El pedido del ministerio público fiscal debe ser resuelto por el juez de Instrucción Penal Héctor Ochoa quien tiene en sus manos el expediente que se inicio tras una denuncia en junio del 2012, promovida por el abogado particular Alejandro de la Riva, apuntando a diversas irregularidades y que no se cumplieron los pasos legales correspondientes por parte del Ejecutivo Provincial en el proceso de expropiación habilitado por la ley que data del año 2011.
El pedido de indagatoria también incluye al ex ministro de Obras Públicas, Manuel Bénegas; a la ministro de Infraestructura, Gabriela Muñiz Siccardi y a la directora contable de esa cartera, María José Arroyo., imputándoles a todo el presunto delito de “peculado”.
El denunciante entiende que se “promovió” el asentamiento irregular de personas en un lote de la Margen Sur, a fin de que a largo plazo se debiera dar esta expropiación por la que se pagó a la sociedad Pole Fueguina, la suma de 18 millones de pesos. En su denuncia, el abogado sostiene que la tasación que llevó a determinar ese valor de la tierra fue “inflada”, derivando en el pago con fondos públicos a los propietarios del predio.