Ushuaia.- En el marco de la discusión por la financiación del sistema hospitalario y por garantizar la accesibilidad, equidad y calidad de la atención a todos los habitantes, las comisiones de Salud (5) y Presupuesto (2) recibieron al ministro Jefe de Gabinete, Sergio Araque y a la secretaria de Gestión Administrativa y Financiera del Ministerio de Salud, doctora Romina Ortega.
Visiblemente molesto por la constante situación de conflictividad en el sistema sanitario, el legislador Pablo Blanco –titular de la Comisión de Presupuesto, le exigió al Gobierno que gestione la atención al público de los hospitales y asimismo recordó que “no es por falta de recursos que se llega a esta situación, sino por falta de gestión”.
El radical se mostró visiblemente fastidiado ante el ministro Jefe de Gabinete Sergio Araque porque “pareciera que es la Legislatura la que tiene que salir a resolver cualquier situación que lo debe hacer el Ejecutivo”.
No sólo Blanco cuestionó severamente la gestión sanitaria y administrativa, también lo hicieron otros parlamentarios incluida la presidente de la Comisión 5 de Salud, Claudia Andrade.
Justamente la Legislatura determinó continuar el análisis -en comisión- del asunto sobre garantía de financiación de instituciones asistenciales de salud. Fue luego de la reunión que mantuvieron las comisiones de Presupuesto (2) y Acción Social y Salud Pública (5) junto al ministro Jefe de Gabinete, Sergio Araque y la Dra. Romina Ortega,
La legisladora Claudia Andrade (MPF) brindó detalles sobre el proyecto emanado desde su bancada. La titular de la Comisión 5 expuso los lineamientos generales que la llevaron a redactar el articulado del asunto 358/14, donde propone “contribuir a garantizar la accesibilidad, equidad y calidad de los servicios públicos de salud de todos los habitantes de Tierra del Fuego”.
Allí, graficó las distintas visitas a hospitales y contactos que mantuvieron con los trabajadores del sector sanitario de la Provincia. “Cuando empezamos a investigar –en el primer año de gestión-, dimos con un decreto de la Gobernadora donde desarancelan los servicios y que los saldos del cobro de los coseguros serían solventados por el fondo social –Créditos Crece-“, introdujo.
“Hoy se llega a este proyecto, donde se ha mencionado que es copiado porque no hay ningún proyecto similar” y aclaró que hay dos leyes que aluden al sistema sanitario en particular, como la 554 hospitales Río Grande y Ushuaia: creación de los consejos y fondos hospitalarios y 932 de creación del Sistema de Arancelamiento en los hospitales y centros públicos de salud de la provincia”, sostuvo.
En diálogo con Prensa Legislativa, la legisladora Andrade manifestó que durante la reunión –y en alusión a declaraciones periodísticas de parlamentarios-, se explicó el trabajo realizado desde el inicio de la actual gestión legislativa -2011- “con respecto a los proyectos sancionados, observados, vetados e insistidos”. Dijo, asimismo, que siempre primó “dar una solución a la crisis en la salud pública”.
Sobre las versiones que aseguraban que la iniciativa originada en la bancada del MPF era “plagiada”, Andrade dijo que “correspondía dar la explicación y se entendió muy bien que es un proyecto que se había trabajado entre el Ejecutivo y su despacho”. Lamentó que “el Ejecutivo ha quedado con la marca de una mala gestión con respecto a leyes que se encuentran vigentes”, sentenció, luego de la reunión.
En tanto, el legislador Eduardo Barrientos dijo que hay “mucho enojo” del Parlamento sobre la discusión pública que se da. Coincidió con su par Andrade en que se evidencia “absoluta falta de gestión por parte del Ministerio sobre la salud pública en su conjunto, y particularmente con la administración de los hospitales”.
Asimismo, dijo que el reclamo desde el cuerpo legislativo al Poder Ejecutivo es “exigirle un trabajo mucho más profundo y más comprometido en la gestión. Recursos, hay”, cerró.
Por su parte, el referente del FPV Juan Arcando basó su exposición “en que el hospital público no puede arancelarse, porque si se arancela, estamos privatizando la salud”, dijo.
Pidió que “se financie el hospital público” y aclaró que se puede concretar mediante “la prestaciones que se brindan a los que concurrimos y tenemos obra social; para ello debe volver a tener una estructura administrativa para hacer más eficiente el cobro a las obras sociales y estas deben pagar en tiempo y forma”.
Arcando también consideró que “lo que se recaude de las obras sociales, debe volver al hospital público para la adquisición de todos los insumos necesarios para brindar una buena atención en salud. El Estado debe estar presente para las personas que no tienen ninguna cobertura social, a esas personas si hay que atenderlas gratuitamente. La salud pública no debe ser arancelada”, cerró.
