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miércoles, noviembre 19, 2014

Si Gobierno no da el presupuesto que corresponde está “vulnerando derechos”



La coordinadora del Observatorio de Discapacidad dijo estar “conforme” tras los planteos que efectuaron ante la Comisión de Salud. Sin embargo, lamentó que muchos de los legisladores presentes y hasta la Ministro Montero “desconozcan muchos problemas y padecimientos que pasan las personas con discapacidad”. Desde el Ejecutivo reiteraron que no habrá partidas hasta enero de 2015. Hay 112 personas que esperan recibir su pensión.

Esta mañana, se llevó adelante la Comisión de Salud, de la participaron legisladores, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, y referentes de organizaciones sociales, tales como del Observatorio de Discapacidad, Mesa de Salud, y la CTA. 

ministro de Desarrollo Social, Marisa Montero manifestó la postura del Ejecutivo respecto de la decisión adoptada de no otorgar pensiones RUPE por el lapso de este año, dado que no cuentan con las partidas presupuestarias necesarias para el presente ejercicio.

Por otro lado, detalló la cantidad de pensiones tramitadas que quedaron por año, en 2011 1, en 2012 1, en 2013 44, y en 2014 66, lo que hace a un total de 112 personas que iniciaron los trámites para las pensiones RUPE. 

La funcionaria anunció al respecto que para el ejercicio de 2015, además de empezar a pagar el beneficio a partir de enero, se prevé aumentar el cupo a 150 pensiones nuevas. 

Respecto al Certificado Único de Discapacidad (CUD), Román lamentó que algunos legisladores se hayan enterado en la reunión de Comisión que el documento lo otorga otro Ministerio (Salud), y sostuvo que “la gente se siente humillada y desprotegida”, y que de hecho “se ha denegado pensiones a personas que no contaban con este certificado”. 

“El problema grave que tenemos como provincia es que a pesar de que hemos adherido a la ley 24.901, que habla de las prestaciones para personas con discapacidad y que asegura la cobertura al 100 % de todas las prestaciones, no se ha reglamentado”, indicó. 

La coordinadora del Observatorio de Discapacidad, especificó además que los inconvenientes son “innumerable en cuanto a salud y prestaciones médicas, pero también acceder a un montón de derechos que comienzan en el momento que la persona va a tramitar el certificado de discapacidad”.

“No hay voluntad política, hablaron claramente que si había libre disponibilidad de partida pero la realidad es que la Ministra lo comparó con la economía de un hogar”, ironizó por último Román. 

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