Según informó EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO, Todo parece indicar que el Parlamento consentirá este veto parcial, lo que implicará que el resto de la norma no pueda aplicarse por no haber autoridad responsable de hacerla cumplir.

Por ello, la Legislatura deberá resolver sino resulta más conveniente y práctico rechazar el veto parcial y de manera simultánea modificar el proyecto poniendo en cabeza de la subsecretaría de Comercio Interior las clausuras y en la del ministerio de Desarrollo Social la atención integral de las víctimas de trata y de explotación sexual.

Desde ese Ministerio además se cuestionó la decisión legislativa de crear, en el marco de esa normativa, una comisión provincial de lucha contra la trata de personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual”, por entender que tal objetivo puede lograrse “mediante el uso espacios o herramientas institucionales existentes dentro de la órbita del Poder Ejecutivo”. 

En tanto, desde la Secretaría de Derechos Humanos se observó el artículo que dispone derogar toda norma, en especial de carácter tributario, que resulte opuesta a los objetivos de la ley impulsada por la Legislatura.

Estos dos cuestionamientos no fueron compartidos por la Gobernadora Fabiana Ríos, por lo cual el veto se aplicó únicamente sobre el artículo que definió a la Subsecretaría de Comercio Interior como autoridad de aplicación.