Es casi la mitad del déficit anual de la provincia. El dato es oficial y lo aportó el subsecretario de Asuntos Gremiales José Luis Álvarez. Por la ley sindical no corresponde subvencionar a los gremios, pero en distintas paritarias se concedieron cupos de horas para permisos y licencias, y se toleraron excesos. Con un delegado cada diez trabajadores, más las comisiones directivas, el gobierno paga aunque no trabajen a más de dos mil dirigentes, distribuidos en 25 asociaciones, de las cuales sólo cuatro están reconocidas por el Ministerio de Trabajo de Nación.
El subsecretario de Asuntos Gremiales del gobierno fueguino, Dr. José Luis Álvarez, reveló ayer por Radio Fueguina la suma multimillonaria que se paga anualmente en permisos y licencias a los gremios estatales, por acuerdos paritarios rayanos con la violación de la ley de asociaciones sindicales.
La noticia se conoció a raíz de la notificación que envió el funcionario por “exceso de permisos gremiales”, advirtiendo que se procederá a los descuentos.
Pero la práctica es parte de la herencia recibida de gestiones precedentes: en el gobierno de Ríos se multiplicó la cantidad de gremios reconocidos por el Estado; y en 2006 se habían acordado 1.500 horas mensuales pagas, para uso de delegados y/o comisión directiva.
“El SUTEF como asociación sindical, por la ley 23551, tiene asignados 30 cupos para los delegados; y por acuerdos paritarios de 2003 y 2006, tiene asignado un cupo de 1.500 horas que también puede usufructuar la comisión directiva”, precisó Álvarez.
Explicó que, ante el exceso de permisos durante el conflicto estatal, se decidió cumplir con la notificación correspondiente: “Por un decreto del ’98 tenemos la obligación como empleador de notificar a la asociación sindical al momento en que ha consumido el crédito, a los fines de que tomen responsabilidad al momento de la emisión de nuevos permisos gremiales, sea para la comisión directiva o para sus delegados”, dijo.
“Esto plantea la posibilidad de que, una vez que la entidad sindical ha utilizado el cupo horario, el empleador podría rechazar el permiso gremial subsiguiente. Si el permiso se tomara de todas maneras, estaría justificado pero no remunerado”, indicó.
La ley y la realidad
El funcionario informó que “el cupo de 1.500 horas fue establecido por acuerdo paritario de 2006”, y admitió que colisiona con la ley de asociaciones sindicales.
“En el artículo 53 de la ley 23551, configura como práctica desleal que el estado como empleador subvencione directa o indirectamente económicamente a las asociaciones sindicales”, dijo Álvarez, siendo el pago de licencias y permisos una forma de subvención.
“Hay dos situaciones bien diferenciadas, por un lado los delegados deben tener un cupo horario mensual para la actividad de representación de los compañeros ante los empleadores y ante la asociación. Por otro lado, están las actividades propias de la comisión directiva, que son los secretarios generales, adjuntos, vocales, tesorero, etc. Ellos se rigen por el artículo 48, que plantea que la actividad de la comisión directiva debe ser sostenida por el propio gremio, con los fondos que recibe de los afiliados”, distinguió entre uno y otro caso.
Para todos los dirigentes, “la ley prevé una licencia sin goce de haberes y que el pago de esos haberes lo haga el sindicato a su comisión directiva. Así ocurre en el sector privado. Pero la provincia acordó que se va a pagar a la comisión directiva hasta un tope de 1.500 horas mensuales”, reiteró.
Así, como un cheque en blanco, “a cualquier comisión directiva que pasa permiso gremial por 30 días consecutivos, se le cargan los cargos y las horas que tenga como titular e inmediatamente se dispara el número de horas”, explicó.
Los pasos a seguir
Ante el exceso actual –que no es nuevo-, el funcionario planteó dos alternativas, o bien rechazar el permiso gremial, o bien descontar el importe correspondiente al día no trabajado. “Se pueden hacer las dos cosas. El gobierno podría rechazar el permiso gremial, y en este contexto se podría interpretar como un atentado contra la libertad sindical. Yo creo que no sería prudente. Seguramente lo que no corresponde es que a fin de mes eso se liquide como horas trabajadas. Si no, estaríamos desconociendo nuestros propios acuerdos”, sostuvo, por lo cual la vía a tomar sería considerar excedido el cupo horario y descontar el día no trabajado.
