“La conformación de las empresas tenedoras de la concesión fue en las islas Caimán y luego se trasladaron a la Argentina, así que no faltaba a la verdad cuando dije esto en la reunión de comisión”, observó, en referencia a un cruce que tuvo con la abogada del sector empresario por este origen de las inversoras.

“Independientemente de esto presentaron toda la documentación sobre la compra de activos de Apache. La requisitoria del bloque estaría subsanada y falta la reunión interna”, señaló.

“De acuerdo a la información que cada uno ha ido recabando, mañana vamos a tomar una determinación al respecto y seguramente va a ser conocido después de la reunión con los gremios o en el transcurso de esta semana”, aseveró Blanco.

Consideró que “mucho más no podemos demorar, por sí o por no, porque perjudica inversiones, significa menores recursos para la provoca y mayor desocupación. O por sí o por no, creo que hay que darle un corte en el mes de octubre”, sentenció, poniéndole fecha a la definición.

Por otra parte, expuso su preocupación por el rumbo que tomó la reforma de la ley de hidrocarburos, en principio pensada para incluir yacimientos no convencionales no incorporados a la legislación. “Me preocupa la información que estoy leyendo y que la gobernadora haya firmado este proyecto de ley que comienza a ser tratado en el Senado entre martes, miércoles y jueves”, dijo.

Anticipó que estos dos últimos días va a asistir, dado que se hará la exposición de los gobernadores y está prevista una reunión de la UCR para discutir a nivel nacional este tema con los representantes de todas las provincias.

Vio como una mala señal que, de entrada, “la aplicación de la nueva ley significa que la provincia pierde recursos en base a la renegociación que hizo con Apache”.

A su criterio la reforma no podría incidir sobre esta renegociación pero, aun así, “significa que está atentando contra la posibilidad de renegociar de las provincias, porque esta nueva ley ya le está haciendo perder a la provincia”, insistió.
No descartó que este alerta que se ha encendido para apurar la aprobación del contrato sea “parte de las presiones” pero volvió a remarcar que “de ser así, la aplicación de la nueva ley hace perder beneficios y eso está indicando que es perjudicial a los intereses de la provincia”.

Por el momento espera “escuchar y después tomaremos una determinación pero, así como está planteada esta reforma, es perjudicial a los intereses de Tierra del Fuego y entiendo que la Legislatura, en uso de sus facultades, debe no adherir”.