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martes, noviembre 25, 2014

Denuncia del SUTEF: "O son unos delincuentes o son unos irresponsables"



El abogado del SUTEF Néstor Sánchez Otharán dio cuenta de la presentación del gremio tanto de una denuncia administrativa ante la Fiscalía de Estado como de una penal ante el Fiscal Mayor del distrito sur, por la posible comisión de delitos en la contratación de una empresa para el transporte de correspondencia.

Lamentó que no hubiera reacción de los legisladores, a quienes presentaron primero el audio del que se desprenden posibles irregularidades. “Nosotros tomamos conocimiento de la grabación  de una conversación con datos concretos donde había trabajo en negro a la orden del Ministerio de Educación y manejos algo oscuros de servicios que se prestan para el estado y se manejan como changas entre amigos”, dijo a Radio Nacional Ushuaia.

“No estamos descubriendo nada pero nos estamos acostumbrando a estos manejos y, cuando se presenta una grabación dando cuenta de esto, pareciera ser que tenemos que llevar un ADN, facturas truchas y testigos sólo para que los funcionarios públicos pidan la investigación”, cuestionó ante la indiferencia de los legisladores.

“Me parece que hay elementos suficientes para que se investigue”, pidió, aunque no necesariamente implica “meter preso a nadie”.

Respecto de la lectura enteramente política que le dio la legisladora Amanda Del Corro a esta presentación del SUTEF, dijo que “en el caso de la legisladora Del Corro, primero se es legislador y después se es oficialista. Si toman conocimiento de que es probable que se haya cometido un delito contra la administración publica, hay que denunciarlo para que la justicia investigue. La denuncia no es mandar preso a nadie, y las pruebas que presenta el sindicato no es solamente el audio sino cartas documentos que se mandan a servicios públicos, a la empresa, al trabajador”, detalló.

“No se puede plantear el costado oficialista para no cumplir el rol de legislador. Primero se es legislador y hay que cumplir con el rol de legislador, no de oficialista. Queda claro cuál es la elección de la legisladora Del Corro en este caso”, manifestó.

Aclaró que “cuando se habla de ‘cuatro o cinco años de antigüedad’ este servicio, no se dice para implicar a la legisladora que era Ministra, sino que es textual de la grabación. Se está buscando una tergiversación del sindicato que no existe”, sostuvo dado que De Corro aseguró que la empresa presta servicios “hace doce años” y que el gremio distorsionó esa información.

“Es lo que pasa con todo. Cuando se plantea el tema de las horas cátedra, lo llevan al ámbito político y nunca salen a explicar cómo se aplican. En este caso no explican la contratación de la empresa de logística, los empleados que tienen, la tarea que realiza. Acá está involucrada documentación que se traslada desde las escuelas al Ministerio, circulares que bajan del Ministerio a los establecimientos. La persona que iba a retirar esa documentación no estaba registrada en ningún lado. ¿Qué pasa si choca, si lo roban? No nos rindamos ante el absurdo. Que el Ministerio de Educación lo explique. En el mejor de los casos, son unos incompetentes, unos irresponsables. O son unos delincuentes o son unos irresponsables”, disparó el letrado.

Confirmó que la presentación se hizo tanto ante la Fiscalía de Estado como ante la Justicia, ante la falta de reacción de la Cámara. “Se toma simplemente una intencionalidad política del sindicato, entonces hay que hacer la denuncia porque no es joda lo que estamos hablando. La persona que se desempeñaba en relación de dependencia no trabaja más, pero alguien lo reemplaza”, advirtió, dado que todavía no se licitó ese servicio.

Planteó que se desconoce la situación actual y “nadie da explicaciones”.

No se mostró conforme con la presentación de facturas “sin ninguna explicación”, como hicieron en la Legislatura, y recordó que la legisladora Del Corro “no es Ministro de Educación pero pareciera que está actuando como Ministra de Educación”.

De parte de la justicia espera que “se investigue a fondo la situación a efectos que se determine si hubo o no delito. Nosotros hacemos una imputación prima facie de los delitos en que podrán haber incurrido pero no sabemos qué persona física o qué agente incurre, más allá de que en la grabación se nombra a Marcelo Lima. Se puede hablar de incumplimiento de deberes, de tráfico de influencias. Si hubo un delito, esperamos que se aplique la sanción”, pidió.

De parte de Fiscalía de Estado, apuntó que la investigación “es más amplia porque además de sancionar los delitos debe sancionar incumplimientos administrativos que pueden no ser un delito penal. Puede llegar a tener más consecuencias que una investigación penal”, concluyó.

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