La gobernadora de la provincia pidió que la denuncien, si consideran que hubo manipulación de la ley 648. Aunque en conferencia de prensa había expresado que hacía “tres años” se planteaba una interpretación distinta, ayer sostuvo que recién en octubre pasado tuvo “conocimiento cabal” de los alcances de la norma. También negó aumentos en las boletas de luz y gas por efecto de la derogación de beneficios de la 19640 a las petroleras. “Quien aumenta la tarifa de luz soy yo”, dijo, mientras que la de gas la fija la Secretaría de Energía.

En primer término la gobernadora se refirió a la aplicación de la ley Gaucho Rivero, que prohíbe el amarre de buques de bandera británica o de conveniencia en los puertos provinciales, aunque ayer se autorizó el ingreso de un carguero inglés a San Sebastián.
Ríos había manifestado que era ella quien interpretaba esa ley, cuando se prohibió el ingreso de dos cruceros turísticos a Ushuaia, y esta vez hubo una ronda de consultas a los funcionarios de su propio gobierno, con un resultado diferente: “No es aplicable según el criterio de todos los que han sido consultados, desde las autoridades de Puertos, la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Gobierno. El criterio que sostenemos con el vicegobernador es que no va ni de ida ni de vuelta a Malvinas. Es un buque contratado por YPF para evacuar el crudo que hay en las boyas en plataforma continental argentina, y va a Bahía Blanca. Hace la trayectoria Bahía Blanca-Estrecho de Magallanes-Bahía Blanca, para provisión de crudo y evacuación de gas, contratado por la empresa estatal”, explicó a FM Del Pueblo.
Apuntó que Prefectura alertó del paso del buque y ya fue notificada de la decisión de autorizarlo.

Reunión “positiva”

Con respecto a la reunión mantenida el martes con los concejales, realizó una evaluación “muy positiva, independientemente de las preocupaciones manifestadas y las posiciones políticas de cada uno”.
“Las expresiones de los cuerpos se habían dado a conocer a través de las declaraciones pero yo no quería una interpretación de terceros, en este caso de los intendentes”, fundamentó su decisión de convocarlos por separado y en forma personal.
En cuanto a la quita de fondos, garantizó que “no estamos dispuestos a que se ponga en crisis ninguna institución, de ninguna manera”, y destacó que “el intendente de Río Grande está trabajando con sus equipos en la presentación de propuestas. Nosotros accedimos a treinta días a pedido del intendente de Ushuaia, que por lo menos nos da la posibilidad a un camino de diálogo”, recordó.

Posible prórroga a la tregua

La gobernadora abrió la posibilidad de ampliar ese plazo de conciliación, si se avizoran avances: “Si el diálogo resulta fructífero, podemos acercarnos antes o el mismo día del vencimiento, para pedir más tiempo para seguir discutiendo. Tenemos todos la obligación de sentarnos a analizar y discutir la realidad que hay para atrás para analizar y para adelante, y cuáles son los acuerdos políticos que se logran hacia atrás y hacia delante”, señaló, puesto que hay unos 700 millones de retroactivos que reclama la provincia a los municipios por las diferencias generadas desde la puesta en vigencia de la ley 648.
“En todos los casos van a requerir la participación de los cuerpos parlamentarios provinciales y municipales”, sostuvo sobre el rol de los cuerpos colegiados en este debate.

“El conocimiento cabal fue en octubre”

Consultada acerca de si sabía hace tiempo de la interpretación de la 648, respondió que “el conocimiento cabal de la 648 se dio en octubre cuando lo anuncié y dije que hace tres años estaban diciendo que analicen el 25%. No había acuerdo en el análisis. Lo que pasó es lo que dije. El mes de octubre llega el informe. Había gente que decía sí, gente que decía no, y ninguno que decía no ponía en el presupuesto una interpretación diferente. Los legisladores nunca pusieron una discusión diferente. Lo cierto es que a octubre del 2011 me llega el informe y al mes siguiente lo mando al Fiscal de Estado solicitando que haga la presentación”, detalló, despegando esta decisión de cuestiones electoralistas.

“No merecemos este trato”

En cuanto a la manipulación de esta ley, en función de que se habría esperado desde el PSP al resultado de las elecciones para recién accionar, calificó estos dichos de “barbaridades”. “Se han dicho barbaridades, como que el gobierno sabía y especuló porque tenía candidatos a intendentes. La verdad me parecen declaraciones de un grado de temeridad que amerita que no se discuta públicamente. Que hagan una presentación judicial –reclamó-, porque eso sería incumplimiento de deberes de funcionario público, poniendo por delante intereses partidarios por sobre intereses del estado provincial. Quisiera saber en las encuestas que teníamos todos si alguien puede suponer que yo estaba especulando, ni el Dr. Echazú (candidato en Ushuaia) ni Sergio Álvarez (candidato en Tolhuin) ni el ex concejal Gustavo Longhi (candidato en Río Grande) ni yo merecemos este tipo de trato. Por eso creo que no es en la vía de los medios públicos que debe canalizarse, sino en la vía del incumplimiento de los deberes de funcionario público”, volvió a decir, desafiando a que presenten una acción penal en su contra.

“Quien aumenta la tarifa soy yo”

Por otra parte fue consultada sobre la advertencia de la empresa Roch de un posible aumento en las tarifas de luz y gas, por la aplicación del IVA, en función de las declaraciones del ejecutivo de la empresa Fernando Saudino.
“Lo leí pero quien aumenta la tarifa de luz soy yo, por decreto y previa audiencia”, sentenció.
“No hay absolutamente nada que se esté discutiendo en relación a la luz, y las tarifas de gas no las aumenta una empresa como Roch sino lo autoriza la Secretaría de Energía de la Nación. A la vista no hay ninguna posibilidad de esto. Si lo hubiera, sería en el ámbito nacional y tiene que ver con la quita de subsidios, pero no sería por la 19640 ni por el decreto 751”, concluyó la mandataria.