El Dr. Oscar Ruiz, director del área de Fiscalización Sanitaria, informó por FM La Isla sobre los avances luego de la implementación de nuevos controles, con una disminución en la cantidad de certificados médicos presentados en el primer semestre, dos causas judiciales abiertas como consecuencia y médicos sancionados por firmar sin que existiera una enfermedad real, al margen de los sumarios a los trabajadores
Subrayó que “el objetivo principal es preservar los quebrantos de la salud del personal del estado provincial”, pero en el camino han surgido “contingencias en las que se está trabajando de forma muy profunda”.
La verificación de que el certificado médico presentado por un trabajador responde a la realidad, se realiza por vías formales e informales: “Parte de este proyecto es trabajar intensivamente no sólo con el receptor de certificados como se hizo históricamente, sino con el efector de certificados. Siempre se termina hablando por teléfono, luego de haber cumplido las formalidades. Todas las comunicaciones son por escrito, pidiendo la información requerida y al amparo de las leyes, porque por la ley de protección al paciente hay mucha confusión sobre quiénes pueden pedir la información médica de una historia clínica o no. Varios artículos del decreto reglamentario nos habilitan a quienes ejercemos control y auditoría”, afirmó.
“Después de 32 años de trabajar en Tierra del Fuego, terminamos hablando con los médicos para decirle ‘che, qué estás haciendo’”, dijo Ruiz, ante certificados que despiertan sospechas y, de hecho, derivaron en sanciones a profesionales.
“La formalidad se mantiene, para sentar el precedente en caso de cualquier contingencia jurídica que pueda aparecer”, dijo.
El director estima que tras las medidas se aprecia una disminución de ausentismo: “Puedo hablar de sensaciones porque no hay estadísticas, dado que nunca se hizo este trabajo. La sensación es que disminuyó el ausentismo, pero no es una certeza”.
“Efectivamente los docentes tienen el mayor número de certificados, y en cantidad de certificados hubo una disminución del 11% en el primer semestre. Eran cuantiosos: el año pasado se presentaron 33.088 certificados”, precisó, de los cuales “el 57% son de los docentes. Ese dato impacta, pero debe ser analizado y se va a poder hablar con seriedad a fin de año, cuando haya con qué compararlos en base a la estadística reciente”.
Ruiz agregó que los docentes “en la ciudad de Río Grande son más del 50% de los empleados estatales”, para medir la importancia del ausentismo que se venía registrando.
Presupuestariamente cuantificó el impacto de este año de las licencias por enfermedad del sector: “A fines de agosto la cantidad de jornales caídos en docencia nos da un número aproximado a 72 millones de pesos que se han pagado sin que trabaje la gente, y en el caso particular de la docencia, hay que sumar las suplencias”, dijo.
Confirmó que “en la ciudad de Río Grande ya hemos aplicado varias sanciones a profesionales”, tras corroborarse que no estaba enfermo el trabajador, por distintas vías.
“Entre todos los controles que se han empezado a hacer, hemos encontrado una irregularidad severa en un caso ya demostrado de un título apócrifo. Por supuesto está todo en investigación de la justicia”, manifestó.
En este caso se trata de un cardiólogo con paradero desconocido, y se deberá determinar si había un negocio detrás de la emisión de esos certificados, pero en el ámbito de la justicia: “No se lo ve más en la provincia”, observó Ruiz, sin poder dar más detalles porque “no intentamos ser querellantes, solamente denunciantes, y por lo tanto no tenemos acceso al expediente y no podemos saber nada. Trabajaba como cardiólogo y aparte cumplía otro tipo de funciones”, se limitó a indicar.
Por certificados truchos, ya sea falsificados o por falsas enfermedades, dijo que “hay dos casos judicializados y es el nuevo estilo de control que ha empezado”.
Admitió que “fue un cambio brusco, temblaron los cimientos”, pero destacó que el personal del área “ha apoyado y están trabajando de forma encomiable”.
Como paso siguiente, se cruzarán datos con médicos de otras provincias que extienden certificados a empleados que están derivados, o enferman supuestamente en vacaciones y las extienden, para confirmar que es real la situación. “Todavía no empezamos a trabajar eso hasta aceitar lo local, pero tenemos previstos los mecanismos con profesionales de otras provincias y organismos de fiscalización sanitaria, como somos nosotros”, aseguró.
No será necesario ningún convenio porque forma parte de la regulación que establece la ley nacional que alcanza a los médicos: “Es la ley 17.531 del ejercicio profesional, una ley nacional, y en base a ella hay sanciones también”, concluyó.
