Por orden del juez Andrés Leonelli se realizaron cuatro allanamientos entre la noche de ayer y mañana de hoy en dependencias del municipio de Río Grande, a partir de la actuación de oficio de la Fiscalía Mayor en relación a declaraciones públicas efectuadas por el abogado Francisco Giménez, en relación a “direccionamiento y sobreprecio en la obra pública”.
El Fiscal Mayor el Dr. Guillermo Quadrini convocó en la tarde de ayer al abogado Francisco Giménez a los tribunales del Campamento YPF en relación a declaraciones brindadas y manifestaciones en redes sociales, dando cuenta de posibles desmanejos en la obra pública en la Municipalidad de Río Grande.
Luego de esto Giménez volvió a presentarse a media tarde aportando prueba documental con balances de las empresas mencionadas; Moliterno (ex Lapabros Automotores) , y Constructora Patagonia.
Giménez explicó en su denuncia que la misma consistió a partir “del mecanismo de las dos empresas con poco movimiento hasta que llega la gestión Melella; Moliterno el dueño es Chaer y Barachi, algunos de ellos inhibidos por ser propietarios del antiguo comercio Jash Jorr, y en los balances se muestra que pasaron de un activo de 18 mil pesos a 32 millones en un año”
“Los propios balances muestran que la utilidad de la facturación era del 30%, utilidad que no tiene ninguna empresa de construcción, lo que demuestra sobreprecios”, dijo Giménez, planteando que la denuncia consiste por lo tanto en “direccionamiento, sobreprecios y lavado de activos, yo lo denuncio que la Justicia investigue después si existe o no”, planteó el abogado denunciante.
En cuanto a la empresa “Constructora Patagonia” el denunciante expuso en su aporte a la fiscalía que “estaría vinculada a un funcionario, un señor Menéndez compra las acciones de la constructora cuando Melella en 2012 comienza a ser intendente, y empiezan a trabajar en obra pública, guardando relación con la secretaría privada del intendente”, manifestó en la denuncia.
Procedimientos
Ante las expresiones del denunciante la fiscalía requirió al juzgado de turno, actualmente subrogado por el juez Andrés Leonelli, sendas órdenes de allanamiento para la Municipalidad y las empresas involucradas en la exposición.
Ante las expresiones del denunciante la fiscalía requirió al juzgado de turno, actualmente subrogado por el juez Andrés Leonelli, sendas órdenes de allanamiento para la Municipalidad y las empresas involucradas en la exposición.
Es de esta manera que se allanaron las oficinas de Obras Públicas, y las sedes de las dos constructoras, a la vez que este viernes por la mañana compareció personal policial en la sede del galpón municipal en el parque industrial (foto), a fin de colectar prueba documental en expedientes y en computadoras.
Ahora la causa continuará en el análisis de la prueba documental colectada a fin de determinar si existe responsabilidad penal alguna en cuanto a las contrataciones cuestionadas por el denunciante.
