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miércoles, agosto 29, 2018

“Desde noviembre no envían fondos del FONAVI y deben 700 millones del fideicomiso”, dijo Bertone

La gobernadora Rosana Bertone expuso ayer un incumplimiento de larga data por parte del Gobierno nacional en la remesa de fondos para obra pública, que implican un ajuste de hecho y se viene aplicando, mucho antes de que explotara la crisis de los últimos meses.

Luego de la promesa del ministro Rogelio Frigerio de invertir más de dos mil millones en la provincia, los anuncios se topan con una realidad de obras iniciadas pero que no reciben los fondos para el financiamiento, y debe cubrir la provincia.

En conferencia de prensa, la mandataria precisó que “desde noviembre no recibimos los fondos FONAVI, y del fideicomiso austral se nos adeudan alrededor de 700 millones de pesos”, destacando la herramienta aprobada por la Legislatura que permitirá seguir adelante con estas obras, pese al ajuste nacional, con los fondos de la colocación de bonos.

“La Legislatura nos autorizó a sustituir esas partidas y el ministro de Obras Públicas se ha comprometido a que, una vez que sustituya una partida, va a comparecer ante la Legislatura para decir en qué obra lo ha realizado. En el aspecto de obra pública no nos vamos a ver afectados porque lo vamos a cubrir con fondos propios y esa es la gran diferencia que tenemos con otras jurisdicciones, al tener recursos propios para poder hacer las obras y continuar el movimiento interno de nuestra economía provincial”, subrayó.

La zona norte se verá reforzada con “una imputación de 900 millones”, producto del nuevo menú de obras aprobado el jueves pasado. “Anteriormente teníamos el microestadio, que es una obra de más de 300 millones, la fibra óptica que va a pasar por toda esta zona, toda la infraestructura de margen sur, todas las viviendas en construcción, la tierra que hemos comprado, porque adquirimos 60 hectáreas y en Ushuaia no pudimos hacerlo; y también tenemos la planta de líquidos cloacales. Si sumamos toda la inversión pública y privada, con financiamiento nacional y financiamiento propio, creo que realmente la ciudad de Río Grande siempre ha salido más beneficiada”, afirmó la gobernadora, negando que la mayoría de los fondos se hayan volcado a la capital fueguina.

De cara al ajuste nacional, Bertone prevé enviar un proyecto de “presupuesto provisorio”, sujeto a la readecuación una vez que se defina el presupuesto nacional.

“No tenemos las bases de recursos de coparticipación, el dólar sigue fluctuante y hay una inestabilidad económica importante, así que vamos a hacer un presupuesto provisorio y vamos a solicitarle a los legisladores poder readecuarlo, una vez que se presente el presupuesto nacional. A partir de ahí vamos a discutir el presupuesto porque, hacerlo ahora, sería discutir falsedades”, expuso.

De avanzarse con medidas de ajuste para la provincia, la gobernadora se comprometió a “atenuarlas”, dado que no está definido todavía lo que pasará con las asignaciones familiares ni con el fondo de la soja, con presentaciones judiciales en ambos casos.

“Tenemos medidas cautelares y proyectos en el Congreso, y veremos qué recursos se han podido recuperar y cuáles no. Siempre tengo la expectativa de que las cosas cambien, pero la realidad es que todos los días la situación es más complicada. Hoy el déficit del Ejecutivo provincial solamente ronda los 500 millones y, si a eso le sumamos el Poder Judicial y el Legislativo, que no son recaudatorios, obviamente el déficit crece, pero en general estamos en una situación de equilibrio de las cuentas”, aseveró.

El equilibrio se vería roto de avanzar la nación con un recorte importante como el previsto y, una vez que se conozcan en concreto las medidas, se verá cómo reformular el proyecto provincial. Como premisa, la mandataria no prevé aumentar costos a la población que ya está afectada por la pérdida de poder adquisitivo, y en esta pauta Bertone incluyó la tarifa eléctrica: “Tanto la Cooperativa como la DPE me vienen solicitando aumento de tarifas y yo entiendo lo que ocurre con el valor del dólar con el que tienen que comprar el gas, las deudas que tienen con CAMMESA y que Nación dice que va a ejecutar. En el caso de la Cooperativa Eléctrica es de 500 millones, y en el caso de la DPE es de 300 millones de pesos”, alertó.

Sin embargo, priorizó la necesidad de atender “la situación socioeconómica de nuestra provincia y verificar cuál es la realidad de nuestros ciudadanos. Nos falta un poco más de estudio para ver en qué áreas podríamos hacer alguna modificación y en qué momento aplicarlo. Hoy es un momento muy difícil para la Argentina y para Tierra del Fuego, y yo no quiero perjudicar a nadie, ni a la Cooperativa Eléctrica, que está casi en cesación de pagos porque todos los insumos son en dólares, ni quiero perjudicar a la DPE porque después es el propio estado el que la financia. Pero tampoco quiero perjudicar a los usuarios, entonces tengo que lograr un justo equilibrio, que veníamos logrando hasta que se dio esta disparada del dólar que puso a estos entes en una situación muy complicada”, expresó.

“Yo no les puedo dar todo lo que ellos necesitarían para cubrir su déficit, y esa es una discusión que estoy teniendo con el propio equipo, porque todos tienen que hacer un esfuerzo”, concluyó.

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