“Acá no ha un atraso de fondos sino una retención indebida durante diez años”, subrayó Worman, y sostuvo que no se trata de un atraso “sino de 3,9 millones de pesos que  nunca llegaron, no es que llegan tarde, nunca los mandaron: entraron a una cuenta y nunca volvieron a ingresar”, remarcó.

Citó la denuncia de Víctor Díaz sobre uso de fondos específicos, como los de vivienda, que luego se restituían, para graficar la diferencia con esta situación que hasta ahora no había permitido que prosperara ninguna de las acciones penales contra el gobierno, por el criterio aplicado por la jueza Cristina Barrionuevo.

“Acá son 3,9 millones que nunca se devolvieron y por eso lo debe haber merituado la Fiscalía de Estado. Nunca ingresaron los fondos ambientales y se los chupó este agujero negro”, aseguró, por lo que quedará a la espera de “cómo se considera la situación en términos penales”.

Por ahora “lo que queda claro es que acá está la explicación social de por qué esta provincia tiene problemas ambientales: estos años tuvo cuatro millones para afectar a políticas ambientales y solamente usó 488 mil pesos”, expresó.

Consultado sobre la responsabilidad política de esta desviación de fondos y si es atribuible a las áreas de Desarrollo Sustentable, lo descartó dado que las transferencias se manejan desde el Ministerio de Economía y en todo caso es el propio Ejecutivo quien define. “Los que administran los fondos son las distintas gestiones del ministerio de economía”, aseveró.

Como parte actora en la causa por contaminación ambiental en Ushuaia, admitió que desconocía la existencia de estos fondos. “Me llama la atención que no supiéramos que había cuatro millones de pesos disponibles. Lo singular de esta denuncia es que se basa en informes de dos directores provinciales que le informan a la Fiscalía de Estado que hay fondos para intervenir en la cuestión ambiental; y uno de ellos da números muy detallados, incluso de las cuentas por donde pasaron y salieron estas cifras millonarias”, apuntó.

En consecuencia, sostuvo que “esta denuncia no se basa en presunciones, tiene notas oficiales donde se soporta y es la prueba que la fiscalía de estado presenta ante la jueza de instrucción penal María Cristina Barrionuevo, para que investigue cuál fue el circuito de este recorrido millonario, de los cuales solamente 500 mil pesos fueron a parar a políticas ambientales y 3,9 fueron a otro destino que no está especificado. No se sabe si fueron a sueldos o jubilaciones”, barajó como posibilidades.

Lo cierto es que no se trata de un ciudadano que denuncia sino que como órgano de contralor “la Fiscalía entiende que estamos ante una desviación millonaria de fondos que tienen un objeto particular”, concluyó.

Cabe mencionar que en los detalles de la denuncia que publica hoy el portal 94diez.com, se da a conocer una presentación que abarca la gestión de Hugo Cóccaro y las dos de Fabiana Ríos, por “desvío de fondos de afectación específica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente hacia la Cuenta Única del Tesoro”, y se trata de dinero correspondiente al Fondo Provincial de Medio Ambiente, creado por la ley 55.

La denuncia fue radicada por el fiscal adjunto Maximiliano Tavarone, contra funcionarios del Ministerio de Economía, por un desvío que abarca del año 2005 hasta septiembre del 2014, y un monto de 3 millones 914.874 pesos.

Se presentó el 8 de abril ante el Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación de la doctora María Cristina Barrionuevo.

Tavarone da cuenta de la existencia de fondos para el saneamiento ambiental que se viene reclamando por la vía judicial y que, “debido a una modificación legal son absorbidos por la Cuenta única del Tesoro, lugar desde donde no vuelven a ser reasignados para la generación de acciones para lo cual fueron recaudados”.

Se adjunta como prueba un informe de la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría que encabeza Fabián Boyeras, donde se confirma que desde el año 2005 se llevan a cabo ciertas prácticas que “ameritarían una investigación penal por parte del Ministerio Público”.

El denunciante remarca que no respetar el destino de los fondos, tal como ocurrió, “puede dar lugar a la producción de daño irreparable al medio ambiente, cuyas responsabilidades trascienden la esfera meramente administrativa”, por lo cual pide “investigar la conducta de los funcionarios responsables de las áreas de incumbencia”.

El denunciante además cita la causa que tramitó ante el juez al juez Alejandro Fernández, quién condenó al Gobierno y a la Municipalidad de Ushuaia por la contaminación cloacal, entendiendo que estos hechos guardan relación con la acción promovida por Participación Ciudadana.

Además se elevó copia al Tribunal de Cuentas para que investigue el destino de estos fondos y los circuitos administrativos mediante los cuales son recaudados, distribuidos y ejecutados.