Ayer la Sala Acusadora decidió por mayoría avanzar con el proceso de juicio político en contra de Fabiana Ríos, pero los votos no alcanzaron los dos tercios requeridos, por lo cual todo pasará al archivo. Sorprendió la decisión de la kirchnerista Myriam Martínez, la opositora más acérrima a la gestión dentro de la Legislatura, que terminó salvando a la gobernadora del proceso. El día anterior el denunciante Alejandro de la Riva había revelado un pedido de Rosana Bertone quien, considerándose la “candidata natural” a la gobernación, habría intervenido en contra del enjuiciamiento para no anticipar el llamado a elecciones. El legislador Tapia no se alineó a la supuesta especulación electoral del bertonismo y priorizó la prueba. La fractura quedó expuesta y se sellará en los próximos días, con la separación del bloque.
Con toda la prueba en contra y una mayoría decidida a avanzar con el proceso de juicio político contra la gobernadora Fabiana Ríos, el voto de la otrora opositora Myriam Martínez determinó el archivo, al no alcanzarse los dos tercios necesarios.
Ayer la Sala Acusadora impuso un 4 a 3 por la continuidad del enjuiciamiento, pero por un voto no se llegó a la mayoría agravada: a favor del proceso se pronunciaron los legisladores Eduardo Barrientos (PJ), Adrián Liendo (PP), Jorge Lechman (MPF) y Héctor Tapia (FPV); y en contra votaron los legisladores Fabio Marinello (PSP), Liliana Martínez Allende (UCR) y Myriam Martínez (FPV).
El bloque del Frente para la Victoria dejó expuesta además su propia fractura interna, a partir de la votación dividida de Tapia y Martínez; el primero referente de la UOM y a la espera del regreso de Oscar Martínez para armar su propio bloque, según confirmaron ayer fuentes del sector metalúrgico; y la segunda, incondicional del bertonismo, que achicó su plafón electoral en menos de 24 horas con una decisión que será difícil de explicar.
El malestar en el sector industrial fue la primera reacción que trascendió a los medios, y se hará palpable en los próximos días de concretarse la división del FPV en la Legislatura. Los hechos tornaron verosímil la mera versión de una supuesta especulación electoral que había revelado el abogado Alejandro de la Riva, y ahora Myriam Martínez deberá explicar qué otra razón que no fuera esta, pudo haber para dejar a un lado los intereses de los afectados por la asfixia económica a las ciudades.
Profecía autocumplida
El resultado de la Sala Acusadora se esperaba para el martes, pero se votó un cuarto intermedio hasta ayer a las 17 horas, a pedido de los legisladores Tapia y Liendo. En este ínterin, el Dr. Alejandro de la Riva había adelantado su sorpresa frente a trascendidos del resultado que finalmente se confirmó. Esto es, un archivo del juicio político, con incidencia protagónica del FPV.
De la Riva había hecho referencia a una reunión que mantuvo la semana pasada con el intendente Gustavo Melella, para pedirle explicaciones por su cambio de postura, dado que fue el primero en hablar de denuncia penal y juicio político, y terminó acordando con el gobierno y defendiendo la “institucionalidad”.
En ese encuentro el jefe comunal le habría revelado la intervención de la diputada Bertone, preocupada por un eventual adelantamiento de las elecciones provinciales, a partir de que se considera la “candidata natural” a la gobernación, y no quería apurar los tiempos.
Esas versiones planteaban que “en el hipotético caso de que suspendan a Ríos, Crocianelli renunciaría, y entonces habría que llamar a elecciones”, dijo a este medio el letrado, como también que –según le habría dicho Melella- “a Rosana Bertone no le convenía que en este momento haya elecciones, porque ella misma decía que es la candidata natural a gobernar”.
“Es lo que me dijo el intendente, que le dijo la diputada”, aseguraba el denunciante, agregando que, “hasta que empezó a operar Bertone, estaban los votos dados, no para destituir a Ríos sino para suspenderla, y que se ponga en orden este caos financiero”.