La legisladora Laura Rojo (PPP) se llevó una “mala” impresión del encuentro y resumió que no se ha solucionado el tema de los hospitales. “Se dejó en claro, se percibió que falta operatividad y pragmatismo a la hora de poner en práctica cuestiones administrativas”.
“Estamos hablando de, solamente, manejar dos hospitales. No se puede generar este conflicto y cuando uno busca atención en los nosocomios, no existan los insumos ni sábanas”, reclamó. En este punto, recordó la tarea que realizan grupos de voluntarios, quienes colaboran desinteresadamente hacia los hospitales fueguinos. Pidió que, desde el Ejecutivo, se pongan en marcha “las herramientas que ya tienen con leyes y poder contar con fondos”.
Sobre las exposiciones de los funcionarios provinciales, Rojo sostuvo que hablan de gestionar “pero no se ven los resultados, ya estamos en el último año de gestión y no se ven avances. Eso me preocupa, todo esto hace a una desidia administrativa”, cerró. “Lo que la legisladora Andrade buscó, fue dar una solución, un parche a una cuestión que existe en nuestro sistema sanitario. Quedó en claro, que nosotros buscamos trabajar en pos de arribar a una pronta solución”, consideró.
Para el Gobierno, con la ley de arancelamiento en vigencia se caen los programas nacionales
Por parte del Ejecutivo, los funcionarios presentes dieron detalles sobre la actualidad sanitaria, en cuanto a los planes nacionales referenciados en la Provincia. También, explicaron su posición respecto de los instrumentos normativos en vigencia que aun no han sido reglamentados.
Luego de la reunión, la doctora Romina Ortega se refirió a las complicaciones que generan al servicio de salud público provincial la vigencia de la Ley de arancelamiento hospitalario (N° 932), recordando que la reglamentación de dicha norma fue observada por los organismos de control, por cuestiones vinculadas con conflicto con otras leyes, y los responsables de los programas nacionales, que también advirtieron que con el arancelamiento se ponen en riesgo los recursos que se envían para los Centros de Atención Primaria de la Salud.
Cabe recordar que el Proyecto enviado por el Poder Ejecutivo planteaba, entre otras cuestiones, la necesidad de dejar sin efecto la Ley de arancelamiento de los hospitales públicos. Esta medida se basa en el perjuicio que se genera con la vigencia de esta norma, imposibilitando la aplicación de programas nacionales de salud.
En el mismo sentido, es de destacar que la vigencia del arancelamiento significa el ingreso de alrededor de 1 millón de pesos y que la caída de los programas nacionales significa la pérdida de alrededor de 8 millones de pesos.
Ortega observó que esta no es una ley impuesta por el Poder Ejecutivo, sólo es una propuesta “en la que llevamos ocho meses de trabajo, en el seno de la Comisión de Salud”, y que además, han sido reclamadas por Directores de Hospitales, por los propios trabajadores de salud y por los gremios.
La funcionaria cifró sus esperanzas en que con los parlamentarios “se pueda llegar a un acuerdo, en el entendimiento de que las instituciones sanitarias necesitan ir adecuando cuestiones administrativas al escenario actual, que además están impactando seriamente en la gestión de los establecimientos”.
Entre los programas que se verían afectados si se arancela la atención sanitaria se encuentra el Programa Remediar, que distribuye medicamentos en forma gratuita; y la logística que distribuye vacunas, leche y una serie de insumos más que tienen financiamiento internacional.
Por este motivo es que “se pensó en trabajar una ley que buscara una alternativa a esta situación que se había generado”, dijo ya que “no hay otra forma con la que el Poder Ejecutivo pueda impedir el cumplimiento de una ley promulgada, tras insistencia legislativa, que no sea con otra ley que derogue la vigente y establezca una distinta y superadora”.
Además señaló que el proyecto enviado contempla “muchísimas otras cuestiones, como la adecuación de aspectos que devienen de la ley 554, de creación de los fondos hospitalarios; la creación de fondos de afectación específica para los Centros de Atención Primaria de la Salud; compartir con Fiscalía de Estado la potestad de conducir juicios ejecutivos tendientes al cobro de deuda”. Además de contar con un nomenclador que determine un monto base de las prestaciones y toda una serie de asuntos para los que hoy no existen herramientas.
Sergio Araque, por su parte, reconoció el trabajo conjunto con el Parlamento –más precisamente con la Comisión 5- y aclaró que “ha habido diferencias en cuanto a algunos artículos específicos”. Dijo también, que el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa en 2012 donde se buscaba “financiar la salud pública a través de los terceros pagadores”, entre otras disposiciones.
