La Comisión Investigadora integrada por los Legisladores Martínez Allende (UCR), Barrientos (PJ) y Marinello (PSP), resolvió el viernes pasado correr traslado a la Gobernadora de la denuncia presentada en su contra por el abogado De la Riva por indebida retención de coparticipación a los municipios de Ushuaia y Río Grande.
La notificación a la mandataria se realizó el sábado, por lo que a partir de hoy comienza a correr el plazo de 5 días hábiles, previsto en la ley de juicio político, para que Ríos formule su descargo y ofrezca la prueba de que intente valerse para su defensa.
Una vez recibida la respuesta, la Comisión contará con un plazo de 10 días hábiles, que fundadamente podrá ampliar por otros 5, para producir la prueba ofrecida y la que dispusiere de oficio.
Dentro de los 30 días hábiles de recibida la denuncia, es decir el 11 de octubre próximo, la Comisión Investigadora deberá emitir su dictamen fundado, el que con sus antecedentes elevará a la Sala Acusadora dentro de las 48 horas hábiles siguientes aconsejando desestimar la denuncia o formular la correspondiente acusación.
Una vez recibido ese dictamen, la Sala Acusadora -integrada además de Martínez Allende, Barrientos y Marinello, por Martínez y Tapia del Frente para la Victoria, Lechman (MPF) y Liendo (PP)- deberá decidirá dentro del plazo máximo de 20 días hábiles y por el voto nominal de los dos tercios de la totalidad de sus miembros si corresponde el juzgamiento del denunciado. Si la votación fuere afirmativa, designará una comisión integrada por tres de sus miembros para que sostenga la acusación ante la otra Sala, debiendo por lo menos uno de ellos ser integrante de la Comisión Investigadora.
En ese mismo acto la Sala notificará al interesado sobre la existencia de la acusación y sus antecedentes, lo suspenderá en sus funciones sin goce de retribución y comunicará lo actuado a la Sala Juzgadora remitiéndole todos los antecedentes.
