La Justicia ordenó hoy el allanamiento de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Río Grande en el marco de la denuncia del abogado Francisco Giménez por presunto peculado. “Estoy en condiciones de afirmar que sobrefacturan la obra pública”, había dicho el letrado. El procedimiento se realizó en horas de la noche de este jueves.
La orden, firmada por el juez de instrucción subrogante Andrés Leonelli, apunta al secuestro "de todo expediente administrativo, registros contables, registros de movimientos bancarios, auditorías, documentación vinculada con la intervención del Tribunal de Cuentas Municipal en su función de órgano de control externo y toda documentación respaldatoria y/o complementaria relacionada con las razones sociales denominadas 'Lapabros Automotores S.A.', "Moliterno Emprendimientos Inmobiliarios S.A.' y/o 'Patagonia S.R.L.'". Esto incluye "registros informáticos en los que se pudiera hallar información relacionada con los hechos que se investigan, así como backups del sistema administrativo financiero en que pudieran existir datos de relevancia para esta investigación y todo otro elemento que coadyuve al esclarecimiento del hecho que se investiga".
En declaraciones a la prensa, Giménez había mencionado que "desde hace tiempo estarían ganando los mismos las licitaciones" y mencionó el caso de empresas "que no tenían ningún tipo de antecedente" y "parece ser que fueron creadas a propósito y empezaron a ganar gran parte de la obra pública".
“Pareciera ser que se está replicando un modelo nacional y que es una constante en la obra pública del país, donde empresas con vinculaciones con el poder político o armadas inmediatamente después de que alguien toma un cargo, empiezan a facturar y hacer obra”, había denunciado.