Todos por igual
Álvarez aclaró que esta notificación y posterior descuento “no es sólo para el SUTEF, porque estamos haciendo un relevamiento de todos los gremios. Esto no es una actitud contra ningún sindicato y tiene que haber un ordenamiento, porque tenemos un desfasaje en licencias gremiales pagas que afecta el presupuesto de manera muy importante”, remarcó.
Planteó que en el área de Salud “no podemos dar aumento para las guardias y resulta que tenemos un exceso de permisos gremiales que no tiene una efectividad en el servicio”.
La “tolerancia” de Ríos
Los excesos no son nuevos y, sin conflicto de por medio, los dirigentes se excedían en el cupo y el gobierno pagaba igual. Así lo expuso el funcionario de la actual gestión: “En 2015 ya hubo un exceso en las licencias gremiales que afectó mucho el presupuesto y no había hipótesis de conflicto como ahora. Nosotros necesitamos ordenar la situación de los gremios respecto de sus licencias, porque la actividad que están haciendo es en representación de sus trabajadores y, lo que pagamos de más, lo pagan los vecinos”, observó.
Consultado acerca de si esta decisión puede agitar más los ánimos, consideró que “no necesariamente debe haber un conflicto, que está planteado por otros temas. La decisión es que tomen responsabilidad respecto de los permisos gremiales que emiten, para que se ajuste a lo que está acordado por paritarias. No hay necesidad de un conflicto”, insistió.
“Ya están excedidos y ellos pueden manejar la situación como les parezca mejor. No se les va a impedir que continúen ejerciendo su libertad sindical pero, tomando responsabilidad económica de lo que eso significa”, manifestó.
La millonada de fondos públicos
El párrafo más alarmante de la entrevista con Álvarez fue el momento en que cuantificó el costo para las arcas públicas, que es dinero de todos, de los generosos permisos a los sindicatos; a lo que agregó la cantidad de organizaciones que cobran sin estar reconocidas legalmente.
“En total en la provincia tenemos 550 millones que se pagan del presupuesto, en permisos y licencias gremiales”, precisó el subsecretario.
“El déficit que tenemos en la provincia es de 1.250 millones, casi la mitad”, contrastó.
Si bien no pudo precisar la cantidad de representantes gremiales que se llevan más de 550 millones por año sin trabajar, indicó que “son 25 entidades sindicales en el gobierno, de las cuales solamente cuatro están reconocidas por el Ministerio de Trabajo de Nación. El resto son todas creaciones del decreto provincial 864 –firmado por la ex gobernadora Ríos-. Hay sindicatos propios de Energía y Obras Sanitarias que son oficiales también; pero del área de administración central son cuatro solamente. El decreto 864 fue firmado en 2009, después del acuerdo con Yasky, y hasta la CTA tiene créditos gremiales otorgados”, reconoció.
Finalmente expuso que la distribución de los 550 millones no es proporcional a la cantidad de gremios y depende de la estructura de cada una. A la cabeza aparece el SUTEF, que “tiene la comisión provincial, la comisión Ushuaia, Río Grande y Tolhuin; ATE tiene la comisión provincial, las seccionales de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin; y ATSA tiene una sola seccional provincial”, dijo.
Con 17 mil empleados públicos, según la cifra que aportó el funcionario, por la ley de asociaciones sindicales 23551 “debería haber un delegado cada diez empleados, y dos cada cincuenta; pero no necesariamente se está cumpliendo esto y hay muchos más delegados de lo que especifica la ley”, afirmó.
No pudo dar las razones de esta ilegalidad, que se suma a los excesos que fueron tolerados: “Yo asumí el área en febrero, vi una total irresponsabilidad y la utilización de una herramienta de los sindicatos como herramienta para hacer política. Y se le dieron permisos gremiales a asociaciones con escasez de representatividad”, cuestionó.
Lo cierto es que, a razón de un delegado cada diez, Álvarez admitió que habría unos “1.700 en la administración pública, más las comisiones directivas”, que varían en su número y algunas tienen hasta treinta integrantes.
