El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia juzgará desde hoy el denominado “Caso Arrébola”, el primero y más emblemático que analiza el escándalo por uso fraudulento de Letras de Tesorería durante la última parte de la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro.
La causa judicial involucra al comerciante de Río Grande Ariel Arrébola, pero también a ex funcionarios de la gestión Cóccaro como el ex ministro de Economía, Horacio Sosa y el ex Tesorero y Contador General de la Gobernación, Alfredo Iglesias. También al ex director contable del Ministerio de Economía, Horacio Medone, a la agente contratada Ana María Danna y a la empleada María Lorenza Moreno.
Los jueces Jorge Magraner, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón deberán dilucidar la presunta responsabilidad penal de cada uno de ellos es una maniobra por la cual el Estado desembolsó 1,7 millones de pesos en Letras de Tesorería a fines de 2007, por servicios nunca prestados.
El caso tiene la particularidad de que dos de los acusados, Arrébola primero y Sosa después, en declaraciones prestadas en sede judicial, confesaron haber formado parte de la defraudación. Incluso Arrébola devolvió parte del dinero en efectivo y un terreno.
El caso Arrébola se remonta al 22 de enero de 2008, cuando fue denunciado por los ex legisladores del ARI.
Ariel Arrébola es el propietario de Compuline, un comercio dedicado a la venta de insumos y servicios informáticos que supo tener varias sucursales en Río Grande.
El comerciante tenía vinculación con el ex gobernador Hugo Cóccaro a partir de haberle prestado servicios a la empresa de construcción Cóccaro Hermanos. De allí también surgió una relación con Horacio Sosa, quien trabajó para la misma firma y en 2007 se desempeñaba como ministro de Obras Públicas a cargo del Ministerio de Economía, en la parte final de la gestión justicialista disidente.
Según declaró el propio Arrébola ante la Justicia, fue Sosa quien le propuso efectuar algunas operaciones con el gobierno provincial, y quien le dijo que para ello, tenía que entregarle un talonario de facturas en blanco. El ministro se encargaría de llenarlas y de concretar la operación. Luego lo llamaría para cobrar, y para quedarse con un porcentaje de lo facturado.
Arrébola asegura que le entregó el talonario a Sosa en mano, en el interior de su negocio y en horas de la tarde. Era octubre del año 2007. También sostiene que hasta ese momento, pensaba que se trataba de operaciones legales, que se iba a prestar un servicio concreto, y que él se iba a quedar con una ganancia.
La investigación judicial demostró que en julio de 2007, el Ministerio de Economía abrió siete expedientes administrativos cuyo único fin habría sido sustraer dinero público. Los trámites fueron caratulados y se les realizó una imputación preventiva de fondos a cuatro de ellos, para garantizar que tuvieran respaldo presupuestario. Después quedaron en un cajón hasta el 10 de diciembre, en que les efectuaron imputaciones preventivas a los tres expedientes restantes.
El juez Javier De Gamas Soler comprobó que el 13 de diciembre, para dar apariencia de legalidad a la maniobra, se suscribieron resoluciones falsas de la Secretaría de Contrataciones y Suministros, aprobando gastos por servicios que jamás se prestaron. Los documentos se habrían impreso desde una misma computadora ubicada en el Ministerio de Economía, que fue individualizada durante la investigación. Incluso se simuló un giro de los expedientes a través del sistema informático de Gobierno, cuando en realidad, los papeles nunca se movieron de la oficina original. Las resoluciones, además, tenían firmas falsificadas.
Sin haberle vendido ningún insumo, ni prestado ningún servicio al Estado, la Provincia le debía ahora al comerciante Arrébola, 1.753.530 pesos con 94 pesos centavos, que incluían un monto en concepto de intereses y se distribuían en 11 facturas.
No es la única causa que involucra Letras de Tesorería. En el “Caso Gualdesi” se investiga si existió una maniobra para sustraer fondos públicos simulando prestaciones de servicios o entregas de mercadería que nunca se habrían concretado. El presunto desvío fue de 8.202.315 pesos pagados también con Letras,
Este caso fue denunciado por la actual gobernadora Fabiana Ríos, también en 2008, y tiene procesamientos firmes contra el ex ministro de Economía, Raúl Berrone, la ex secretaria Ana Esparza y el ex contador Alfredo Iglesias, además de los empleados Horacio Medone, María Lorenza Moreno y Juan Carlos Pacheco y dos comerciantes de la firma proveedora, Gualdesi Hermanos.
También fueron procesados el secretario contable del Tribunal de Cuentas, Emilio May, a quien se le imputa haber levantado las observaciones que luego posibilitaron el pago de los expedientes, y el empleado de planta Isidro Ferreyra, quien habría conformado las facturas de la operatoria.