Lo cierto es que nadie esperaba el cambio de postura de Myriam Martínez, que termina dándole otro grado de credibilidad a este relato, y seguramente el FPV, reducido al bertonismo ahora por el cimbronazo que causó esta votación dentro del bloque, tampoco analizó el impacto negativo de tamaño cambio de postura.
Martínez Allende: una alianza sostenida
Era el FPV el que hablaba del “cogobierno” de Ríos con la UCR y el MPF, pero ayer las piezas del tablero cambiaron de lugar. La UCR efectivamente acompañó al oficialismo, pero el MPF votó para avanzar con el proceso y los nuevos aliados fueron la otrora oposición.
Con 4 a 3 a favor, una mayoría pero no agravada, “las actuaciones se han cerrado y a partir de este momento se archivan. No corresponde que continúe el juicio político”, explicó a Radio Universidad anoche la legisladora Martínez Allende, quien presidió la comisión investigadora.
“Ya está toda la documentación cerrada y ya la gente de prensa de Legislatura está enviando los mails a todos los medios con la votación de los siete miembros, para que tengan la tranquilidad de que se ha hecho con la mayor transparencia y la mayor responsabilidad”, dijo.
Respecto de la prueba recogida, dijo que “nosotros pedimos documental a los intendentes de las tres ciudades, Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, además de tomarle testimonial a los tres intendentes. Pedimos documentación a la Fiscalía de Estado y también al Ministerio de Economía y a la Asesoría Legal y Técnica. Tenemos ocho tomos de expedientes, que se pueden hacer públicos y cualquiera pueda solicitar copias mediante una nota”, informó.
Dado que se trata de unas 1.400 fojas, aclaró que “en principio vamos a mandar el acta porque todos los medios quieren saber cómo votó cada uno de los legisladores, pero para tener toda la documentación pensamos en digitalizar todo para que sea más económico y más rápido”.
La prueba documental “está respaldada por la versión taquigráfica”, agregó la legisladora y estimó que la información completa va a estar disponible “seguramente la semana próxima. El viernes la secretaria de la comisión se va a trasladar a Río Grande para poder notificar al demandante. Queremos cumplir todos los pasos y la semana próxima los que requieran una copia de todo el expediente, lo van a poder tener. Esto pasa a archivo y no prospera porque debió contar con 5 votos para prosperar”, subrayó la legisladora.
El camino judicial
Aunque el juicio político se archiva, la causa penal continúa pero “va por otro carril”, sostuvo Martínez Allende, que no se mostró preocupada por una eventual denuncia en su contra, que anticipó De la Riva para el caso de los legisladores que votaran por la negativa al enjuiciamiento.
“No lo había escuchado, y creo que todos tienen derecho a hacer las denuncias que crean correspondientes. Yo también tengo derecho a defenderme y sostener lo que sostengo en mi dictamen. Si le parece correcto, está bien; si considera que no actuamos bien, lo mejor que puede hacer obviamente es ir a la justicia. A nadie le gusta estar en una situación de enjuiciado ni denunciado, pero Jano está en todo su derecho de hacerlo”, señaló.
Sobre la mención que hizo el Dr. De la Riva a su esposo, Alejandro Vernet, como uno de los operadores políticos en contra del juicio a Ríos, respondió que “mi esposo no está trabajando en ningún sentido, ni para que siga ni para que no siga el juicio político. Jano lo conoce mucho a Alejandro y sabe qué piensa mi marido de Fabiana Ríos. En ese caso sería al revés, y yo tendría que estar votando para la continuidad del juicio. A veces Jano es muy verborrágico y creo que si lo piensa, se desdeciría”.
