Mientras los problemas se abaten a diario en la crisis hospitalaria, la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre el Hospital Regional Río Grande deja a la luz un verdadero caos administrativo en el cual hay 25 millones de pesos en deudas de obras sociales, para la cual no hay gestión de cobro. Asimismo aparecen gastos y compras en distintas áreas que no tienen constancia administrativa alguna, cuestión que es responsabilidad del manejo interno del nosocomio.
La auditoría realizada desde el Tribunal de Cuentas resulta verdaderamente preocupante en torno al desorden administrativo contable de un nosocomio donde parece imperar la anarquía total y la ausencia de todo orden.
El desorden comienza desde lo más básico de cualquier unidad funcional. No hay aprobado un sistema de misiones y funciones, “falta de pautas escritas formales respecto de funciones, competencias y responsabilidades, determina que las distintas tareas serán realizadas intuitivamente”, dice el informe.
Las funciones se cumplen de forma que son “trasladadas verbalmente” de unos empleados a otros, sin un régimen formal.
A esto se suma que hay siete sistemas informáticos distintos sin integrarse entre sí, además de los medios de registración manual, por lo que en cuanto a expedientes, “es necesario rastrear cada operación en más de un registro o herramienta manual e informática”, informó el auditor.
A esto se suma un bajo nivel de seguridad, “no se deja constancia del usuario que intervino en la confección de cada registro”, así como tampoco en la consulta de cada expediente.
Irregularidades internas
El análisis interno del sistema administrativo contable deja al descubierto una situación preocupante, en cuanto al resguardo o control de los fondos hospitalarios, “en una muestra de expedientes del 2012 y 2013 se verificó que ninguno posee intervención de auditoría interna”, señala la auditoría.
En el primer semestre de 2013 hay registraciones presupuestarias por pagos de 3 millones de pesos, y los extractos bancarios de solo una cuenta del Hospital en el BTF muestra en ese período pagos por casi 7 millones y medio de pesos, “un desvío significativo entre la situación plasmada en registros y la operatoria real”.
Allí se analizaron dos meses de contrataciones realizadas con pagos a profesionales eventuales con distintas facturas de un mismo profesional con idéntica numeración, facturaciones de profesionales con fecha anterior a la de los contratos o convenios, pagos sin la constatación fehaciente del servicio prestado en los expedientes, todo ello por desorden administrativo que implica no poder dar con la documentación respaldatoria.
Incluso hay dos casos particulares uno por la adquisición de combustible a la firma Autosur por más de 11 mil pesos, no rendido por el jefe de choferes, lo que le valió el sumario administrativo correspondiente. Y el caso de una caldera para el Centro Asistencial Tolhuin en 2012, por más de 32 mil pesos, la cual no existe patrimoniada a la actualidad.
El caso del combustible presenta “inadecuado respaldo documental” por falta de “fecha de cargas y agentes involucrados en su utilización”, señala el informe respecto del hospital y el centro asistencial de Tolhuin.
Millones en servicios sin cobrar
La facturación en ese período asciende de poco más de 9.2 millones de pesos, pero los totales certificados y registrados son menores, “en junio de 2013 se expone un valor de 1.916.307,73 pesos, cuando de la sumatoria de los valores registrados en el mismo surge un importe de 2.376.141,35”, señala en referencia a la cuenta corriente de la obra social OSECAC, citando un solo ejemplo.
El análisis general marca un total de acreencias de 25 millones de pesos, al 30 de junio de 2013. Revisando detalles no aparecen en ese registro algunas facturas encontradas, como una del Cemep por 36.801 pesos, registraciones de facturas a nombre de un acreedor determinado, e incluidas en la cuenta corriente de otro distinto, inconsistencias entre los listados de facturación y el de cuentas corrientes, notas de crédito incluidas en cuentas corrientes que no están registradas debidamente.
Un listado de acreencias sin información del vínculo contractual, sin determinación de que servicio se prestó y por ende con pocas posibilidades reales de cobro, de lo que además se desconocen que acciones se instrumentaron a tal fin.
En esas deudas la firma Osmedica reconoce una deuda por distintos conceptos en 568 mil pesos, de la que el hospital solo guarda registro por 531 mil. Esos casi 37 mil pesos de diferencia responden a “hemocomponentes y servicio de ambulancia” prestados a la firma Cemep, acreencias de la que el hospital no aportó registros.
El actual asesor letrado fue requerido respecto del sistema utilizado para el cobro de esas deudas, a lo que respondió que solo presta un servicio de “asesoría”, señaló el Dr. Jesús González Saber, y que de ello “se encarga la Fiscalía de Estado”.
Hace un año se le solicitó a la Fiscalía de Estado sobre esa situación, “sin respuesta al día de la fecha”, indica la auditora que concluye, “la información colectada no permite describir la metodología seguida para obtener el cobro de aquellas acreencias de larga data”.
Se concluye que las acreencias al 30 de junio son de 25.030.211,54 pesos, con numerosos problemas de ordenamiento administrativo que hacen que la exactitud de la deuda sea incomprobable por falta de integridad del saldo, inconsistencias entre los datos que surgen de las cuentas corrientes, facturas no incluidas en las cuentas corrientes, y hasta diferencias entre lo que informa el hospital y los acreedores.
Juicio de cuentas a doce empleados
Finalmente la auditoría en la administración del gasto hospitalario contabilizó pendiente de rendición al 31 de diciembre de 2013; 4.952.886, 47 pesos.
Ese número debe ser rendido por quienes se considera responsables de esa desprolijidad administrativa, iniciándose a tal fin el Juicio de Cuentas a la ex Directora Administrativa, la contadora Gimena Bilic, hoy en el Tribunal Municipal de Cuentas, e integrantes del Departamento Administrativo Contable, Contaduría, Tesorería y Depósito, entre los que están los empleados; Patricia Gómez, Liliana Bieri, Daniel Centeno, María Elena Corazzin, Evelyn Schipani, Ivana Burgos, Ricardo Uribe, Sandra Gisser, Sonia Rodríguez, Noemí Rivero, Carolina del Cármen Ampuero.
