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jueves, agosto 22, 2013

El proyecto de ley de código contravencional provincial, atenta derechos y garantías constitucionales

varios gremios de la provincia hacen publico su rechazo al nuevo código contravensional ya que 

consideran que su reglamentación en la legislatura violara la libertad sindical, libertad de reunión, derecho de huelga, de juez natural, debido proceso, libertad de expresión, peticionar a las autoridades, etc".

La UOM, emitió un comunicado que dice.  En consecuencia, las provincias no pueden legislar con distinto criterio instituciones fundamentales de carácter común".


"Irrita, asimismo, la manifestación en su articulado de que resultan operativos todos los principios y garantías consagrados en la Constitución de la Nación Argentina, en los tratados de derechos humanos que forman parte de la misma y sus ratificaciones, cuando en realidad en la redacción de su articulado y su espíritu, surge palmariamente la violación de los mismos, añadiendo la criminalización de la protesta y la pobreza", sostiene la CGT.

"Por lo expuesto, solicitamos a todos los legisladores el rechazo unánime al tratamiento parlamentario de este proyecto de código contravenciónal provincial, ya sea en forma general como particular y que se desestime el mismo".


Otro gremio que exteriorizo su mal estar que el gremio de la sanidad, ATSA. que evaluó que el nuevo código está hecho únicamente para que no protestemos.
Deslizó que se pretende aprobar ahora, tras el conflicto docente y antes de que se avance con la reforma del sistema jubilatorio, para desarticular posibles reacciones sociales.



Hoy intentarán ser recibidos por los legisladores, que se reúnen en comisión, “porque no podemos permitir que salga una ley que después termine en la justicia, pensando únicamente de qué manera frenar una protesta gremial”.


Le recomendó “a todos los sindicatos privados y públicos que pidan una copia de este código contravencional”, y aseguró que “si leen el código contravencional que quieren aprobar, verán que está hecho únicamente para que no protestemos”.


Indicó que plantea penas por “impedir u obstaculizar ingresos o salidas de personas o vehículos en lugares públicos. Si vamos por San Martín y obstruimos vehículos, tenemos 15 días de trabajo (comunitario)”.


El texto habla de penas cuando no se cuenta con autorización, pero Ledesma expuso que difícilmente una marcha la deba requerir: “Cuando uno moviliza, ¿a quién le va a pedir autorización para decir que vamos a ir por la San Martín? Podemos compartir o no que se movilice o no por la San Martín, pero no podemos hacer un código contravencional que atente contra los derechos de huelga o manifestación”.

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