Respecto de la incidencia de Bertone en el voto del FPV, para evitar un adelantamiento de las elecciones con la destitución de Ríos, dijo desconocer esta versión que, según el denunciante, le habría dado el intendente Melella. “En ningún momento la legisladora Myriam Martínez manifestó que le hubieran bajado línea para votar en un sentido u otro. Para nosotros también es defender la institucionalidad y creemos que los convenios que se han firmado entre las intendencias han zanjado el problema que había con el retraso de los fondos. Ha entrado información donde, de los cien millones, terminaron siendo veinte millones lo que se debe de coparticipación”, dijo sobre la certificación que acercó Río Grande, que igualmente sigue siendo muy superior a la cifra por la cual se destituyó a Colazo.
“No todos van a coincidir conmigo y estoy preparada para responder”, se adelantó la parlamentaria, que diferenció el juicio de Colazo con el de Ríos: “Yo entiendo que hay una situación diferente a la del 2005, donde había plata y no se le enviaba adrede a los municipios, que no es la situación que hay ahora. Yo no voy a defender al gobierno de la provincia porque ellos se van a defender solos, pero tampoco voy a defender a los municipios. Este es un juicio político que para nosotros no amerita la destitución de la gobernadora”, manifestó sin más explicaciones.
Fondo Fiduciario y la dudosa viabilidad
Consultada sobre la inviabilidad de las cartas de intención para cancelar las deudas con fondos del FFIR, discrepó con este criterio “porque el intendente Melella estuvo en Buenos Aires con Estabillo y otro director de este Fondo, y ellos le aseguraron primero que estaba la tramitación de los fondos y segundo que era totalmente factible el envío de esos fondos. Yo me remito a lo que puntualmente nos han dicho los intendentes. Para ellos están bien las actas acuerdo que han firmado, y también se ha firmado un acuerdo por ese monto que se cobraba de gastos operativos. Son ellos los que han planteado cuáles son las necesidades que tienen y el gobierno ha plantado el modo en que puede terminar de pagar los definitivos de coparticipación, las tasas judiciales que están reclamando de Río Grande, los inmobiliarios, el agua”, enumeró sobre la serie de obligaciones incumplidas.
Agregó que estos acuerdos “están aprobados por los Concejos Deliberantes”, situación que nunca ocurrió y se le hizo saber a la parlamentaria. No obstante insistió en afirmar que “están aprobados y por lo menos es lo que a nosotros nos han dicho”, por lo cual restará ver las declaraciones en las testimoniales que, de ser así, plantearían una falsedad de la información brindada.
RECUADRO -----------
El acta de la Sala Acusadora
El acta consta de tres fojas y fue remitida ayer a los medios desde el área de Prensa Legislativa.
El primer voto es de la legisladora Liliana Martínez Allende, y la fundamentación es prácticamente una tautología, sobre “la dimensión política que importa el juicio político”, a lo cual agrega que “el mal desempeño es demasiado amplio como concepto como para poder aplicarlo sin previa ponderación”, que no realiza.
A renglón seguido toma en cuenta “las manifestaciones de los señores intendentes de la provincia, los acuerdos que corrigen (sic) la situación planteada en la denuncia, uno de cuyos signatarios es obviamente el Poder Ejecutivo en la persona de la gobernadora. Justifican así el voto emitido aconsejando no continuar con el enjuiciamiento y que es un aporte al sostenimiento de la institucionalidad, además que deja claramente demostrado que si partidariamente se habría (sic) podido tener alguna pretensión de sacar réditos electorales, no es ni será la vocación de la Unión Cívica Radical, por tanto es mi voto por la desestimación de la acusación y el Archivo de las actuaciones”.
El segundo voto es del legislador Fabio Marinello, quien se remite a su postura desde el inicio, por el rechazo in limine de la presentación. Recuerda “una presentación similar realizada el 2 de septiembre de 2009 por el mismo denunciante” y asegura que “ahora, como en aquella oportunidad, se desprende de la propia denuncia y prueba instrumental arrimada, el cumplimiento de la obligación de remisión de fondos coparticipables”.
