La legisladora Laura Rojo radicó ayer una denuncia penal ante el Fiscal Mayor Guillermo Massimi, por la presunta comisión de delitos en la ejecución del presupuesto educativo relacionado con el otorgamiento de horas cátedra. La presentación tiene como aval la auditoría que realizó el Tribunal de Cuentas, donde se comprueba la ejecución de más de cien mil, por sobre las aprobadas en el presupuesto 2013. Además se mencionan varias irregularidades en Educación y la denuncia podría ampliarse: el órgano de control detectó el pago del incentivo docente a profesionales que no están frente al aula, y comisiones de servicio ilegales.
La legisladora Laura Rojo confirmó ayer a Radio Fueguina que, de la auditoría del Tribunal de Cuentas, surge la ejecución de más de cien mil horas cátedra sin autorización presupuestaria.
La información consta en la Resolución Plenaria 231/2014 y es el resultado de un monitoreo sobre otorgamiento y ejecución de horas cátedra, comisiones de servicio, licencias extraordinarias, designaciones de auxiliares administrativos, en todos los casos con serias observaciones, incumplimientos de leyes vigentes y descontrol generalizado.
En el caso de la figura del “auxiliar administrativo”, el Tribunal aclara que implica colaboración directa con el docente, y en los casos relevados aparecen designaciones en la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Personal. Estas designaciones tienen una incidencia del 8% en la ejecución de agosto de 2013, y la figura “no cuenta con amparo legal” en la forma que está encuadrada.
Respecto de las horas cátedra, el informe señala que en 2013 se liquidaron “por encima de las presupuestadas, agravado por la falta de procedimiento para la asignación de las mismas, lo que deja al descubierto la falta de control que existe”.
De 710 mil horas aprobadas por la Legislatura en la ley de presupuesto, se ejecutaron 813 mil, siendo que este concepto representaba a agosto de 2013 el 36% del presupuesto de educación, que a su vez es el mayor de la provincia.
El Tribunal señala que “es práctica del Ministerio de Educación la aprobación extemporánea de las designaciones, modificaciones, licencias y comisiones de servicios” y que “no hay actos administrativos” que las fundamenten.
La asignación de horas cátedra y cargos “se efectúa sin dar cumplimiento a los requisitos exigidos” por ley (artículo 99 ley provincial 141).
En el área de Cultura, indica que se crean talleres sin antes definir el título necesario de quien estará al frente o la forma de acceso al cargo u horas cátedra.
En cuanto a las comisiones de servicios, el ente de control afirma que “no se ajustan a la figura establecida en la norma nacional”, porque “hay designaciones de varios años de antigüedad, transformando una situación de excepción en una necesidad estructural. Los actos administrativos no están motivados y hasta omiten especificar en cuál dependencias desarrollarán las tareas. Además son dictados en forma extemporánea, lapso en el cual el docente no cuenta con normativa que lo ampare”.
Cita casos de docentes comisionados “entre tres y cinco años”, sin que figure adónde son comisionados. “De esta manera se desconoce la repartición en la que prestan servicios”, sostiene el informe.
Apunta además al pago de horas cátedras transitorias cuando “la situación de revista transitoria no cuenta actualmente con amparo normativo”. Hay un 11,5% de personal en esta condición que es remunerado con horas cátedra y casi un 5% con cargos docentes en 2013.
También se verificó “en el 22% de los cargos analizados”, un exceso de carga horaria “sin que conste en el legajo personal acto administrativo que la justifique”. Y el Tribunal asegura que hay “casos de ejercicio abusivo de las licencias, al punto de tener tres cargos jerárquicos”.
Aportan el ejemplo de una docente que se jubiló con el sueldo de Directora a pesar de no haber ejercido nunca el cargo, por estar en comisión de servicios.
Finalmente, se exponen irregularidades en el pago del Fondo de incentivo docente (FONID) a docentes que no están frente al aula, cuando “la normativa establece que se liquidará exclusivamente a los agentes que cumplen efectivamente función docente”.
Mientras se pagó este fondo a docentes que no están frente al grado, encontraron casos inversos, de docentes con horas cátedra en establecimientos educativos a los que no se les liquidó el ítem.
“Hice lo que tenía que hacer”
La legisladora Laura Rojo consideró su deber elevar esta serie de irregularidades a la justicia penal.
“Se me dio el informe de la auditoría del Tribunal de Cuentas, con la resolución plenaria 231/2014. Allí se ve la liquidación de haberes del escalafón docente y donde más se hace hincapié en sobre trece legajos y la comisión de servicios”, precisó.
“Estaban autorizadas 710 mil horas cátedra por Ley de Presupuesto y se ejecutaron 813 mil. Para qué estamos autorizando y haciendo todo un trabajo con el proyecto de presupuesto, si después hacemos lo que queremos”, se preguntó.
