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lunes, mayo 30, 2011

Se aprobó la expropiación de tierras....

En una jornada inusual, pero que tuvo en cuenta los plazos en el conflicto que mantiene el sector textil, la Legislatura provincial convocó a sesión especial y aprobó el sábado la ley de emergencia.
Dentro del menú de temas a tratar se había incluido la expropiación de tierras en la Margen Sur, que se convirtió en ley.
La sesión fue presidida por Fabio Marinello (PSP) y sólo estuvo ausente la justicialista Ana Lía Collavino, con parte médico. Había sido solicitada por Damián Löffler (MPF), Elida Deheza, Osvaldo López, Manuel Raimbault, Verónica de María (EP), Luis Velázquez (MO) y Ricardo Wilder (UPS).
El temario fijo incluyó dos proyectos vinculados con la expropiación, que resultaron aprobados.
El primero de ellos ingresó como Asunto Nº 182/10, y se trata del proyecto de Ley declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación el inmueble identificado catastralmente como Macizos 49, 50, 51, 52, 53 y 151 de la sección K, departamento de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.
El proyecto había sido presentado por los Verónica De María (EP) y Luis del Valle Velázquez (MO) y esperaba aprobación en comisión.
En los fundamentos se hace referencia a un “acta compromiso firmada el 30 de noviembre del 2009” entre el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Río Grande y los ocupantes del sector, con el objetivo de resolver la situación de las ocupaciones ilegales.
Las parcelas expropiadas serán transferidas al Instituto Provincial de la Vivienda y subdivididas mediante mensuras de fraccionamiento. Luego será el IPV el responsable de regularizar el dominio y emitir los títulos a sus ocupantes.
Los terrenos sin ocupar pasan a integrar el banco de tierras e inmuebles del Estado provincial, y se prevé al menos el diez por ciento de los terrenos para afectación al “hábitat popular”, como espacios verdes.
El costo de la tierra usurpada es el establecido por el Tribunal de Tasación de la Nación y tendrán prioridad al momento de la adjudicación los actuales ocupantes.
Durante la sesión, la legisladora Verónica De María pidió que se agregue a la ley un artículo que impide “transferir, ceder o arrendar la tierra por un plazo de cinco años después de su cancelación” a los que resulten adjudicatarios.
Además solicitó que los recursos para el pago sean los provenientes del Fondo Nacional Solidario establecido por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 206/09.
Velázquez, autor del proyecto también, expresó su satisfacción por este reconocimiento a la necesidad de las personas asentadas en el sector, “quienes supieron esperar el momento para la sanción de dicha norma”

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