El pedido fue acompañado por el legislador del bloque UCR-Cambiemos Oscar Rubinos, y el mopofista puso en duda que los hechos sean como se mencionan, atribuyendo las denuncias públicas a una campaña política ya lanzada.
“Esto ha generado una gran incertidumbre y una profunda preocupación en la comunidad educativa. No nos podemos quedar con una apreciación subjetiva de un funcionario en particular,sino que tenemos que ser más serios y poner blanco sobre negro en esta situación”, sostuvo.
Se le preguntó si prevén convocar al SUTEF, que se sintió señalado por el vicegobernadora Arcando como responsable de los sabotajes: “En principio la citación es para los funcionarios del Ejecutivo que hablan de los supuestos hechos de sabotaje”, aclaró y aportó una particular mirada personal sobre los hechos expuestos. “Creo que es una acción de propaganda política del Gobierno de la provincia que responde a dos fines. Uno, toman a los docentes y no docentes de los establecimientos educativos como verdaderos adversarios o enemigos del gobierno, atribuyéndoles todos los males que puedan llegar a existir en los distintos establecimientos. El otro, es que ya se lanzó la campaña por la reelección de Bertone y necesitan subir al ring a un adversario que adolece de cierto desprestigio respecto de algunos de sus dirigentes. Tratan de generar un escenario político para tapar el sol con las manos y evitar que quede a la luz su falta de gestión”, acusó.
Recordó que la ley de emergencia educativa “habilitó al gobierno a la contratación directa para hacer reparaciones en los establecimientos y, cuando uno asiste a algunos colegios, los desperfectos en las instalaciones no son producto del macabro plan sistemático de una mente enferma, sino de una falta de presencia del estado en el mantenimiento”.
A partir de esta visión, se le preguntó si está negando denuncias efectuadas por los propios directivos de los establecimientos, que fueron quienes encontraron mecheros de gas abiertos: “También han puesto como ejemplo de sabotaje que se rompió el flotante de un inodoro en una escuela, que sucede en todas las casas y eso no es un acto de sabotaje. En la escuela 9 se habló también de un sabotaje y en realidad estaban reparando una caldera en pleno horario de cursada. Si es cierto lo que sucedió en Tolhuin -con el mechero abierto- eso amerita la investigación correspondiente, pero me aparece muy apresurado tratar de enrostrar esa conducta a una asociación gremial, algún dirigente o algún docente”, opinó.
“Con el incendio del IPRA salieron a denunciar la supuesta existencia de mafias y que fue producto de un apriete a la gobernadora, y cuando uno solicita información a las fuentes policiales y judiciales, no se corresponde con esos hechos”, afirmó.
No escapó de la consulta la decisión de Oscar Rubinos de sumarse a este pedido, que marcaría un cambio en la relación con el oficialismo: “Por lo que hablé personalmente, en este caso en particular hay disposición para requerir la presencia de las autoridades. Entiendo que tiene que ver con este tema en particular, porque si vamos a las votaciones en las sesiones, la situación sigue igual”, dijo.
Por otra parte, se le pidió opinión sobre la posibilidad de sacar del país los fondos de la colocación de bonos, para su resguardo. “Lo veo con mucha preocupación y la Constitución autoriza al gobierno a tomar deuda para la ejecución de obras, no para jugar a la bicicleta financiera”, criticó.
“No nos interesa que la provincia se constituya en una entidad financiera para obtener rédito con la colocación de dólares, sino que hagan lo que tienen que hacer. Hace más de un año y medio que está autorizado ese empréstito, que es para poner en ejecución la obra pública”, concluyó.
