Mientras el conflicto salarial con el sector docente está resuelto para la gobernadora, ahora podría sobrevenir uno mayor, de resultar procesados y/o sancionados con la exoneración los dirigentes sindicales que participaron de la toma de la Casa de Gobierno y del presunto robo de una serie de elementos.
El gobierno fueguino abrió la investigación sumaria contra los ocupantes de la Casa de Gobierno en los incidentes de mayo pasado. Paralelamente avanza la causa penal y se espera la rueda de indagatorias. Entre los delitos se imputa el robo y, de haber condena judicial, podría caer más de un dirigente preso. De resultar exonerados además perderían el trabajo, y ya se adelantó que habrá pedidos de desafuero sindical para los dirigentes involucrados. El SUTEF amenaza con medidas de protesta y podría haber un rebrote del conflicto. Según se dejó trascender de fuentes oficiales, entre los elementos robados se contarían cien mil pesos en vales de combustible, chequeras y computadoras. Ríos atribuyó al personal de Casa de Gobierno la identificación de todos los faltantes.
“El conflicto con el sector docente, en términos salariales, está terminado, acordado, resuelto y decretado”, dijo ayer en rueda de prensa, luego de participar de la inauguración del Banco en Río Grande.
Con respecto a la toma de casa de Gobierno, mencionó una investigación que “corre por carriles diferentes”, y que no se trata de una “protesta social”.
“Una cosa es la protesta social, que no es un delito, y nadie iría a denunciar la protesta social. Lo que se ha denunciado, y en nuestro carácter de funcionarios públicos tenemos obligación de hacerlo, son los delitos asociados a una circunstancia que excedió todos los límites. Como tal, debe ser abordado como una cuestión que excedió todos los límites”, aseguró, mientras se prevé en los próximos días el inicio de la ronda de indagatorias.
La causa penal fue iniciada por el ministro Gustavo Zanone, que efectuó la denuncia el mismo día de la ocupación. Luego se han ido sumando otros presuntos delitos en concurso, como el robo de chequeras, vales de combustible por una suma de cien mil pesos, y computadoras personales. A eso se agregaría el delito de violación a la intimidad o usurpación de identidad, por el presunto hackeo de cuentas de correo de los funcionarios, durante el tiempo de permanencia de los manifestantes en las oficinas.
“Se pretende decir que la protesta social es sancionada porque citan a personas identificadas a explicar por qué le partieron la oreja a un policía y le tuvieron que dar 15 puntos, o por qué desapareció una notebook, o por qué se sustituyó identidad en una computadora y se metieron en los correos electrónicos”, dijo la gobernadora, como también que “hay una cantidad de faltantes” de los que dio cuenta “el personal de Casa de Gobierno”.
“En la Casa de Gobierno trabajan funcionarios políticos y empleados de planta permanente, que desarrollan un trabajo del día 1 al día 30 y por eso cobran un salario. Eso los pone en el carácter de trabajadores, y no fue que entraron trabajadores en un lugar donde no había trabajadores. Esos mismos trabajadores denunciaron cuestiones que están tipificadas en el código. Hemos hecho la denuncia en relación a esto y el esclarecimiento en relación a esto”, indicó, por lo cual tras la primera denuncia de Zanone, hubo otras vinculadas con este presunto robo de elementos.
La sanción penal vendría acompañada de otras administrativas, que en algunos casos podrían derivar en la exoneración. “Hay una parte que está en manos de la justicia y otra parte que circula por otro carril, que es la investigación sumaria, para deslindar responsabilidades, porque hubo personas que no trabajan en Casa de Gobierno, que durante cinco días estuvieron dentro de las oficinas, y lo que había no está. Alguien va a tener que explicar por qué no está”, sentenció la mandataria.
Consultada sobre la posibilidad de pedir el desafuero a los dirigentes, dado que tienen protección sindical, respondió “claro que sí. En los casos que sea necesario, si las personas identificadas tienen tutela sindical, se procederá de acuerdo a lo que dicta la ley para poder iniciar las investigaciones”.
