correcta aplicación de la ley, es del Gobierno. 
Desde el año 2004, desde cuando entró en vigencia la ley, el presupuesto a Educación estuvo mal asignado y ello fue responsabilidad de quien estuvo a cargo del Ejecutivo desde ese período hasta la actualidad, es decir, fue un mal desempeño sucesivo de Jorge Colazo, Hugo Cóccaro y luego Fabiana Ríos, durante todo su primer mandato. Ahora, en su segundo período, Ríos parece querer corregir la situación.

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