La protesta en el domicilio de los funcionarios no es una modalidad nueva, aun cuando para el concejal Gustavo Longhi, uno de los que utilizara el ‘escrache’ durante su militancia sindical y partidaria, sea una metodología “obsoleta”.
La novedad sí la trajo el ARI que, a diferencia de referentes de diversas fuerzas políticas que llegaron a sufrir daños en su propiedad, esquivaron huevazos y debieron escuchar todo tipo de cánticos e insultos, opta por la intolerancia y la descalificación como respuesta.
La semana pasada tuvo lugar el segundo “escrache” en el domicilio particular de la gobernadora, por parte de un grupo de trabajadores que reclamaban por su salario y por un Ministerio de Trabajo jerarquizado a partir de su accionar y no por el mero cambio de rango que le imprimió esta gestión.
Al igual que la primera vez, la gobernadora Fabiana Ríos y su esposo y concejal Gustavo Longhi, corrieron el límite de lo público para desviar el objetivo de la protesta hacia su hija menor -la única que se encontraba en el domicilio según dijeron- una adolescente que ya debe lidiar con el escándalo de los pasajes del Congreso para su cumpleaños de 15.

En esto también innovaron los funcionarios aristas, puesto que ninguno de los ‘escrachados’ a lo largo de la historia fueguina había puesto por delante a sus hijos o su familia para escudarse de los reclamos sociales, y todos ellos la tenían y la tienen.
Sin intentar reivindicar eventuales daños a la propiedad o las personas –que no se produjeron en este caso- las manifestaciones de protesta, cuando se realizan en la vía pública, son parte del ejercicio de un derecho que, le guste o le pese a unos y otros, forma parte -y enhorabuena- de las reglas de juego de la democracia.
Las marchas no sólo resultan molestas para los funcionarios, sino también para los conductores que deben lidiar con calles cortadas, para los comerciantes que a veces eligen cerrar sus puertas por razones de seguridad, para los vecinos afectados por el ruido de los bombos; y aun así siguen siendo un derecho, defendido y ejercido por los mismos que hoy condenan su práctica.

Bustos, curiosamente, fue ‘escrachado’ en su domicilio por Longhi y Ríos cuando era legislador durante el primer mandato de José Estabillo. Varias habían sido las protestas sindicales, con una modalidad que por entonces no era tan ‘obsoleta’ como ahora lo intenta presentar el gobierno.
Sin embargo y aunque a nadie pueda resultarle agradable el repudio, para el radical estos ‘escraches’ son “parte de la actividad gremial y política”.
“Cuando uno desempeña un cargo público, deja de tener vida privada y pasa a tener vida pública, por lo tanto la exposición es normal –expresó-. No deberían molestarse, es propio de la exposición”, insistió, observando que la forma de expresarse de los gremios no difiere mucho de su época de legislador. “Los funcionarios dejan de ser privados y pasan a ser públicos”, remarcó, como también que en la experiencia que le tocó vivir se agregaron algunos daños que tuvo que atender, cuestión que no fue así en esta oportunidad. “Mis amigos tuvieron que ayudarme a cambiar las cubiertas de la camioneta, sacar el aerosol de la camioneta por las pintadas, arreglar algunos vidrios. Eran las expresiones gremiales de aquel momento y varios de los que hoy son funcionarios eran entonces dirigentes gremiales”, apuntó.
No obstante en ese “escrache” no había nadie en la vivienda: la policía había dado aviso a su esposa de la marcha que se dirigía a su propiedad y alcanzó a salir antes. “Mi esposa cambió de domicilio nada más. Esto es así y cuando uno pasa a la función pública hay que aguantarse la que viene”, se resignó.