El Dr. Federico Rauch sentó postura frente al descuento del 1,9% a los empleados estatales del escalafón seco no afiliados, con destino al gremio de ATE, en función del acuerdo salarial realizado entre el gremio y el gobierno.
“Es una de las tantas locuras que se basan en el progreso de la anomia social y normativa. Todo el mundo se cree con derecho a cualquier cosa”, dijo por Radio Provincia, molesto porque “las normas se violan sin mayor problema y pareciera que hay insensibilidad, ignorancia o incapacidad de responder a estas situaciones”.
“Los gremios que dicen representar a los trabajadores, evidentemente tienen muy poca representatividad, porque si la tuvieran, no necesitarían ejecutar este tipo de actos extorsivos, en contra de quienes supuestamente representan, que son los empleados estatales”, cuestionó el abogado, ante el avance sobre los trabajadores que no han querido afiliarse.
“Yo evalúo la situación desde la información periodística –aclaró-. Si fuera cierto que se firmó un acta entre inciertos representantes sindicales y funcionarios del gobierno, poniéndose de acuerdo entre ellos y utilizando el poder del Estado, para realizar una maniobra extorsiva, consistente en quitar un pedazo del sueldo a empleados estatales que no se encuentran afiliados al sindicato, cuando ellos no han prestado conformidad para que les hagan esa quita, esto claramente eso es nulo, de nulidad absoluta, y además a mi juicio constituye la comisión de varios delitos, contenidos en el código penal”, sentenció.
“No creo que solamente sea una irregularidad y creo que algún fiscal va a tener que actuar para investigar si esos delitos se cometieron o no”, reclamó Rauch.
“La argumentación de estos sujetos que afirman que están bajo la ley y lo pueden hacer bajo el artículo 9 de la ley de paritarias, es burdamente falsa. En el texto del artículo que invocaron, surge claramente que no se puede hacer, porque habla de los empleadores y no de los empleados: lo que la ley permite es que los convenios son obligatorios, aun cuando los empleados no estuvieran afiliados al sindicato. Ese artículo no tiene absolutamente nada que ver con la situación de la que hablamos”, aseveró.
Agregó que “no podría haber una norma legal en la Argentina que le otorgara una suerte de patente extorsiva a un sujeto que dice que me va a representar, aunque yo no le permito que me represente, y me va a sacar plata del bolsillo para justificar la representación que no quiero. Eso es una extorsión y un delito, y se hace mediante la participación del Estado”, alertó.
Subrayó que “esto no se podría hacer sin la conformidad y la connivencia de los funcionarios públicos que están en esa paritaria. El descuento no se podría hacer sin la complicidad del gobierno, así que acá el cómplice es el empleador y el que hace las retenciones para un sujeto que se arroga la representación que los empleados no le dieron, ni le autorizaron a retener parte de su salario”.
“Esto es un delito, ni siquiera es irregular”, reiteró el letrado.
Demanda colectiva
Además de poner a disposición el estudio jurídico para patrocinar a los estatales, el Dr. Rauch aseguró que “los trabajadores que se sienten afectados pueden pedir un amparo ante el juez laboral competente; y, si ese amparo es colectivo, mejor”.
“Eso es en la faz civil. Espero que no sea necesario y que esta animalada o burrada sea corregida de oficio, porque acá no hay interpretaciones: esto no es la primera vez que se intenta y siempre hay algún vivo que trata de ver cómo hace para vivir gratis de los demás, pero obviamente no prosperó en ninguna sede judicial”, enfatizó.
“Las discusiones que se dieron en la Corte Suprema de Justicia fueron muy claras, porque algunos casos llegaron, y la Corte dijo que no podía hacerse ningún descuento porque es obvio, no es voluntario. Esto es lo mismo que ir con una pistola, encañonar al sujeto y decirle que les dé la plata. Espero que actúe algún fiscal y que no sean los trabajadores los que tengan que ir a ver a los abogados para defender nuevamente sus derechos”, manifestó.
Subordinación fueguina
Por otra parte, el Dr. Rauch dio a conocer un fallo de la semana pasada de la Corte Suprema de la Nación, dictado en una causa análoga a la demanda colectiva que llevan los fueguinos contra las automotrices, por la concertación de precios.
Dijo que “resulta relevante, porque se trata de una situación similar del punto de vista jurídico a la situación que sufren los fueguinos. La Corte ha sostenido que en los contratos de venta de autos se produce una relación de subordinación. Tal como venimos sosteniendo en la demanda, efectivamente los fueguinos nos encontramos en una situación de relación subordinada con las automotrices. No tenemos opción frente a la posición concertada de las automotrices, que son las que se apropian de los beneficios fiscales, y terminan vendiendo el vehículo a valores iguales o superiores al resto del país. Es decir que se quedan con un 40% del precio. Eso ocurre directamente en Buenos Aires, porque ni siquiera entra la plata aquí”, observó.
“Es lo que acaba de decir la Corte en un caso similar, donde el contrato era con uno de los bancos. Me pareció relevante, porque es la línea en que nosotros encauzamos los derechos de los fueguinos en esta demanda histórica. Este fallo dice lo que expone la demanda de los fueguinos y es uno de los puntos troncales de la demanda”, sostuvo, valorando el importante precedente.
Recordó que en esta demanda “se presentaron siete mil fueguinos y está en trámite. En Latinoamérica no hay antecedente de una demanda de este tamaño”, señaló, e informó que las novedades se publican en la página del Estudio Rauch, ante la imposibilidad de comunicarse individualmente con cada uno de los que han adherido.
“Hay un dictamen del fiscal sobre la admisibilidad y estamos esperando la resolución de admisibilidad del juez. Recién entonces podremos notificar en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires a todas las terminales automotrices”, concluyó.
