El Municipio que parecía el más conciliador, daría el paso que hasta ahora no se atrevieron a dar ninguno de los más acérrimos opositores al gobierno, para determinar responsabilidades por el ya histórico incumplimiento de obligaciones constitucionales. El Dr. Daniel Garay, abogado de la Municipalidad de Río Grande, confirmó que está todo listo para avanzar con una denuncia penal y un juicio político contra la gobernadora Ríos. Sólo falta la orden del intendente, por estos días en Buenos Aires. Apuntan a la gobernadora como “responsable política y constitucional” de una deuda de casi cien millones, que pone en jaque la administración Melella. El letrado comparó los pasos a seguir con los que ya se dieron, y terminaron con la destitución de Jorge Colazo.
“El vaso rebalsó”, “el intendente fue muy tolerante”, “no tiene vuelta atrás”, fueron algunas frases lanzadas ayer por Radio Universidad de parte del asesor letrado de la Municipalidad de Río Grande, Dr. Daniel Garay.
Todo está preparado desde las áreas técnicas para avanzar tanto con una denuncia penal como con un pedido de juicio político, por los mismos motivos que terminaron con la destitución de Jorge Colazo, aunque con un monto sensiblemente mayor en lo que respecta a deuda de coparticipación.
La “mala fe”
En primer término el Dr. Garay se refirió a las declaraciones del ministro de gobierno Gustavo Zanone y el legislador Fabio Marinello, que ironizaron respecto de Melella, considerando que “está nervioso”, cuando propuso derogar el fondo solidario; y argumentaron que sería más perjudicial para el municipio porque se volvería al escenario de la ley 648, omitiendo que fue derogada.
“Hay una cuestión meramente jurídica que el ministro no puede desconocer como abogado: al haber sido derogada la ley 648, la provincia no puede después pretender hacer una acción con fundamento en la ley 648. Es un conocimiento que tenemos todos los abogados y hasta los estudiantes de Derecho –sostuvo-. No se puede pretender la vigencia de una ley una vez derogada y menos aún pretender recuperar los fondos que fueron mal aplicados, a consecuencia del fallo emitido por el Superior Tribunal”.
“La verdad no sé porqué motivo han emitido esas declaraciones, porque es una cuestión elemental”, subrayó, reiterando que “la ley 648 fue derogada y el artículo 29 de la Ley de Presupuesto 2013 lo dice claramente”.
“No hay lugar a discusión en cuanto a esta amenaza del gobierno provincial acerca de que, si los municipios pretenden la derogación del fondo solidario, la provincia va a reclamar la deuda retroactiva derivada de la mala aplicación de la ley 648. Es una barbaridad lo que están diciendo. No se puede volver atrás sobre una ley que ha sido derogada”, enfatizó.
Agregó que en el supuesto de que la provincia “quiera ejecutar la deuda que tenía el municipio por la mala aplicación de la ley 648, se estaría iniciando una acción legal en base a una ley que está derogada”. Algo impensable.
Para Garay más que desconocimiento, hay mala fe, y esto ya no pasa inadvertido para Melella. “El intendente Melella siempre actuó en buena ley, con la gobernadora, con los ministros. Fue el funcionario que más quiso el diálogo y al que más han defraudado con la buena fe que tienen que tener los gobernantes. Porque no han actuado con buena fe”, aseveró.
Acuerdo incumplido
Garay pidió “hacer un poco de memoria en lo que fue el acuerdo que los municipios celebraron, luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia: a los efectos de compensar esta pérdida de recursos que iban a tener, los municipios hicieron un acuerdo entre los tres intendentes, por el que cedían parte de la coparticipación que les correspondía, destinado a educación y salud. A cambio se adicionaba el 1% de Ingresos Brutos, que iba a ser coparticipable. Ese era el acuerdo –recordó-. Después, cuando se va a sancionar la ley, este 1% resultó ser no coparticipable y ahí intervinieron los legisladores, que eran los que se habían comprometido a que fuera coparticipable. No fue cuál fue el motivo para que saliera todo lo contrario a la voluntad de los intendentes”, lamentó.
Pero lo cierto es que además de la quita, “ese 1% coparticipable se hizo no coparticipable”, a lo que se agrega el incumplimiento del goteo diario también prometido en ese acuerdo.
“Realmente a los intendentes los han engañado y a las pruebas me remito. Lo estoy diciendo por la misma ley que sancionaron”, subrayó.
Cerca de los cien millones
Mientras estos acuerdos se incumplen, paralelamente crece la deuda. “El municipio ha hecho los reclamos, los viene haciendo, celebró un acuerdo por deudas tributarias que tampoco cumplieron, e inclusive no refrendó el convenio la gobernadora”, reveló, explicando que “se suscribió un convenio porque había una deuda judicial que tenía sentencia firme, de más de siete millones; y también una deuda administrativa que reconocía la provincia. Después este convenio fue aprobado por el intendente de Río Grande pero no así por la gobernadora, y era un convenio firmado por el ministro Aramburu. Ríos debió ratificarlo por decreto y ni lo hizo”, expuso, lo que abona a la teoría del doble discurso que viene planteando Melella en sus últimas declaraciones públicas.
Ríos, la principal responsable
Ya no hay más excusas hacia la figura de la gobernadora, adonde se prevé apuntar directamente. “Nosotros debemos agotar la vía administrativa, hay reclamos que se están haciendo actualmente, pero a lo que quiero llegar es que acá hay una responsabilidad política institucional y constitucional de la gobernadora, que es la de remesar en tiempo y forma los fondos de coparticipación. Y es una falta grave ese incumplimiento”, remarcó.
“En consecuencia, acá hay responsabilidades políticas, institucionales. Es un incumplimiento grave en su mandato constitucional”, volvió a decir, y ya tiene preparadas las acciones que se corresponden con ese incumplimiento.
