Desde la Justicia de Tierra del Fuego se informó que la acusación fiscal contra el intendente de Río Grande, Gustavo Melella apunta a irregularidades en la obra pública y no a abusos sexuales, como se informó en medios nacionales en el mediatizado caso. Los dos casos de abuso sexual planteados por el denunciante no tuvieron acogida en la Fiscalia, quien las desestimó por “no encontrar quiebre de la voluntad” en los denunciantes. Más allá de esto planteó investigar si hubo irregularidades en la contratación de la obra pública.
La causa es llevada adelante por el Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad de Rio Grande, a cargo del Juez Raúl Sahade, a partir de la denuncia del abogado Francisco Giménez quien puso en conocimiento que tres personas, a cambio de favores sexuales, estarían siendo beneficiados con trabajos de obra pública por parte del Intendente Gustavo Melella.
Tras la declaración testimonial de esas tres personas, solo dos instaron la acción judicial y el tercero lo hizo finalmente mucho después con el patrocinio del propio Gimenez.
El juez Sahade corrió vistas al fiscal Mayor, interviniendo por subrogancia el Dr. Pablo Candela quien desestimó la denuncia debido a que consideró que no hubo abuso sexual.
Candela fue contundente en aseverar que no se avizoró “el quiebre de voluntad” en ninguno de los dos casos planteados primeramente como abuso sexual, y el propio acusador planteó la inexistencia de delito alguno.
Ahora este pedido Fiscal debe ser resuelto por el juez interviniente para dar continuidad o no a la investigación en ese sentido.
En cuanto al tercer caso que tardíamente decidió instar a la acción penal, el Fiscal Mayor titular, Guillermo Quadrini, deberá expedirse como lo hizo el fiscal Candela en los primeros dos hechos.
Los denunciantes no entregaron los teléfonos donde supuestamente están los audios: Si bien se dieron a conocer los audios en los medios nacionales, desde la Justicia en ese sentido se aclaró que los teléfonos donde estarían los mensajes que habrían ocurrido entre el Intendente y los damnificados no se secuestraron porque los denunciantes pidieron conservarlos “debido que es una herramienta de trabajo”
Fuente: Crónicas Fueguinas
