El Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, exhortó al Presidente de la DPOSS y al Ministro de Obras Públicas “para que tomen todas las medidas que estén a su alcance para regularizar a la mayor brevedad el servicio de provisión de agua potable en la ciudad de Ushuaia, como así también para desarrollar la infraestructura cloacal necesaria por el riesgo socio ambiental que la deficiente red actual implica para la sociedad”. En un extenso análisis evalúa la falta de inversión del organismo y advierte sobre las consecuencias para la comunidad.

La Fiscalía de Estado inició una investigación administrativa tendiente a determinar la situación actual de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS).

De esta manera se refiere a la suspensión del servicio que sufriera gran parte de la ciudad durante el invierno pasado, debido a la reducción en el caudal de agua que ingresaba a las plantas y la limitada capacidad de potabilización de las actuales plantas. Numerosos barrios de Ushuaia estuvieron casi 40 días sin servicio de agua potable.


En ese marco, se dictó la emergencia hídrica para permitir agilizar los plazos de contratación de las obras básicas necesarias para mejorar la provisión del servicio, obras que demorarán al menos un año más en estar finalizadas.


Martínez de Sucre advierte que “la prestación de los servicios esenciales, siendo el propio Estado quien los presta y un elemento estratégico, no puede quedar librada a las condiciones coyunturales de la economía provincial o a los aportes obtenidos de la eventual rentabilidad del organismo, sino que debe existir una inversión constante en infraestructura y capacitación acordes que permitan mantener estándares adecuados de servicio”.


Para efectuar el análisis, se solicitó información al organismo y se evaluaron informes efectuados por la propia DPOSS -que datan del año 2007 en el comienzo de la gestión de Fabiana Ríos- en los cuales se advertía de la crítica situación económico financiera y la falta de inversión en infraestructura básica que permita garantizar el servicio.


Asimismo, se mencionan las obras claves solicitadas para mejorar el suministro de agua potable, que no fueron tramitadas ante organismos nacionales encargados de financiar obras de saneamiento.


De hecho, destaca un informe del año 2008 en el cual “se considera que en forma urgente se hace necesaria una ampliación en la capacidad de producción de la Planta Buena Esperanza acompañada con el correspondiente abastecimiento de agua cruda. Advirtiendo que las obras necesarias demandarán en su ejecución aproximadamente 2 años, en el período actual deben tomarse las medidas restrictivas de consumo y evitar ampliaciones del área de servicio”.


En este punto, el Fiscal observa que “con posterioridad a ello, se siguen reiterando los pedidos de financiación para ejecutar las obras y, se renueva el pedido de mejoras a la infraestructura para gestionar el servicio sin que se observe resultado concreto alguno”.


“La situación no varía en el año 2010”, señala ya que en un informe remitido por el Director de Coordinación Provincial a la gobernadora Fabiana Ríos, se apunta que “en reunión mantenida con el Presidente del ente, Sr. Hugo Ramón Abal, el mismo nos informa que luego de haber realizado innumerables gestiones ante el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Ministro de Economía y Ministro de Gobierno, no se ha dado solución sobre los fondos reclamados al ejecutivo, correspondiente a deuda por servicios sanitarios de todas las áreas dependientes del Ejecutivo Provincial y en mérito al fracaso de esas gestiones, tomó la decisión de renunciar a la presidencia de la DPOSS”.


Esta nota remitida a Ríos finaliza diciendo “solicito su intervención directa a efectos de lograr la remisión de los fondos correspondientes, a efectos de revertir la grave situación actual y a fin de poder cumplir con los objetivos institucionales, solucionando definitivamente los problemas de fondo. De no lograrse revertir esta grave situación en forma inmediata, lamentablemente veremos colapsado en el corto plazo un servicio esencial para la comunidad...”.


Ante esto, Martínez de Sucre evalúa que “una vez más, las autoridades superiores eran puestas en conocimiento de la gravedad de la situación, donde se da cuenta del deterioro infraestructural de la entidad, de la posibilidad de colapso y del importante lapso de tiempo que conllevaba poner en marcha las obras necesarias. Aun así, la reacción tardó en llegar”


Incluso, se realiza una comparación con la situación de la Dirección Provincial de Energía señalando que “la DPE ha recibido a su vez el impacto de la crisis económica como así también la mayor presión sobre sus servicios que implicó el crecimiento posterior. Sin embargo, los caminos recorridos por sus autoridades, aun cuando se reconozcan temas pendientes, no han permitido que la situación llegara al eventual colapso del servicio”.