“El próximo paso va a ser una intimación a la gobernadora, mediante acto administrativo fehaciente, a los efectos de que deposite en la cuenta del municipio los fondos de coparticipación, bajo apercibimiento porque incurriría en falta grave en caso de que no cumpla”, detalló.
El siguiente, será el juicio político y por este tipo de incumplimiento “la consecuencia ya se vio. Al gobernador Jorge Colazo se le hizo un juicio político y, aun habiendo depositado en el transcurso del juicio los cuatro millones de pesos, igualmente fue destituido porque el incumplimiento ya se había configurado”, sostuvo.
“Acá están debiendo casi cien millones de pesos a cada municipio. Son doscientos millones de pesos y a Colazo se lo destituyó por cuatro millones de pesos. No llega al cinco por ciento de lo que debe la actual gobernadora”, comparó.
No obstante aclaró que este paso “lo tendrá que evaluar el intendente, que es la máxima autoridad. Inclusive no sólo el intendente, sino el Concejo Deliberante”.
Dado que algunos concejales, entre ellos Héctor Garay, adelantaron su intención de avanzar con un juicio político, indicó que “indudablemente el concejal tiene el derecho, la facultad y el deber inclusive, de iniciar el proceso de juicio político a través de la denuncia correspondiente”.
Melella, rebasado
El enojo de Melella no es una puesta en escena, y en los últimos días puso sobre la mesa el “ninguneo” y “las chicanas de funcionarios” que además de deberles se burlan.
Antes quitaba a la gobernadora de la responsabilidad pero ya no, y según Garay no hay vuelta atrás de parte del intendente.
“La gobernadora no puede ignorar lo que pasa y lo que hacen los funcionarios de rango inferior. ¿Acaso la gobernadora ignora que debe cien millones a Ushuaia y otro tanto a la Municipalidad de Río Grande? Si ignora ese dato, entonces no sé por qué está ocupando su función”, dijo.
“Yo aspiro a que entren en razón y espero que a esto le den una solución. No digo que cancelen el cien por ciento de la deuda pero al menos que muestren buena voluntad. Y que no haya más chicaneos. El intendente se enojó porque ya lo chicanearon en persona. Y para que el intendente Melella se enoje… si es más bueno que Lassie atado. Si lo han hecho enojar es porque realmente han rebalsado el vaso”, aseguró.
También advirtió las implicancias de un Melella cuando dice basta: “Yo no lo quiero tener al intendente enojado, de la otra parte. Ha tenido tolerancia, ha mandado a los técnicos para que concilien deuda, hicieron montones de viajes, y realmente es una tomada de pelo. En este sentido, el intendente ha sido claro y no tiene vuelta atrás”, sentenció.
“Una vez que tengamos la orden del intendente de emitir lo que estima que corresponde, se harán las actuaciones administrativas y penales que corresponda”, confirmó.
El pedido de juicio político será similar al de Colazo. “Exactamente, la decisión en definitiva la debe tomar quien es la máxima autoridad. Se hará lo que el intendente me instruya. Yo no puedo actuar por motu proprio, y siempre tengo que actuar dentro del marco que me da la Carta Orgánica municipal”, apuntó.
Todo listo
Igualmente, reiteró que está todo listo: “Nosotros tenemos todo hecho para presentar, en cuanto a la intimación de recursos de coparticipación, por los definitivos que son exigibles y llegan a más de 30 millones de pesos. Son los definitivos mensuales que corresponde girar a la Municipalidad y superan los treinta millones”, ratificó.
Agregó que el mismo gobierno los llevó a esta situación extrema: “Hay una cuestión a tener en cuenta, que cada vez que vamos a la justicia y reclamamos montos dinerarios hay que aportar el 3% de tasa de justicia. Ahora el Municipio no tiene dinero para aportarlo. Realmente está en una situación comprometida. Si nos deben 30 millones y hay que pagar casi un millón de tasa de justicia, es imposible. Por eso también especulan con eso desde el gobierno”, acusó.
Sobre la posibilidad de que, faltando dos años de gestión, le “endosen” esta deuda al que venga, estimó que “no van a llegar a los dos años, alguien les va a tener que exigir. Primero hay que cumplir la intimación previa”.
“El intendente va a seguir manteniendo reuniones para definir toda la deuda, con los legisladores también, para que lo tengan en cuenta para el Presupuesto 2014”, dijo, puesto que ya ocurrió con el IPAUSS que no se incorporaron sentencias firmes.
“Esto tiene que figurar como deuda exigible a la provincia. Algo va a tener que hacer la Legislatura, porque ¿cómo van a hacer ahora para aprobar la cuenta de inversión?”, se preguntó.
El abogado espera acciones no sólo de los legisladores radicales sino también de la oposición, porque están todos al tanto de lo que viene ocurriendo. “Los legisladores no lo pueden desconocer y no lo pueden pasar por alto. Los concejales también tienen todo el derecho que les asiste como funcionarios públicos a defender los recursos de coparticipación, en virtud de la autonomía municipal. Acá nadie puede desconocer los deberes que le corresponde observar a cada uno. Hay una deuda que la provincia tiene, que es muy abultada y se está acrecentando de una forma que prácticamente no la van a poder pagar. Y los fondos no pertenecen a Gustavo Melella, son de la comunidad de Río Grande. Así como en su momento a Colazo se lo destituyó por cuatro millones de pesos, acá hay fondos de coparticipación que corresponde remitir y no lo ha hecho la gobernadora”.
“Luego de la intimación por vía fehaciente, de no tener respuesta corresponde la denuncia penal y la presentación de juicio político. Estamos a la espera de lo que el intendente ordene”, concluyó.
