El Legislador de la UCR, Pablo Blanco adelantó que “desde el bloque radical nos oponemos terminantemente a la aplicación del decreto nacional que vulnera la autonomía de nuestra provincia por sobre los recursos naturales”. Destacó que “el decreto 1277 es anticonstitucional y viola claramente las autonomías provinciales y afectar los intereses patrimoniales, políticos, económicos y sociales de la Provincia de Tierra del Fuego”. Confirmó que “vamos a presentar un proyecto de Ley estableciendo la inaplicabilidad del decreto Nacional”.
Ante la controversia generada a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto Nacional N° 1277, con fecha 25 de julio del corriente, a partir del cual el Estado aprueba la reglamentación de la Ley N 26.741 y el denominado “reglamento del régimen de soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”, el Legislador y presidente del Bloque radical en Tierra del Fuego, adelantó un “profundo rechazo a la determinación del Ejecutivo Nacional” y confirmó que “el mismo vulnera la autonomía territorial de Tierra del Fuego y los derechos de los fueguinos sobre los recursos naturales que nos son propios por Constitución”.
En este sentido, el Legislador y Presidente de la UCR fueguina adelantó que se refirió al decreto 1277/12 del Poder Ejecutivo Nacional, manifestando que “el decreto Nacional, viola las autonomías provinciales y afectar los intereses patrimoniales, políticos, económicos y sociales de la Provincia de Tierra del Fuego” entendiendo que “desde el parlamento, no podemos, menos que expresarnos políticamente” asegurando que “vamos a impulsar y presentar un proyecto de Ley estableciendo la inaplicabilidad del decreto Nacional”.
Blanco sostuvo que “es preocupante el silencio de los diferentes actores políticos en la Provincia”, y reclamó “mayor compromiso” sentenciando que “acá no estamos defendiendo una idea política del radicalismo, nosotros somos parlamentarios y la gente nos ha votado para defender la autonomía de Tierra del Fuego y sus recursos, entre ellos los hidrocarburiferos”.
Blanco aseguró que “el Poder Ejecutivo Nacional emite un decreto claramente violatorio del artículo 124, última parte, de la constitución nacional, que establece “...Corresponde a las provincias el domino originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, mientras que enfatiza que “no podemos permitir que se avasallen los derechos constitucionales y la autonomía de Tierra del Fuego sobre sus recursos”.
El referente de la UCR fueguina, fue muy claro y explicó que, “el decreto, también va en contrario de lo que establece la denominada “ley corta”, Nº 26.197, especialmente el articulo 1, cuando dice: “Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 17.319, modificado por el artículo 1º de la Ley 24.145, el cual establece que “Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley Nº 23.968”.
Mientras que es muy clara al considerar que “Pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, aquellos yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en su territorio, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley Nº 23.968, respetando lo establecido en el Acta Acuerdo suscrita, con fecha 8 de noviembre de 1994, entre la referida provincia y la provincia de Santa Cruz.
Finalmente, el Legislador y Presidente del Bloque de parlamentarios de la UCR, Pablo Blanco, quién confirmó que ya se ha implementado una medida similar en la provincia de Mendoza, destacó que “la única solución ante este avasallamiento de nuestra autonomía provincial es disponer por imperio de una ley, que el decreto 1277/ 12 del Poder Ejecutivo Nacional no es aplicable en nuestra provincia, hasta tanto el gobierno nacional se avenga a acordar con Tierra del Fuego una política petrolera que permita un ejercicio armónico de las competencia e intereses de la Provincia y la Nación”.
