El secretario de Comercio Javier Calisaya confirmó ayer a FM Del Pueblo que en la fecha había realizado “una presentación formal poniendo a disposición el cargo de Secretario de Comercio, en el que fui nombrado al inicio de la gestión de gobierno. Tiene que ver con la seguidilla de acciones y declaraciones públicas que se dieron esta semana”, dijo, y mencionó que el día anterior lo llamó “el Ministro de Economía para comunicarme que me estaban solicitando la renuncia. Cumpliendo con este pedido, y entendiendo que la facultad la tiene la gobernadora, puse a disposición el cargo que ella me asignó”.
Seguirá trabajando hasta que se disponga su baja. “Por el Ministro, tengo entendido que se firmará el decreto cuanto antes. La verdad no tengo notificación de cuándo se haría efectivo. Lo que me preocupa es la cuestión política detrás de esta decisión, que no tiene que ver con una decisión del Ejecutivo sino con las presiones políticas que hay por afuera del gobierno provincial”, reveló.
“Atento a esto, y por la responsabilidad que tengo como parte del gabinete, puse a disposición el cargo, como se me había pedido y esperaré el decreto de baja de la gobernadora”, reiteró.
Su paso por la gestión Bertone “ya es un ciclo finalizado. Nosotros somos trabajadores y tratamos de darle esa identidad también a la gestión en los lugares que ocupamos. Yo le agradezco a los trabajadores de la prensa, porque han colaborado con la difusión y publicidad de cada acción del gobierno, que es importante para generar confianza en la gente, que vea un estado que interviene, que está activo y resuelve el problema”, expresó.
“En segunda instancia, le agradezco a la señora gobernadora, porque personalmente le tengo mucho afecto y cariño, también le tengo respeto, y entiendo que el escenario en que le toca gobernar no es el más fácil. Hay que estar en sus zapatos para saber de las presiones que tiene, inclusive internas”, manifestó el funcionario.
“Lo que me preocupa es que justamente algunos actores que no ejercen el Ejecutivo estén presionando mucho más que los resultados de una buena o mala gestión que tengan los funcionarios”, cuestionó Calisaya.
Por Radio Provincia señaló que “es claro que quien ejerce el Ejecutivo es la gobernadora” y recordó que “el lugar que yo ocupo es en función a un acuerdo electoral que se dio en su momento. Tras el acompañamiento de Nuevo Encuentro en el ballotage, para el triunfo de esta gestión de gobierno, se dio la posibilidad de ver en qué sector podíamos ayudar a la gestión. Así se resolvió que podía trabajar en la Secretaría de Comercio, con la identidad que nos caracteriza, porque nunca dejamos de decir cuál es nuestra identidad política, nuestro pensamiento ideológico, y nuestra pertenencia nacional, porque somos parte del kirchnerismo. En el 2015 acompañamos esta fórmula de gobierno perteneciendo al kirchnerismo. En las generales perdimos en primera vuelta y acompañamos en la segunda a esta propuesta del FPV. No se nos puede achacar que hagamos ahora lo mismo que hicimos en 2015, que es seguir en el kirchnerismo”, planteó.
“Más allá de la falta de personal, avanzamos en políticas públicas acompañando y enriqueciendo la gestión de gobierno. Hay muy pocos sectores que puedan venir a criticar que nosotros no le hemos puesto el cuerpo a la gestión. Al contrario, el trabajo de mi equipo político, que fue dado de baja, del sector de abogados e inspectores, fue impecable”, destacó el Secretario.
Le quitó dramatismo a la imposibilidad de seguir trabajando y afirmó que “dejará un área fortalecida, que no es el mismo escenario que encontramos al inicio de la gestión”.
Volvió a lamentar la intolerancia frente a la diversidad de pensamientos, marcando que no es igual en todos los casos: “Todos los partidos estamos cruzados por internas y diferentes miradas y no hay que tenerle miedo a las diferentes opiniones. Inclusive hay funcionarios que están apoyando otros frentes electorales, como Omar Nogar -Secretario de Hidrocarburos-, que apoya a Stefani, pero no se mide con la misma vara ni se pide el apartamiento con la intensidad con que se me pidió a mí. Quizás tiene que ver con que algunos referentes se sienten más cómodos con este candidato que con el que decidió mi partido. Yo no estoy en los equipos de campaña ni soy candidato, pero si se sienten cómodos con otro candidato, que no traigan la discusión a un área que no corresponde”, reclamó.
