Con un faltante de dinero millonario ampliamente probado, la justicia penal continúa con la investigación del destino de los fondos CRECE, esta vez focalizada al rol que le cupo a los contadores, tesoreros y ministros de Economía que pasaron por la gestión del ARI. Los primeros imputados fueron Alejandro García, ex secretario de la Producción durante la administración Cóccaro, y Fabio Delamata, actualmente funcionario de tercera línea del equipo económico, quienes resultaron sobreseídos aun cuando se comprobó en la instrucción la “ilegítima” apropiación de estos fondos destinados al financiamiento de emprendimientos privados.

Delamata acusó a sus superiores

Por su parte, Fabio Delamata en su declaración admite que la cuenta de los CRECE está en cero, pero atribuye la responsabilidad a la unificación de cuentas al ex Ministro de Economía Raúl Berrone, y asegura que en función de la resolución que este ex funcionario dictara, al finalizar cada día el monto ingresado se gira a la cuenta única del tesoro.
También admite que no se entregó dinero para ningún emprendimiento durante la gestión del ARI, aunque cinco fueron aprobados por el área a su cargo y siguen a la espera de que el gobierno gire los fondos correspondientes.
Delamata reconoce que el gobierno tampoco pagó ninguna de las cuotas acordadas para la devolución del embargo de ocho millones por parte del municipio y SADAIC, extendiéndose en su relato sobre las recomendaciones que oportunamente hizo para que esto se cumpliera y que, al no ser oídas, determinaron que pidiera la intervención del Fiscal de Estado.
Este funcionario, asimismo, deslinda toda la responsabilidad en el Tesorero, el Contador General y el Ministro de Economía, con especial mención de Eugenio Sideris, firmante de una resolución que dispone la unificación de cuentas.
Pese a la probada irregularidad y el faltante de dinero que además certifica el Tribunal de Cuentas, la jueza considera que la decisión sobre el uso de estos fondos “excede las obligaciones y funciones” de los imputados García y Delamata, por lo cual se dispone su sobreseimiento.
La instrucción de la causa continúa, con complicaciones para quienes tomaron las decisiones políticas para que se violaran, entre otras, las normas que velan por la intangibilidad de estos fondos