“Estos días se firmó la apertura de la investigación sumaria. Lo que hay son denuncias efectuadas por el personal, que es lo que se va a tener que investigar”, sostuvo, y detalló “falta de expedientes, chequeras, vales de combustibles, notebooks, una cantidad de cosas. Hay más elementos”, apuntó, prefiriendo no abundar en detalles “por la judicialización de la situación”, aunque se dejó trascender que, en vales de combustible, habrían “desaparecido” unos cien mil pesos.
Con respecto a la toma de casa de Gobierno, mencionó una investigación que “corre por carriles diferentes”, y que no se trata de una “protesta social”.
“Una cosa es la protesta social, que no es un delito, y nadie iría a denunciar la protesta social. Lo que se ha denunciado, y en nuestro carácter de funcionarios públicos tenemos obligación de hacerlo, son los delitos asociados a una circunstancia que excedió todos los límites. Como tal, debe ser abordado como una cuestión que excedió todos los límites”, aseguró, mientras se prevé en los próximos días el inicio de la ronda de indagatorias.
La causa penal fue iniciada por el ministro Gustavo Zanone, que efectuó la denuncia el mismo día de la ocupación. Luego se han ido sumando otros presuntos delitos en concurso, como el robo de chequeras, vales de combustible por una suma de cien mil pesos, y computadoras personales. A eso se agregaría el delito de violación a la intimidad o usurpación de identidad, por el presunto hackeo de cuentas de correo de los funcionarios, durante el tiempo de permanencia de los manifestantes en las oficinas.
“Se pretende decir que la protesta social es sancionada porque citan a personas identificadas a explicar por qué le partieron la oreja a un policía y le tuvieron que dar 15 puntos, o por qué desapareció una notebook, o por qué se sustituyó identidad en una computadora y se metieron en los correos electrónicos”, dijo la gobernadora, como también que “hay una cantidad de faltantes” de los que dio cuenta “el personal de Casa de Gobierno”.
“En la Casa de Gobierno trabajan funcionarios políticos y empleados de planta permanente, que desarrollan un trabajo del día 1 al día 30 y por eso cobran un salario. Eso los pone en el carácter de trabajadores, y no fue que entraron trabajadores en un lugar donde no había trabajadores. Esos mismos trabajadores denunciaron cuestiones que están tipificadas en el código. Hemos hecho la denuncia en relación a esto y el esclarecimiento en relación a esto”, indicó, por lo cual tras la primera denuncia de Zanone, hubo otras vinculadas con este presunto robo de elementos.
La sanción penal vendría acompañada de otras administrativas, que en algunos casos podrían derivar en la exoneración. “Hay una parte que está en manos de la justicia y otra parte que circula por otro carril, que es la investigación sumaria, para deslindar responsabilidades, porque hubo personas que no trabajan en Casa de Gobierno, que durante cinco días estuvieron dentro de las oficinas, y lo que había no está. Alguien va a tener que explicar por qué no está”, sentenció la mandataria.
Consultada sobre la posibilidad de pedir el desafuero a los dirigentes, dado que tienen protección sindical, respondió “claro que sí. En los casos que sea necesario, si las personas identificadas tienen tutela sindical, se procederá de acuerdo a lo que dicta la ley para poder iniciar las investigaciones”.
“Estos días se firmó la apertura de la investigación sumaria. Lo que hay son denuncias efectuadas por el personal, que es lo que se va a tener que investigar”, sostuvo, y detalló “falta de expedientes, chequeras, vales de combustibles, notebooks, una cantidad de cosas. Hay más elementos”, apuntó, prefiriendo no abundar en detalles “por la judicialización de la situación”, aunque se dejó trascender que, en vales de combustible, habrían “desaparecido” unos cien mil pesos.