La causa judicial involucra al comerciante de Río Grande Ariel Arrébola, pero también a ex funcionarios de la gestión Cóccaro como el ex ministro de Economía, Horacio Sosa y el ex Tesorero y Contador General de la Gobernación, Alfredo Iglesias. También al ex director contable del Ministerio de Economía, Horacio Medone, a la agente contratada Ana María Danna y a la empleada María Lorenza Moreno.
Los jueces Jorge Magraner, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón deberán dilucidar la presunta responsabilidad penal de cada uno de ellos es una maniobra por la cual el Estado desembolsó 1,7 millones de pesos en Letras de Tesorería a fines de 2007, por servicios nunca prestados.
El caso tiene la particularidad de que dos de los acusados, Arrébola primero y Sosa después, en declaraciones prestadas en sede judicial, confesaron haber formado parte de la defraudación. Incluso Arrébola devolvió parte del dinero en efectivo y un terreno.
El caso Arrébola se remonta al 22 de enero de 2008, cuando fue denunciado por los ex legisladores del ARI.
Ariel Arrébola es el propietario de Compuline, un comercio dedicado a la venta de insumos y servicios informáticos que supo tener varias sucursales en Río Grande.
El comerciante tenía vinculación con el ex gobernador Hugo Cóccaro a partir de haberle prestado servicios a la empresa de construcción Cóccaro Hermanos. De allí también surgió una relación con Horacio Sosa, quien trabajó para la misma firma y en 2007 se desempeñaba como ministro de Obras Públicas a cargo del Ministerio de Economía, en la parte final de la gestión justicialista disidente.
Según declaró el propio Arrébola ante la Justicia, fue Sosa quien le propuso efectuar algunas operaciones con el gobierno provincial, y quien le dijo que para ello, tenía que entregarle un talonario de facturas en blanco. El ministro se encargaría de llenarlas y de concretar la operación. Luego lo llamaría para cobrar, y para quedarse con un porcentaje de lo facturado.
Arrébola asegura que le entregó el talonario a Sosa en mano, en el interior de su negocio y en horas de la tarde. Era octubre del año 2007. También sostiene que hasta ese momento, pensaba que se trataba de operaciones legales, que se iba a prestar un servicio concreto, y que él se iba a quedar con una ganancia.
La investigación judicial demostró que en julio de 2007, el Ministerio de Economía abrió siete expedientes administrativos cuyo único fin habría sido sustraer dinero público. Los trámites fueron caratulados y se les realizó una imputación preventiva de fondos a cuatro de ellos, para garantizar que tuvieran respaldo presupuestario. Después quedaron en un cajón hasta el 10 de diciembre, en que les efectuaron imputaciones preventivas a los tres expedientes restantes.
El juez Javier De Gamas Soler comprobó que el 13 de diciembre, para dar apariencia de legalidad a la maniobra, se suscribieron resoluciones falsas de la Secretaría de Contrataciones y Suministros, aprobando gastos por servicios que jamás se prestaron. Los documentos se habrían impreso desde una misma computadora ubicada en el Ministerio de Economía, que fue individualizada durante la investigación. Incluso se simuló un giro de los expedientes a través del sistema informático de Gobierno, cuando en realidad, los papeles nunca se movieron de la oficina original. Las resoluciones, además, tenían firmas falsificadas.
Sin haberle vendido ningún insumo, ni prestado ningún servicio al Estado, la Provincia le debía ahora al comerciante Arrébola, 1.753.530 pesos con 94 pesos centavos, que incluían un monto en concepto de intereses y se distribuían en 11 facturas.
No es la única causa que involucra Letras de Tesorería. En el “Caso Gualdesi” se investiga si existió una maniobra para sustraer fondos públicos simulando prestaciones de servicios o entregas de mercadería que nunca se habrían concretado. El presunto desvío fue de 8.202.315 pesos pagados también con Letras,
Este caso fue denunciado por la actual gobernadora Fabiana Ríos, también en 2008, y tiene procesamientos firmes contra el ex ministro de Economía, Raúl Berrone, la ex secretaria Ana Esparza y el ex contador Alfredo Iglesias, además de los empleados Horacio Medone, María Lorenza Moreno y Juan Carlos Pacheco y dos comerciantes de la firma proveedora, Gualdesi Hermanos.
También fueron procesados el secretario contable del Tribunal de Cuentas, Emilio May, a quien se le imputa haber levantado las observaciones que luego posibilitaron el pago de los expedientes, y el empleado de planta Isidro Ferreyra, quien habría conformado las facturas de la operatoria.