“Hay otras cuestiones que tienen que ver en cómo se otorgan las comisiones de servicio, porque no tienen un marco legal. El análisis se basó en el estatuto nacional docente y hay un mal otorgamiento de las comisiones. No tiene encuadre legal lo que se utiliza como ‘horas cátedra transitorias’, porque la situación de revista transitoria no existe, y es así como se trabaja más que nada con la gente de Cultura”, dijo.
Respecto de la denuncia, adelantó que va a presentarla también a la Fiscalía de Estado, “porque ahora fui a la justicia, y voy a presentar el mismo material” al órgano de control.
“Cuando me presenté en la justicia estuve reunida con el Dr. Massimi y ya hay una denuncia anterior presentada, con número de causa 25.129, que radicó el dirigente gremial Horacio Catena. Lo que presento se adjunta a lo ya iniciado por el sector gremial”, informó la legisladora.
Legisladores al tanto
Consultada sobre la postura de sus pares, y si estaban en conocimiento de la presentación, dijo que “en todas las decisiones que tomo con respecto a esto soy muy cuidadosa. Lo hablé antes con varios de mis pares, con el legislador Blanco, la legisladora Martínez Allende, la misma legisladora Del Corro y con el legislador Lechman. Hice lo que debía hacer, porque yo ya tenía el informe preliminar y estaba esperando la auditoría para poder ver qué hacer al respecto, a ver si yo estaba equivocada”.
“Cuando tuve el resultado de la auditoría, dije algo tengo que hacer como legisladora provincial y no me voy a quedar solamente en la queja. Hice lo que debía hacer como funcionaria, por el rol que estoy cumpliendo”, subrayó.
Cuestionó que desde el Ministerio, frente a este dispendio de fondos, llegado el momento de debatir el presupuesto “resulta que después se sientan, piden más horas cátedra, el mismo Ministerio habla del ausentismo docente y no pueden dar una explicación”, apuntó, cuando entre las irregularidades hay un exceso de horas asignadas que resulta imposible cumplir, pero se cobran.
Acerca de la sospecha de un destino a punteros políticos de esta forma de pago, aclaró que “esto no lo investigó el Tribunal sino que analizó las comisiones de servicio, el exceso de horas cátedra y la situación de revista. Este es un unirme parcial de todas maneras, porque hay otras cosas por investigar, como la puesta en marcha de los planes nacionales educativos, tal el plan Mejorar, el Conectar Igualdad, cómo se aplican y cuántas horas cátedra provinciales están destinadas a la aplicación de estos proyectos”, apuntó, por lo que podrían ampliarse las denuncias.
Remarcó que “la hora cátedra solamente la puede percibir el que cumple con una función docente, y vemos que están mal usadas. Yo reconozco y sé que la educación es una inversión; por lo tanto, hagamos bien la inversión y que se vea impactada en la calidad de los docentes, de los egresados, que podamos revalorizar el lugar de la escuela, la función del docente, la importancia del conocimiento”, enfatizó.
Molina, apuntada
La denuncia recae primariamente sobre la ministra de Educación Sandra Molina, aunque podría tener más responsables. “Ella tendrá que dar cuentas, porque es la autoridad de aplicación”, sostuvo Rojo, y agregó que “también hay observaciones con el Fondo de Incentivo Docente, porque se pagó a gente que no estaba frente al grado. Ahora vamos a esperar que esto siga su curso normal en la Fiscalía”, dijo, recordando que “yo soy del sector docente, no es que soy una inoperante o no tengo conocimiento sobre el tema. No acuso de nada, lo que pido es que haya orden y control. Eso va a ayudar al buen funcionamiento después”, confió.
Se le preguntó cómo se cambió la partida para ejecutar más de cien mil horas en 2013, y respondió que “hubo una ampliación de disponibilidad de partidas de parte de gobierno, y eso también sirve de experiencia para no volverlo a hacer”.
“Para el año que viene piden 833 mil horas cátedra y lo tenemos que ver. Son más horas que Mendoza, Córdoba, Santa Fe, teniendo una matrícula de 48 mil alumnos, que es nada al lado de otras provincias. Son más de 5.000 cargos docentes y hay sectores como gabinete, donde hay profesionales que en julio de 2014 registraron un ausentismo del 62%”, alertó en lo que constituye un dispendio de fondos públicos sin freno, hasta ahora.
Por los buenos docentes
La legisladora resaltó que “en el sistema educativo he tenido compañeros excelentes, totalmente comprometidos y hay una muy buena calidad de docentes en nuestra provincia. Conozco muchos compañeros que además están detrás de las cuestiones sociales, que sacan plata del bolsillo. Con todo esto desmadrado y descontrolado, le estamos sacando la motivación a ese docente que quiere trabajar”, expresó, en este pedido de justicia para sus pares.
La causa recayó en el juzgado de la Dra. Cristina Barrionuevo, que es quien deberá llevar adelante la instrucción.
Fuente Provincia23
