El intendente de Río Grande Gustavo Melella dio a conocer ayer a la prensa el envío de una carta documento por la cual se intima al gobierno al pago de la coparticipación adeudada y que, de no tener respuesta, está decidido a avanzar con una denuncia penal.
La paciencia del intendente Melella con el gobierno fueguino llegó al punto límite. Ayer en rueda de prensa dio a conocer el envío de una carta documento, por la cual intima al pago de la coparticipación adeudada, y advierte sobre el inicio de acciones legales que, en este caso, implica una demanda penal por retención indebida.
Melella apunta a la Tesorera y al Ministro de Economía, pero no omite mencionar a Fabiana Ríos como responsable política de las acciones de sus funcionarios. De llegar a la justicia, será en todo caso el juez quien determine su responsabilidad penal o no.
“Se viene trabajando con el gobierno para tratar de reducir la deuda consolidada y reducir los días de atraso en el envío de los fondos. Hemos enviado una carta documento la semana pasada a Tesorería de la provincia, donde se le solicita que se depositen los fondos de la deuda vencida, de lo contrario se iniciarán las acciones correspondientes, que es la denuncia penal, en este caso a la Tesorera y seguramente al Ministro de Economía”, dijo el intendente.
Dio cuenta del “perfil muy bajo” que siempre ha mantenido, y que esta intimación “no es que cortamos el diálogo o nos hemos peleado con la gobernadora, pero son cuestiones administrativas que vamos pasando. Uno va agotando las vías administrativas y llega el momento donde hay que profundizar esas medidas. Lo que hemos hecho simplemente es eso, enviar una carta documento a la Tesorera, que es la responsable de enviar los fondos al Municipio”, subrayó.
Melella recordó que “nuestra ciudad ha dado muchos gestos de diálogo, de acompañamiento, de buscar una solución, pero no vamos a frenar el desarrollo de la ciudad bajo ningún motivo. Esperamos los tiempos prudentes”, remarcó, con la aclaración de que la carta documento se envió “la semana pasada y nadie se ha enterado”.
Los plazos de respuesta se habrían cumplido, y ahora con la publicidad de la situación resta conocer el paso siguiente, que es la presentación a la justicia. “Lo hacemos con el perfil que siempre nos caracterizó, pero siempre defendiendo con firmeza los fondos de la ciudad de Río Grande”, sostuvo.
“La ciudad necesita de esos fondos y de muchos más. Hoy estamos en emergencia habitacional, estamos avanzando en la obtención de tierras y después vamos a necesitar fondos para la urbanización; necesitamos fondos para infraestructura sanitaria y de servicios básicos, infraestructura deportiva, y lo necesitamos hoy”, enfatizó Melella, dado que el gobierno gestiona préstamos y fondos nacionales para devolver en parte con obra pública lo que retuvo indebidamente.
El intendente puso el acento en los gastos operativos que cobra el gobierno por el trámite de envío de coparticipación, y la violación al “compromiso de la gobernadora de bajarlos”, que se hizo público hace más de un año.
“Luego, por una interpretación, no se bajaron. Al contrario, aumentaron”, afirmó, ante lo cual desde el Municipio se ha confeccionado un modelo de convenio “para ver si queda claro”, dadas las interpretaciones sui generis que suelen hacer los funcionarios de la gestión provincial.
Consultado sobre el monto de la deuda que intiman pagar, no lo precisó, pero dijo que “forma parte de deuda más que vencida”.
“Hay que distinguir la deuda consolidada y la demora, que se interpreta como envíos de fondo de coparticipación. Ya estamos en 90 millones de pesos. La provincia en vez de achicar, aumenta, y nos preocupa muchísimo”, manifestó.
Recordó el fondo solidario del 25%, al cual “los municipios hemos accedido para mejorar la salud y educación de la provincia. Pero los gastos aumentaron, y no se resuelve la situación de pago. Nosotros acompañamos el diálogo, y no es que nos hayamos enojado, pero hay mucha preocupación. Queremos que se nos envíen los fondos que corresponden. Ya he dicho que si quieren buscar fondos afuera se puede hacer. Pero no es para todos los días. La situación es complicada y Río Grande necesita de estos fondos porque se necesitan obras”, reiteró.
Sobre los fondos para obras que gestiona el gobierno y la propia municipalidad, dijo que se sigue avanzando y confían en que la Nación los va a acompañar, pero lo que reclama al gobierno fueguino “son fondos de la ciudad y tienen que estar. Cuando hay decisión política se tiene que solucionar y no poner palos en la rueda”, pidió.
Sobre el cambio de interpretación de la forma de cobrar los gastos administrativos, dijo que fue de parte de un funcionario que no quiso identificar, pero puso en cabeza de la gobernadora la responsabilidad. “Cuando hay una decisión política de la gobernadora, la tienen que aceptar y, si hay algo que corregir, lo tienen que corregir. No pueden pasar un año y medio con una doble interpretación. O hay una sola persona capaz y el resto no, o falta decisión. No quiero meterme en la interna del gobierno provincial, pero si le doy una indicación a un secretario y tardamos un año y medio, hay un problema serio. Si hay alguien en el Ministerio de Economía que interpretó distinto, que lo arregle. No pueden estar un año y medio viendo si corresponde o no. Ahí es donde uno duda de la buena intencionalidad. Si hay buena intención, ese funcionario o sus superiores, lo tienen que resolver”, subrayó.
Insistió en que en diversas reuniones mantenidas, “la gobernadora me ha dicho permanentemente que la decisión política es bajar los gastos operativos. Y cuando decimos que la provincia nos debe 70 millones, 35 son de los envíos de coparticipación y 35 de gastos operativos. Pero el gobierno dice que no son 70 millones sino 35 millones la deuda, y ahí viene la discusión. Eso se tiene que solucionar. Por ahí no está el dinero, o los mantienen así porque les conviene bajar deuda. Eso ya no es el compromiso inicial declarado públicamente”, dijo con decepción.
“Hace más de un año que venimos dialogando con el gobierno provincial, sobre todo el secretario de gobierno Paulino Rossi y el secretario de finanzas Federico Runín. Ahora hemos hecho tres modelos de convenio con los gastos operativos, que hemos acercado al gobierno para que vea cuál resulta mejor. Estamos muy preocupados y gastamos todas las vías administrativas posibles. Estas cuestiones no se pueden frenar más”, sentenció.
Melella sobre el final de la entrevista fue consultado sobre el destino que tuvo el fondo constituido con coparticipación municipal, que se avinieron a aportar los intendentes luego del fallo de la ley 648. En ese momento había expuesto por los medios que ceder esos fondos no iba a afectar su administración, pero ahora su discurso fue otro. “Hoy son fondos provinciales y el destino lo da la provincia. El impacto no se ve –lamentó-, quizás se ve en la cuestión salarial, pero se tendría que ver en una mejora en la infraestructura de salud y de servicios. Hoy necesitaríamos que esos fondos vuelvan a las ciudades”, admitió, y particularmente habló de Río Grande porque “acá tenemos obras sanitarias, agua y cloacas, que Ushuaia no tiene; estamos en emergencia habitacional y necesitamos más recursos de los que hoy tenemos. Ese fondo solidario bien lo necesitaríamos hoy en la ciudad”, reiteró sobre un monto que ronda los 75 millones de pesos.
