"Es tal la irresponsabilidad y la falta de dólares que tiene el gobierno para afrontar el último año de gobierno, que no ha tenido mejor idea que hipotecar la soberanía energética del país cediéndola en comodato, sin que le importe un comino la Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales y el futuro de los argentinos que habitan en las provincias productoras".

"Es tan voraz la avidez de este gobierno que no han dudado en extorsionar a gobernadores con dificultades presupuestarias para obtener el voto afirmativo en ambas cámaras de varios senadores y diputados nacionales", afirmó el Legislador.

Blanco agregó que "esta ley es una norma que solo conviene al interés transitorio de un gobierno nacional que se marcha irremediablemente y a gobernadores que ya están prácticamente con un pie afuera del poder. En nada favorece al pueblo que es el verdadero propietario de los recursos y quien con su trabajo lo extrae y pone en valor".

"La Constitución Nacional de 1994 es clarita en materia de propiedad provincial de los recursos naturales y nuestra constitución en su artículo 81 dice expresamente que "son del dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia el espacio aéreo, los recursos naturales, superficiales y subyacentes, renovables y no renovables y los contenidos en el mar adyacente y su lecho, extendiendo su jurisdicción en materia de explotación económica hasta donde la República ejerce su jurisdicción, inclusive los que hasta la fecha fueren administrados y regulados por el Estado Nacional". Dice también nuestra constitución en su artículo 66, inciso 3, que el Tesoro Provincial se integra "por los derechos, convenios, regalías, participaciones, contribuciones o cánones, derivados de la explotación de sus bienes o recursos naturales".

De lo expuesto, señaló Blanco, "se desprende claramente que una Ley como la sancionada, que le pone topes a los cánones y regalías provinciales, colisiona seriamente con lo prescrito por nuestra constitución. Estamos, evidentemente, ante un conflicto de intereses y frente a un nuevo atropello del gobierno nacional quien, en nombre del federalismo, arrasa con todo".

"Como legislador me parece que tengo, juntos a mis compañeros de la Legislatura y en representación del pueblo fueguino, el derecho a expresar mi rechazo a esta ley que, ni siquiera, es una Ley Convenio. Es una norma que se nos ha impuesto desde arriba y así lo han hecho porque saben que jamás la refrendaríamos. Así que para poner esto de manifiesto y remarcar que los legisladores estamos convencidos de que, por más legítima que haya sido su votación en el Congreso Nacional, jamás avalaremos esta Ley, vamos a presentar un proyecto mediante el cual la impugnaremos", sentenció Blanco.

"Si bien es cierto que una declaración de una legislatura provincial no puede dejar sin efecto una ley emanada por un órgano legislativo superior, pretendemos que el mensaje de los fueguinos quede claro para inversores y el oficialismo a nivel nacional y provincial: en el próximo gobierno derogaremos la ley 27.007, levantaremos el secreto de estas negociaciones y pondremos a disposición de la justicia a los funcionarios kirchneristas que hayan cometido irregularidades para la sanción de esta ley que le quita a nuestra provincia prerrogativas que le son propias", finalizó el legislador de la UCR.