El intendente de la ciudad de Río Grande, profesor Gustavo Melella, formalizó una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia para que no se avance en la quita del 25% de los recursos al municipio, atento que afectaría seriamente a toda la administración, a la gestión de obras y a los servicios que presta. El Jefe comunal describió que de avanzar en la quita de un 25% en contra de los municipios, se concretará “una merma que es importantísima, son más de 100 millones de pesos, más lo que se reclamaría como deuda por no haberlo hecho a esto antes”.

En esta presentación, en la propia sede del máximo órgano judicial de la provincia, el Jefe comunal fue acompañado del secretario de Gobierno, contador Paulino Rossi, y el Asesor Letrado, doctor Daniel Garay.
Luego de la presentación del escrito judicial, el intendente Gustavo Melella explicó que ésta se hizo “en el marco de defender lo que creemos que es la autonomía municipal, la cual se va a ver seriamente afectada si esto avanza, hay muchas implicancias, desde lo legal, desde lo técnico, pero también desde lo financiero y desde la gestión de todos los días”.
El jefe comunal advirtió que “si esto prospera, es un 25 por ciento de la coparticipación que nosotros perdemos que va a impactar directamente en los trabajadores pero también en la ciudad, en los servicios que el municipio brinda, y sobre todo porque creemos que tiene que ver con un avasallamiento sobre la autonomía municipal y también creemos que hay distintos motivos en este sentido, es la Legislatura la que durante muchos años fue llevando adelante el presupuesto y lo fue aprobando y se fue ejecutando, y después de varios años se vuelve con este pedido”.
El mandatario apeló a que “la Justicia sea justa, falle a favor de los municipios, porque sino verdaderamente el caos que se va a crear va a ser realmente grande a las ciudades y a las gestiones, y no se va a resolver por otro lado el problema de la provincia”.

Cien millones menos

El intendente Melella describió que de avanzar en la quita de un 25% en contra de los municipios, se concretará “una merma que es importantísima, son más de 100 millones de pesos, más lo que se reclamaría como deuda por no haberlo hecho a esto antes, insisto se va a poner en jaque, es para entregarles las llaves de la ciudad a la Justicia y que se hagan cargo de gestionar porque va a ser muy complicado, pero también entendemos que si la Justicia falla a favor de los municipios, porque creo que tiene que haber decisión de la Justicia y no dilatarlo, los municipios siempre tuvimos la buena predisposición de sentarnos con la provincia y colaborar y ver cuál es el problema estructural que tiene y acompañarlos”.
El mandatario comunal aclaró que “esto no es una guerra entre la provincia y los municipios, es la defensa nuestra de la autonomía municipal, defender que hemos venido trabajando en un sinceramiento de nuestras finanzas, que tenemos que seguir haciéndolo pero es defender también a cada vecino de Río Grande”.
Insistió que “no es una guerra; una pulseada, si la gana Ríos o Melella, Ríos o Sciurano, Ríos o Queno, tiene que ver con una presentación que hizo la Gobernadora, nosotros estamos en nuestra posición diciendo que debemos defender la autonomía, que esto no corresponde hacerlo, ni desde el punto de vista político, ni legal, ni desde la gestión, pero que estamos dispuestos el día después también a colaborar con la Provincia, pero si esto sucede el caos que van a crear a las ciudades es grandísimo, y creo que ni la justicia ni nadie quiere que pase esto”.

Una contestación punto por punto

En tanto el doctor Garay detalló que fundamentalmente la presentación está basada “en la ausencia de certeza en lo que el Fiscal de Estado está peticionando, que en realidad está pidiéndose dilucidar una cuestión de interpretación de las Leyes del Financiamiento Educativo que se fueron sucediendo en el tiempo y que fueron sancionadas las leyes por la Legislatura de la Provincia, y que el Fiscal de Estado entiende que se le deberían deducir un porcentaje de los recursos que les corresponden a las municipalidades para financiar el Sistema Educativo”.
Explicó que el municipio está planteando “que no hay de ninguna forma una falta de certeza porque la Provincia fue computando los presupuestos a partir de la sanción de las leyes de Financiamiento Educativo sin ninguna detracción a los municipios, por ende se comprende y la Provincia lo entiende, que no tenía ningún derecho a practicar ninguna detracción o quita de recursos coparticipables a los municipios”, rebatió.
Asimismo recordó que también hay un antecedente de la misma Fiscalía de Estado “en un juicio que también inició el Municipio de Río Grande contra la Provincia, donde se reclamaban los fondos que la Provincia había obtenido de las petroleras, fondos que por deudas tributarias, y la Fiscalía de Estado sostuvo a través de un dictamen muy claro que no correspondía deducir los recursos coparticipables a los municipios sino que primeramente debía deducirse los recursos a los municipios y luego el excedente de lo que quedaba para la Provincia debía ser destinado a educación y salud, de modo que hay un antecedente que la Fiscalía de Estado tuvo una conducta y que hizo presumir y hace presumir a los municipios que ese criterio se debe mantener a lo largo del tiempo”.
Agregó que “nosotros hicimos la presentación contestando punto por punto cada una de las argumentaciones del Fiscal de Estado, entendemos que no hay razón jurídica para hacer este planteo, sin perjuicio de ello hay otros cuestionamientos que son de orden político que entendemos que la Justicia no debe dirimir, más que nada se hace un relato histórico de lo que fue aconteciendo a lo largo del tiempo en la provincia, desde las sanciones de las Leyes de Financiamiento Educativo, pasando por la creación de la Provincia, entonces lo que hay son consideraciones del tipo político que la Justicia entiendo no debiera pronunciarse porque escapa a su competencia”, observó.
Por último, comentó que el Municipio de Río Grande trabajó conjuntamente con la asesoría letrada de la Municipalidad de Ushuaia. “Estuvimos en contacto porque hay cuestiones que son comunes, los intereses son comunes y por ende cada uno de los municipios con diferentes matices lo que está defendiendo en definitiva es la autonomía municipal, en definitiva se trata de preservar los recursos financieros que les corresponden constitucional y legalmente a los municipios”.