La situación fue hecha pública por el abogado Jorge Pintos, en declaraciones a Radio Provincia Ushuaia, quien reveló que Luis Vacarelli, subsecretario de Desarrollo Social le exige constantemente a la mujer que desaloje la vivienda bajo amenaza de cortarle el servicio eléctrico si antes no lo hace.
La vivienda que ocupa la denunciante, no tiene servicio de gas, porque al poco tiempo de estar ocupándola junto a sus cuatro hijos, un desperfecto en el calefón derivó que todos deban ser asistidos en el hospital, por la inhalación de monóxido de carbono. A raíz de ese incidente Camuzzi Gas del Sur procedió a desactivar el medidor.
El abogado Jorge Pintos denunció que desde Desarrollo Social se han adoptado actitudes tales como “omitir auxilio que se debe por ley, hasta cometer acciones directas intentando echarla y domar la voluntad que ha tenido hasta ahora de salir delante de situación tan traumática” de ser victima de trata de personas. Señaló en la comunicación radial que “la única victima que esta requiriendo auxilio del Estado se la trata de la peor manera, como si fuese una paria”, puntualizando que desde “Desarrollo Social, sin ninguna duda, se están haciendo mal las cosas” y que con esa omisión están obligando a la mujer a retomar la actividad que ejercía.
El doctor Pintos recordó que la denunciante estaba empleada en el local nocturno denominado “Sheik”, donde además se le brindaba una habitación donde vivir. Después que denunció el hecho y la Justicia resolvió clausurar el lugar, la mujer “quedo virtualmente en la calle”.
Es usurpadora
Cuando se cierra el local nocturno y la mujer quedó sin lugar donde vivir, el Gobierno le otorgó un lugar provisorio, haciéndole firmar un convenio con un plazo de 20 días para ocupar la vivienda, donde se le puso en conocimiento que no podía instalar ningún artefacto de gas en la cocina.
La condición que impuso el gobierno fue aceptada por la mujer, al no tener otra alternativa de residencia. Cumplido los veinte días de ocupación, funcionarios de Desarrollo Social se negaron a prorrogar el mismo y ante una acción de amparo que interpuso la mujer, el Gobierno contestó ante la Justicia que ella “no es una víctima de trata de personas”, a pesar que en el fuero federal, en la causa penal que se instruye por explotación sexual, fue admitida como “parte querellante”.
El abogado Pintos sostuvo que la denunciante está ocupando ilegalmente la vivienda cedida y el Gobierno la “intimó para desalojar porque no le renovaron el convenio”, con el agravante que el lugar no cuenta con servicio de gas y a pesar que la mujer contrató a gasistas para que se proceda a reconectar el servicio por parte de Camuzzi, pero el Gobierno se niega a firmar la aprobación del mismo.