El ministro jefe de gabinete Guillermo Aramburu hizo las primeras declaraciones del año ayer, para enfrentar a los gremios que decidieron tomar la Casa de Gobierno. Afirmó que no habrá marcha atrás con el acuerdo firmado con ATE y que no va a negociar en estas condiciones. Diferenció esta nueva toma del “golpe institucional” que dieron los docentes el año pasado. En este caso, sostuvo que una “interna gremial” mantiene de rehenes a trabajadores y comunidad en general.
Luego de largos meses de silencio, el ministro jefe de gabinete reapareció ayer por los medios, para enfrentar a los sindicatos que mantienen ocupada la Casa de Gobierno.
Por Radio Nacional Ushuaia, diferenció dos situaciones, por un lado el conflicto docente, y por otro el conflicto con ATE. El primero derivó el pasado viernes en una nueva denuncia penal contra el SUTEF, por presunta “privación ilegítima de la libertad” a los funcionarios que dejaron supuestamente encerrados en las aulas digitales donde se realizaba la reunión paritaria.
“En el caso docente lo que hay es una vez más un año complejo en la discusión salarial, con diversas ofertas que se han hecho de parte del Ejecutivo y no han sido aceptadas. El otro sector es distinto, porque lo que hay es un acuerdo oportunamente celebrado con los paritarios de la entidad gremial, en el marco de la ley 113 que ampara las negociaciones colectivas, cuyo alcance luego fue discutido y negado por otra parte de la entidad gremial, planteando la necesidad de derogación”, dijo.
“No es la misma base de conflicto. En uno no hay acuerdo y en el otro se acordó. Pero por una cuestión interna gremial, han decidido tomar de rehenes a la comunidad en general, con medidas como la que estamos padeciendo, con la toma de la Casa de Gobierno”, expuso.
Señaló que desde un sector de ATE y CTA “están pidiendo que se dejen sin efecto los aumentos que ya se dieron a partir de la aplicación de ese convenio. Resulta bastante descabellado y acá lo que hay es una interna gremial muy fuerte donde ha quedado de rehén el empleador y el resto de la comunidad”.
Cuestionó que se haya decretado un paro y que “no permitan ingresar ni a los trabajadores de planta política ni a los de planta permanente, y ni siquiera dan la opción de que libremente elijan si quieren o no adherir a la medida de fuerza. Como evidentemente no tienen la fuerza que dicen tener, terminan obligando a los trabajadores a no trabajar”, fustigó.
Ninguna presentación
El ministro desmintió a los gremios que anticipaban presentaciones administrativas y judiciales en contra del acuerdo. Sostuvo que nada de eso ocurrió y toman el edificio “sin haber planteado los trámites legales que corresponden. Cuando uno pretende desconocer un acuerdo celebrado y ratificado por paritarios, que ellos dicen que se excedieron en sus facultades, hay un procedimiento legal que tiene que ver con la eventual nulidad, a partir de una presentación formal que hagan y una decisión que puede ser administrativa o judicial respecto de ese acuerdo. En este caso hay una proclama pública para que se anule y una toma de Casa de Gobierno para que se anule”, aseveró.
Negó que hasta ayer hubiera un paro por tiempo indeterminado porque lo que se notificó fue una medida “por 24 horas”, y adelantó que “bajo ningún punto de vista se puede negociar con la Casa de Gobierno tomada. No se puede legitimar este tipo de medidas, que son absolutamente desproporcionadas con lo que están reclamando”.
Toma y golpe
Aramburu agregó que esta toma “ni siquiera es asimilable a lo que aconteció el año pasado con el gremio docente, que a nuestro juicio fue un golpe institucional, porque ahí había un reclamo no resuelto y una medida que consideramos ilegal y obramos en consecuencia. Se denunció a la justicia y entiendo que hay procesamientos en curso. Esta medida tiende a ser similar y bajo el rótulo de ‘pacífica’ no dejan entrar a nadie a Casa de Gobierno. Pero tiene como base no estar de acuerdo que una parte de ellos mismos firmaron”, subrayó.
El funcionario ratificó que se pagará el aumento tal como fue acordado, y dijo que dejarlo sin efecto “sería un retroceso y una falta de respeto a los trabajadores que han avalado ese aumento. Es la primera vez que veo que un gremio toma la Casa de Gobierno pidiendo que no se pague un aumento que se acordó, porque no lo acordaron ellos. No les dicen a la gente que no quieren que se les dé el aumento, y esto es descabellado. Esto va a contrapelo de la historia sindical en general”, cuestionó.
Apuntó que no sólo pagar este aumento es una cuestión de voluntad o decisión del gobierno, sino que “es una obligación legal, dado que ni siquiera han planteado una nulidad. La anulación tiene un procedimiento puntual, y este acuerdo está celebrado con paritarios que ellos mismos nombraron”, reiteró.
Aramburu concluyó diciendo que no habrá diálogo “hasta que se abandone la Casa de Gobierno”, con la esperanza de que hoy “se haya superado una situación incómoda no sólo para las parte sino para la comunidad en general”.
“Cada vez que hacen esto, no están perjudicando a Fabiana Ríos ni al gobierno de Fabiana Ríos, sino a la comunidad”, sentenció.
