Las declaraciones del ex ministro Sosa y del comerciante Arrébola confirmaron la maniobra realizada a fines de 2007 para quedarse con 1,7 millones de pesos del Estado. Ahora el Tribunal Oral busca dilucidar el grado de participación de los restantes seis imputados, entre ellos cuatro ex funcionarios. Comenzó la ronda de testimonios.
Con las explosivas confesiones del ex ministro de Economía Horacio Sosa, y del comerciante de Río Grande Ariel Arrébola, el primer juicio por el escándalo de las Letras de Tesorería durante la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro perdió en suspenso.
La continuidad de las audiencias, tras las indagatorias de Sosa y Arrébola prestadas el jueves pasado, tiene como objetivo individualizar el grado de participación en el fraude que le corresponde a los otros seis imputados, porque del delito confeso y descripto con lujo de detalles, ya no cabe ninguna duda.
Como había anticipado en el auto de procesamiento el juez de instrucción Javier De Gamas Soler, una organización encabezada por funcionarios públicos de la más alta jerarquía, e integrada por empleados de planta del Estado y el dueño del negocio Compu Line (Arrébola) fabricaron expedientes ficticios para justificar la erogación de 1,7 millones de pesos por insumos y servicios informáticos nunca prestados.
Arrébola ya admitió que cedió el talonario de facturas en blanco de su comercio para que se perpetrara la maniobra, y que cobró varias de las Letras recibidas el 14 de diciembre de 2007, último día de la gestión Cóccaro en el poder.
Sosa reconoció haber formado parte del saqueo y lo sintetizó con la frase “vi la oportunidad de hacer el negocio y lo hice”. También profundizó el escándalo al revelar que quiso comprar impunidad judicial pagándole $300 mil a un abogado con supuestos vínculos con la Justicia, en un intento que finalmente no prosperó.
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia deben resolver ahora la única parte del rompecabezas que ofrece algún grado de dificultad: quiénes, además de los corruptos confesos, colaboraron con el atraco.
La lista de sospechosos tiene media docena de nombres: el ex Tesorero y Contador General de la Gobernación, Alfredo Iglesias; el ex director contable del Ministerio de Economía, Horacio Medone; el ex secretario de Contrataciones y Suministros, José Mallemaci, y su segundo, Juan Eduardo Galego; la ex agente contratada Mariela Dana y la empleada María Lorenza Moreno.
Testimonios
La mayoría de los testigos que declararon ayer en el juicio fueron ex empleados de las áreas del Ministerio de Economía relacionadas con la confección de los expedientes administrativos y el trámite de pago de las prestaciones fraudulentas.
Las preguntas de los jueces Roberto Magraner, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón, así como del fiscal Mayor Guillermo Massimi y de los siete abogados defensores que intervienen en el proceso, apuntan a reconstruir el grado de conocimiento que tenían los imputados sobre la maniobra fraudulenta.
Así, por ejemplo, el empleado que cargaba en el sistema informático de Gobierno a los proveedores del Estado, admitió que algunos fueron incorporados sin que cumplieran con el trámite y la presentación de documentación correspondiente. Este dato es clave para entender por qué el negocio de Arrébola figuraba como proveedor cuando sólo se había inscripto por Internet.
Otra empleada del área de Contrataciones confirmó que había expedientes que tenían un seguimiento especial por parte de funcionarios que incluso los trasladaban en mano de una oficina a la otra, y una empleada de Tesorería corroboró la existencia de expedientes ingresados al área sin que cuenten con el sello de mesa de entradas. Por su parte un agente de Contaduría reveló que por esa época, alguien usó su clave de ingreso al sistema informático para ingresar expedientes que él no había visto nunca.
