Diana Román, secretaria de discapacidad de CTA, informó por FM del Sur sobre la convocatoria que están realizando a beneficiarios, familiares y organizaciones, para participar “de una asamblea general para analizar el proyecto de ley de eliminación de RUPE, definir acciones a seguir, incluidas las acciones judiciales que podrían iniciarse”, dijo.
Consideró que la reforma que propone el gobierno “es un ataque muy importante contra las personas con discapacidad. Está toda la gente preocupada y movilizada y creemos que es oportuno hacer una reunión rápidamente”.
Respecto del análisis que ya realizó la secretaría de discapacidad de la central obrera, dijo que “el proyecto es claramente la eliminación de las pensiones provinciales. Lo que implica es que la gente vaya a sacar la pensión nacional y se les daría un monto para llegar al valor en pesos de lo que son las RUPE actualmente”.
Remarcó que “esto tiene varias aristas: primero, el Estado se desliga de las pensiones; segundo, no es sencillo acceder a las pensiones nacionales. Por los requisitos, se necesita certificado de pobreza, porque no puede tener bienes ni la persona con discapacidad ni los familiares, incluidos los tíos, los abuelos. Se sube el porcentaje mínimo de discapacidad para acceder y es mucho más restrictivo”, aseguró.
Se centró en la preocupación del sector por la atención en materia de salud, porque “el Estado venía garantizando las prestaciones de alguna manera, y siguieron en el IPAUSS los que no tenían obra social. En este caso vendría a ser una atención en el hospital, y ya sabemos la situación de la salud pública en nuestra provincia”.
“Seguramente no están los profesionales necesarios y ni siquiera con la clínica privada llegamos a cubrir las necesidades de las personas con discapacidad. Por eso hace años se había pensado en el IPAUSS, que permite derivaciones e interconsultas. Restringirlo al hospital es gravísimo”, calificó.
Consultada acerca de si hubo diálogo con los legisladores que estuvieron trabajando en el tema, indicó que “hay compañeros nuestros de la comisión de discapacidad que fueron a la reunión que propició el radicalismo antes de que se quitara el tratamiento de urgencia, con asesores de Martínez Allende y de Urquiza. Ahora estamos preparando un informe, revisando punto por punto el proyecto de ley enviado por Arcando, para remitirlo a cada bloque antes del tratamiento”.
Respecto de las acciones judiciales que se iniciarían, recordó que ya hay una presentación de alrededor de 50 personas realizada en 2014 para que se actualice el monto de la pensión.“Estamos esperando que se expida la justicia, porque no se cumple con la ley que dice que debe equivaler al sueldo bruto de una categoría 10”.
Agregó que “hay gente que desde octubre de 2015 ya tiene el decreto de otorgamiento de la pensión y se encuentra a la espera de partida presupuestaria. Hay otros que no tienen el decreto pero completaron todos los trámites. El año pasado se dieron muy pocas pensiones y empezaron a aplicar una discrecionalidad al momento del otorgamiento. Queremos que la gente que ya tramitó la pensión haga un amparo por mora, porque si se llega a aprobar esta ley no van a poder tener la RUPE”, advirtió.
Incluso denunció que “en Río Grande hay casos que van a tramitar la RUPE y los mandan directamente a tramitarla al Ministerio de Desarrollo de Nación, cuando la ley no está vigente y ni siquiera se ha tratado”.
La convocatoria es para mañana sábado a las 17:30 en el quincho del SUTEF, en Yrigoyen 1380 del barrio Malvinas. “Esperamos que venga mucha gente, porque no todos han tenido la posibilidad de acceder este proyecto y necesitan estar informados”, concluyó la dirigente.
