El fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre volvió a cuestionar con dureza a la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos por la falta de reacción de la DPOSS a implementar políticas que permitan obtener el recupero de deudas por los servicios de distribución de agua prestados a privados y organismos públicos. Lo expresó después que el Tribunal de Cuentas tomó intervención en el tema imponiendo a Obras Sanitarias a una serie de plazos para que inicie tramitaciones de recupero de deudas.
El titular de la Fiscalía de Estado transmitió su más “profunda preocupación” por la falta de reacción de la gestión provincial a las numerosas “falencias” y “llamados de atención” que se realizaron desde su área a la DPOSS.
Martínez De Sucre calificó de “ineficiente y vergonzosa” la tarea de Obras Sanitarias en el registro, seguimiento, reclamo y percepción del cobro de las acreencias del organismo.
El funcionario también cargó contra el “desproporcionado incremento de la tarifa del agua” al señalar que “su costo termina sobrecargando en forma exagerada e inicua a los usuarios que en forma puntual y regular abonan al ente facturas por un servicio cuya calidad se viene empobreciendo, históricamente, en forma paulatina y notoria”.
Los cuestionamientos del Fiscal de Estado se fundan en una resolución del Tribunal de Cuentas que establece que en el accionar de los funcionarios de la DPOSS no se “logró constatar la existencia de perjuicio fiscal”, sin embargo le impone una serie de medidas “ante el desorden administrativo allí imperante”.
El organismo le recomendó al presidente de la DPOSS Roberto Murcia que disponga un ordenamiento administrativo en lo atinente a las tramitaciones de recupero de deudas, que incluya la actualización de la registración dominial. También se le requirió al funcionario que en el plazo de 60 días confeccione los manuales de protocolo y procedimiento que determinen como deben accionar los responsables de las áreas comercial, legal y administrativa.
Además se le impuso a la DPOSS se realice una actualización del sistema de información de usuarios que permita las consultas en tiempo y forma, y además que anticipe el plazo de prescripción en forma automática y permita que la información sea rápida, efectiva, oportuna y clara sobre el estado de situación de cada unidad identificada.
Al ente se le otorgó 60 días para confeccionar un registro, de control y seguimiento de los juicios en la ciudad de Tolhuin que permitan un fácil acceso al control por parte del Tribunal de Cuentas.
También se estableció el mismo plazo para que Obras Sanitarias informe al organismo de control, sobre las gestiones realizadas a los efectos de consolidar y concretar la percepción de las acreencias que resulten adeudadas por el sector público.
Allí se pidió al organismo que aclare ante el Tribunal la deuda que mantendría el Gobierno de la Provincia en concepto del servicio de agua con la DPOSS por valores que oscilarían entre los $3.200.000 y $2.600.000. En ese caso se solicitó que se regularice una conciliación de deuda.
Por última se le pidió al titular de Obras Sanitarias que determine en el plazo de dos meses las acreencias del sector privado.
