El abogado riograndense Francisco “Paco” Giménez dio a conocer que investiga a la adjudicación de obra pública por parte de la gestión Melella en los primeros cuatro años de mandato, a dos empresas que se habrían enriquecido y no tendrían antecedentes. El letrado, ligado políticamente a la gobernadora Rosana Bertone, sostuvo por FM Centro que se replicó el modelo del kirchnerismo y hubo enriquecimiento de empresarios que tendrían “vínculos políticos”, poniendo en duda quiénes son “los verdaderos dueños” y no descarta una denuncia penal.
En su cuenta de Twitter fue contundente al afirmar que “ya tenemos nuestro Lázaro Báez de la obra pública de la Municipalidad de Río Grande”, al haber encontrado una empresa que en el 2012 tenía “cero de capital y bienes”, y hoy cuenta con millones.
Habría estado “quebrado e inhibido” y el dueño se convirtió “en millonario” y, para el ago, la respuesta es “la mágica obra pública de la Municipalidad de Río Grande”.
Giménez, que respaldó en las últimas elecciones a Bertone, detalló que “desde hace tiempo estarían ganando los mismos las licitaciones” y apuntó a “dos empresas que no tenían ningún tipo de antecedente. Parece ser que fueron creadas a propósito y empezaron a ganar la gran parte de la obra pública. A una de ellas le empezaron a adjudicar obras sin licitación, porque la ordenanza se los permite, al estar por debajo del monto de una licitación obligatoria”, explicó.
“Estoy en condiciones de afirmar que sobrefacturan la obra pública”, disparó, y dijo que “una de ellas tenía por objeto social la compraventa de automotores”, pero con la asunción de Melella cambió de objeto social.
Respecto de los presuntos sobreprecios, aclaró que “no soy técnico pero es un dato objetivo, por el solo hecho de revisar los boletines oficiales. Estamos chequeando uno por uno desde hace cuatro años hasta diciembre de 2015. No puedo decir que son hechos de corrupción pero es un dato objetivo de los boletines oficiales”, remarcó.
Ahora está tras “los legajos de estas dos empresas”, que está requiriendo a la Inspección General de Justicia como parte de la investigación, para probar que una empresa se constituyó apenas días antes de comenzar a ser adjudicataria directa de obras; y la otra cambió de su objeto social de compraventa de autos “y mágicamente le empiezan a otorgar obra pública”.
Deslizó que podrían ser testaferros de funcionarios públicos, al expresar que “habrá que ver quiénes son los dueños, más allá de los que figuran en los papeles. Sospecho que tienen conexión política y será motivo para que lo investigue la justicia en su momento”.
Anticipó que irá a la justicia “si nosotros consideramos que puede haber algún tipo de ilícito”, dado que aparentemente “estas empresas no tenían movimiento en la AFIP y de un día para otro empiezan a hacer obras pública”.
“Pareciera ser que se está replicando un modelo nacional y que es una constante en la obra pública del país, donde empresas con vinculaciones con el poder político o armadas inmediatamente después de que alguien toma un cargo, empiezan a facturar y hacer obra”, dijo.
Agregó que “a estas empresas le han otorgado obra pública cuando no tenían capacidad para realizarla y tuvieron que subcontratar otras empresas históricas con capacidad y en condiciones de hacerlo. Es un dato sospechoso”, concluyó.