Apuntó que “en el mismo partido -justicialista- hay diferentes posiciones y muchos compañeros están enojados y evaluando apoyar al candidato del otro frente. Yo públicamente dije que se debía generar un solo frente con todos los sectores, entendiendo que todos estamos en el campo nacional y popular, pero no se pudo lograr. Yo perdí la discusión interna partidaria y no pude hacer que los sectores que acompañan al gobierno municipal se sumen a los sectores que están en los gobiernos municipales”.
“Yo no estoy en campaña, acompaño a la gobernadora porque la creo capaz, no le toca ser gobierno en un buen escenario económico y político nacional, y hay que ayudarla. Tengo que dar un paso al costado por las cuestiones internas del PJ, pero hay muchos reclamos dentro de ese partido de sectores que no quedaron conformes con la lista del frente Tierra de Unión. Si tengo que pagar los costos políticos, no tengo problema en tanto le resuelva un problema a la gobernadora”, sostuvo.
Más sanciones a La Anónima
En el tramo final de su gestión, el Secretario de Comercio avanzó con nuevas sanciones al supermercado La Anónima, en este caso por la Tarjeta del Mar, que financia VISA.
Indicó que la sanción se firmó el miércoles a ambas empresas, “luego de que un vecino de Río Grande denunciara que fue damnificado”.
Relató que el denunciante hizo “compras con tarjeta de crédito, tiene una deuda como pasa actualmente y un plan de pagos que acordó telefónicamente con la tarjeta de La Anómica. Pero después, como suele pasar, aparecieron empresas de gestión de cobranzas, reclamando un importe que no tenía que ver con la deuda ni tampoco con el plan de pago que había acordado.
Esta persona hizo un reclamo por carta documento para que le informen cuál es el importe a pagar, aportando los tickets con los pagos regulares del plan de cuotas pactado. No tuvo ninguna respuesta y por eso se acercó a Defensa del Consumidor. Nosotros convocamos a ambas empresas, porque son solidariamente responsables, tanto VISA como la tarjeta de La Anónima”, dijo.
“Aparte de no responder a los reclamos, tampoco se acercaron a las reiteradas convocatorias a audiencia de conciliación por parte del estado. Es doblemente grave la falta y la mala fe, porque no hay ninguna voluntad para resolver el conflicto. Hubo un descargo extemporáneo por parte de VISA deslindando toda responsabilidad, pero los fundamentos no satisfacen la mirada de la Secretaría de Comercio en cuanto al cuidado y la defensa de los consumidores”, afirmó.
Respecto del importe de la multa, dijo que “el monto tiene que ver con la capacidad y volumen de estas empresas. VISA prácticamente tiene el monopolio de las operaciones con tarjeta de crédito en Argentina, y la tarjeta La Anónima, que es exclusiva para los clientes del supermercado, es una de las grandes empresas de la provincia, que opera con una gran cantidad de clientes”.
Después de una multa pueden ocurrir dos cosas: “Hay personas que la acatan y pagan dentro del plazo para tener una reducción del 50 por ciento. Es la manera más rápida de resolver la sanción y, si corresponde, se hace alguna indemnización al denunciante. En otros casos, como ocurre en este, las empresas apelan. Lo primero que tienen que hacer en la apelación es depositar el ciento por ciento de la multa, porque así lo establecen las leyes provinciales. Se da por sentado que el Estado tiene razón, que ha cumplido con todo el procedimiento administrativo y con el derecho a defensa que tiene el denunciante. Es decir que primero deben pagar y luego apelar a tribunales”, detalló del proceso.
Aclaró que esta multa “no incluye la indemnización al damnificado, que puede presentarse en tribunales si cree que corresponde indemnización por malos tratos. Está claro que no responder y no dar información a los consumidores, está penado por la ley. En este caso el consumidor está pidiendo que le cobren lo que deben, ni más ni menos, sin hostigamiento de terceras empresas, porque empiezan a aparecer estudios jurídicos y algunas empresas fantasma, que quieren algún beneficio económico apretando a los consumidores, que no responde a lo que adeudan las personas”, concluyó Calisaya.
