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miércoles, marzo 29, 2017

“Si el municipio se queda sin esos recursos va a tener una dependencia absoluta con el gobierno provincial”



Así lo indicó el Secretario Legal y Técnico del municipio de Río Grande, ante el avance del gobierno sobre el cobro del impuesto inmobiliario. Recordó que el dicho impuesto fue cedido por la legislatura territorial a los municipios antes de crear la provincia y que la carta orgánica local lo califica como esencial, por lo que es un derecho adquirido por la ciudad.
En comunicación con el programa Capicúa que emite Fm del Sur, el Dr. Daniel Garay explicó que, “según la interpretación que hace la AREF, la provincia, con la sanción de la Ley 1075 (código fiscal), reasume la competencia para establecer el impuesto inmobiliario y por ende los municipios deberían dejar de recaudar este impuesto”.
La posición del municipio es contraria y apelan a “una realidad histórica. Los municipios lo vienen recaudando desde antes de la creación de la Provincia, porque fue cedido por el territorio nacional, lo que era la legislatura territorial se lo cedió a los municipios en su totalidad”, recordó el funcionario.
Al haber sido traspasado a los municipios a través de la Ley Territorial N°236, se convirtió en un “derecho adquirido”, sumado a esto, “las Cartas Orgánicas municipales lo han establecido expresamente”.
En el caso de Río Grande, “el impuesto inmobiliario y el automotor son de propiedad de los municipios”, tal como lo versa la carta magna local. Garay destacó que los convencionales constituyentes, “han establecido a esos dos tributos como esenciales para el desarrollo de la ciudad, por lo que no se pueden alterar por ningún pacto fiscal ni por ningún acuerdo político”.
El fin fue que, “si se sancionaba alguna Ley que pretendiera quedarse con estos recursos, las autoridades de Río Grande tienen un mandato de agotar todas las instancias necesarias para defender esos recursos y llevar el caso hasta las máximas instancias nacionales”.
Sumado a esto, desde el Ejecutivo local consideran que se puede apelar a “tratados internacionales, porque hay un derecho de los vecinos a gozar de una calidad de vida digna, porque en definitiva los tributos tienen que ir volcados a la sociedad a través de obras y servicios y si el municipio se queda sin esos recursos van a tener una dependencia absoluta con el gobierno provincial”.
Por ultimo aseveró que, “sin esos dos recursos (impuesto inmobiliario y automotor), el concepto de autonomía queda en abstracto, queda vacío de contenido y los municipio van a quedar sin una fuente de financiamiento que es una de las más importantes”.

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