Destacando que “de manera oportuna y acorde a las necesidades del servicio, se han ido dando soluciones a las situaciones planteadas y que la línea de base en el caso particular brinda la respuesta que requiere la ciudadanía con respecto a la prestación de este servicio”.


Ahora, evaluados fueron los informes remitidos por la DPOSS y el Ejecutivo Provincial, Martínez de Sucre comienza sus observaciones señalando el mecanismo de elección del Presidente del organismo, el cual obedece a “razones políticas, pues no se observan elementos que marquen la aptitud de la persona propuesta para el cargo – esto es conocimientos técnicos, profesionales y laborales que acrediten idoneidad suficiente para dirigir esta clase de estructuras -, como así tampoco la existencia de conocimientos y/o experiencias afines a la naturaleza de los organismos que se proponían dirigir”.


“Todo indica que para el futuro la designación de los presidentes de dichos entes debería se merituada con mayor exhaustividad, tanto al momento de efectuar la propuesta como al momento de su aceptación, perfilando para dichos cargos funcionarios que tengan acabados conocimientos sobre la problemática que implica la prestación de servicios esenciales a la comunidad”, apunta.


Asimismo, señala que a la falta de financiación de obras básicas “se le agrega la falta de personal, la desvalorización de la calificación en los puestos estratégicos, las condiciones laborales inadecuadas, las designaciones por compromiso, la falta de carrera administrativa, la precarización laboral y la inexistencia de incentivos, elementos que también fueron minando acompasadamente la gestión del servicio”.


“A este sombrío panorama hay que agregarle la ausencia de coordinación entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos con la cabeza de la DPOSS”, observa el funcionario marcando que “lejos se estuvo de trabajar coordinada y armónicamente para satisfacer las necesidades del servicio de agua, quedando en evidencia que, en algún punto, los órganos de la administración provincial no conjugaban sus acciones sino que mostraban recelo entre sí”.


“En un todo contrario a lo que debió ser, se ha tenido que llegar a la situación de coyuntura para adoptar las medidas del caso, gestionando al servicio público desde atrás de las circunstancias y no por delante de ellas como lo recomienda el más básico sentido común. Todo ello se conjuga en un claro detrimento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Ushuaia (y de la Provincia), que deben resignar de diversas maneras condiciones básicas de salubridad, higiene, confort, etc. por la falta de previsión del Estado”, cuestiona el Fiscal.


“Somos una sociedad joven, dotada con una cantidad de recursos que nos permiten ordenar la situación hídrica con condicionamientos menores a los que se dan en poblaciones más extensas; a nivel provincial y municipal se están poniendo en marcha políticas en este sentido (Plan de saneamiento costero de Ushuaia, Saneamiento de la Cuenca del Río Grande, por dar a conocer algunos de los más publicitados), pero poco de ello tendrá buen puerto si nuestros habitantes no tienen redes cloacales y/o carecen de agua potable en sus casas”.


Y advierte: “Si bien la mala administración puede suponer corrupción -entendiendo como tal, en sentido lato, la utilización de potestades públicas para intereses particulares- en otros casos reside en el mero funcionamiento irregular del servicio público causante de daños a la comunidad corporizada en el usuario”.


Como conclusión, el Fiscal de Estado señala que “debo exhortar al Sr. Presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, como así también al Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos para que tomen todas las medidas que estén a su alcance para corregir los desvíos señalados, regularizar a la mayor brevedad el servicio de provisión de agua potable en la ciudad de Ushuaia, como así también para desarrollar la infraestructura cloacal necesaria por el riesgo socio ambiental que la deficiente red actual implica para la sociedad”.


De hecho, menciona que “este organismo se vio afectado en igual medida que el resto de la población, pero pudo proseguir con sus funciones en virtud de la reserva de agua que posee y del cuidado extremo que se ha venido haciendo del recurso para no quedar privados de él; pero de proseguir el inconveniente y acentuarse aún más se podría ver seriamente perjudicado al igual que el resto de los sectores de la administración pública en general”.


“Fundamentalmente podría llegar a verse afectado el normal desarrollo del dictado de las clases en los establecimientos escolares, y si además la deficiencia en el servicio continuara en los hospitales y centros de salud, llegaría a transformarse en un potencial y grave problema a la salubridad pública”, apreció.