Destaca “como elemento determinante del rechazo, que las verdaderas partes involucradas en el pretenso conflicto de intereses, no sólo han manifestado públicamente sino ante la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora, la voluntad superadora de supuestas divergencias que el denunciante asevera como subsistentes, celebrando incluso convenios tendientes a la regularización de la situación hoy denunciada”. Su voto es conteste con el pedido previo de rechazo in limine, por la “desestimación de la denuncia y archivo de las actuaciones”.
El tercer voto corresponde al legislador justicialista Eduardo Barrientos, para quien “se ha verificado el cumplimiento de las causales denunciadas, como así también su absoluta gravedad y responsabilidad”. Su conclusión es que “la gobernadora se encuentra incursa en la causal de mal desempeño del cargo que juró ejercer con lealtad y fidelidad (…) y que por tanto esta Sala Acusadora debe formular acusación ante la Sala Juzgadora”. El legislador adhiere a los fundamentos emitidos al momento de elevar dictamen, que se conocerán en detalle a partir de la semana próxima.
El cuarto voto corresponde a la legisladora Myriam Martínez y es muy breve la explicación para no dar curso al enjuiciamiento de Ríos. Curiosamente, apela a acuerdos sellados ante la Corte fueguina, cuando la reciente carta de intención no incorporó ningún aval judicial, como tampoco legislativo: “Teniendo en cuenta la voluntad de las partes y los acuerdos celebrados, algunos de los cuales han sido avalados por el mismo Superior Tribunal de Justicia (sic); quien ha bregado constantemente por la conciliación entre los distintos Gobiernos, entiendo la necesidad de que las partes se sometan a los acuerdos suscriptos, los que deberán ser entendidos como ley para las partes firmantes de los mismos”, señala.
“En esta línea argumental entiendo que no están dadas las condiciones a fin de que pueda prosperar la denuncia formulada, por lo que voto por la desestimación de las presentes actuaciones”, completa su manifestación en el acta y pide dar ingreso al fundamento extendido del voto por secretaría.
Le sigue el legislador Adrián Liendo en quinto lugar, para “expresar mi voto afirmativo para que se dé curso a la acusación por la cual hemos sido convocados, por las razones que desarrollo en el dictamen que acompaño en dos fojas”.
En sexto lugar solicita la palabra el legislador Jorge Lechman quien, basado en “las manifestaciones, pruebas, documentación y testimonios obrantes en el presente expediente”, afirma que “existe deuda vencida entre la Provincia y los Municipios en concepto de coparticipación. Dicha deuda ha sido reconocida expresamente por la Provincia en los acuerdos, actas y cartas compromiso adjuntadas por la Sra. Gobernadora en su descargo, y por el intendente Melella”.
Sostiene que “la deuda demuestra el incumplimiento de la norma constitucional protegida y que la responsabilidad primaria de dicho incumplimiento es de la Sra. Gobernadora de la Provincia”.
Considera “acreditado el incumplimiento por parte de la denunciada”, por lo que “incurre en la causal de mal desempeño del cargo”. En función de lo expuesto, solicita “el juzgamiento de la señora Gobernadora” y aporta más fundamentos en once fojas útiles.
Finamente el séptimo voto corresponde al legislador Héctor Tapia, por poco tiempo más miembro del bloque del FPV. Expone que su voto es afirmativo por haber “constatado serias irregularidades insalvables que claramente violan la Constitución Provincial. De hecho la Constitución Provincial contempla mecanismos que deben inexorablemente funcionar para mantener la institucionalidad de la provincia. Estos mecanismos ponen límites, cuya finalidad es impedir que un gobierno provincial provoque una crisis en los municipios debido a una retención indebida de dinero que debe, inexorablemente, remitirse a cada uno de ellos”.
Su voto es por la afirmativa y solicita que se le dé curso a la acusación.
Siendo las 19:30 se dan por terminadas las actuaciones
